Condado de Los Ángeles aprueba contratar más abogados de migración

En su presupuesto del ciclo fiscal 2018-19, el condado de Los Ángeles aprobó la contratación de cuatro abogados más de migración para hacer un total de seis en su oficina de defensores públicos. Las organizaciones proinmigrantes no quedaron del todo conformes, pero la supervisora Hilda Solís dice que es el comienzo. El 1 de julio comenzarán a contratar a los nuevos defensores.

Las organizaciones proinmigrantes exigían un mínimo de 15 abogados de migración en la oficina de defensoría pública que cuenta con 700 abogados, y solo dos especializados en migración.

Al final, no lograron su objetivo, pero sí que en el plan de gastos por 31,400 millones de dólares les aprobarán la contratación de cuatro expertos en migración más un paralegal para defender a los angelinos que son residentes legales o inmigrantes.

Mariana Magaña, encargada de asuntos legislativos locales y del condado de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) afirma que es un buen paso aunque no suficiente.“Vamos a seguir impulsando para que se contraten más abogados”, dijo.

En mayo, el reporte  “Defend L.A.: Transforming Public Defense in the Era of Mass Deportation de la Fundación de la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal) sacó a la luz pública la grave carencia de abogados en migración en la oficina de Defensoría Pública más grande del país.

“Esta enorme deficiencia puede conducir a un desastre para los inmigrantes”, subraya el reporte.

El problema al no tener abogados familiarizados con las complejas leyes de migración, es que un defensor público puede – sin darse cuenta – colocar a su cliente en peligro de deportación.

“Aún las ofensas criminales relativamente menores pueden conducir a la deportación si no son manejadas con propiedad”, dice Andrés Kwon, abogado de ACLU SoCal y autor del estudio Defend L.A.

Explica que ofensas como el robo de pequeños artículos sin mucho valor en las tiendas u orinar en público pueden llevar a la expulsión del país, si los inmigrantes no cuentan con la asistencia legal de un abogado en migración.

En 2015, Norberto S. se declaró culpable de poseer metanfetaminas para su venta, lo que lo puso en vías de deportación. Pero cuando obtuvo el apoyo de un abogado de migración, éste logró que se declarara culpable de una ofensa más seria porque así evitaría la deportación.

El reporte de ACLU indicaba que otros condados con un equipo de defensores públicos más pequeños que Los Ángeles, disponen de más abogados de migración.

“Es una obligación del condado proveer una defensa efectiva, no es de ver si quieren”, dice Kwon.

En 2010, en el fallo de la Suprema Corte, Padilla v Kentucky, la corte determinó que los no ciudadanos tienen derecho a la Sexta Enmienda. Esto significa, acceso a consejo legal puntual sobre las consecuencias migratorias de las sentencias criminales. Este derecho también incluye  que busquen otras sentencias alternativas.

“Tal defensa legal informada no podía ser más crucial ahora que la administración Trump ha ampliado la dependencia del gobierno federal en los sistemas locales de justicia criminal para avanzar su agenda de deportación”, enfatiza Kwon.

La recomendación principal del estudio de ACLU SoCal era que se contrataran 15 expertos en migración en la Oficina del Defensor Público del condado de Los Ángeles.

Estimaban que el costo no debía ser por más de tres millones, un céntimo del 1% del presupuesto del condado.

“Es relativamente un precio pequeño a pagar por el condado para proveer representación constitucional obligatoria en la corte criminal a los no ciudadanos”, expresa Kwon, quien estima que los cuatro abogados que van a contratar no representan in gasto más allá de los $800,000 dólares al condado.

La Supervisora Solís explica que ella solicitó 15 abogados de inmigración para los próximos dos años, pero cuatro abogados es un comienzo.

“Estaremos solicitando más abogados con experiencia en inmigración para la oficina del Defensor Público a través del presupuesto suplementario porque se necesitan más recursos para ampliar la capacidad del condado para proteger a nuestros residentes de los ataques de la administración Trump a nuestras comunidades inmigrantes”, precisa.

También hace ver que debe haber un abogado de inmigración en su Oficina de Asuntos de Inmigrantes.

Kwon agradeció a la supervisora el liderazgo mostrado, pero se preguntó dónde están los otros supervisores. A Sebastian Ridley-Thomas y Sheila Khuel los invitó no solo a escribir cartas de apoyo sino a enfocarse en acciones concretas. “Los Ángeles es el condado del país con más inmigrantes”, remarca.

Y pidió a los angelinos que exijan a los supervisores tomar liderazgo en estos tiempos de peligro. “Los defensores públicos son la primera defensa contra la maquinaria deportadora de Trump”, enfatiza.

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