Condado de Carolina del Norte busca contrarrestar rechazo a niños inmigrantes

Una municipalidad en Carolina del Norte aprobó hoy unánimemente una resolución de apoyo a los niños centroamericanos que han cruzado la frontera con México sin acompañamiento adulto.

La Junta de Aldermen, que gobierna la ciudad de Carrboro, en el condado de Orange, al norte del estado, reiteró con la medida su posición de dar la bienvenida a los menores que huyen de la violencia de sus países de origen.

Con la aprobación de esta resolución, Carrboro se convierte en la primera ciudad de Carolina del Norte que apoya la presencia de más de 1.695 menores que han llegado al estado sureño desde El Salvador, Honduras y Guatemala, según cifras de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

Las organizaciones Southern Coalition for Social Justice y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Carolina del Norte trabajaron en el desarrollo de la resolución.

“Esta resolución es un paso en la dirección correcta para cambiar la conversación sobre inmigración y promover una comunidad que acoge a los niños inmigrantes y sus familias que a menudo escapan de la violencia y la pobreza en sus países de origen”, declaró hoy a Efe George Eppsteiner, abogado del Southern Coalition for Social Justice.

Los siete concejales instruyeron a la vez al gerente de la ciudad a colaborar con el Gobierno y con las organizaciones comunitarias para identificar los recursos adicionales que los inmigrantes pueden utilizar durante su estadía en la ciudad.

La junta reiteró además el derecho de los niños a recibir una educación igualitaria, incluyendo el inscribirse en las escuelas públicas de primaria y secundaria en el condado que residen, sin tener en cuenta su estatus migratorio.

El mes pasado, la Junta de Comisionados del condado de Lee, al oeste del estado, aprobó una resolución por la que no se destinarán fondos para la reubicación de los inmigrantes “al menos que el Gobierno federal cubra con los gastos de servicios sociales y de salud”.

Asimismo, solicitó al Sistema Escolar contabilizar el número de estudiantes indocumentados y migrantes no acompañados que han llegado al condado y la formación de un comité para estudiar el impacto de su presencia en el área.

En una declaración enviada a Efe, el superintendente Andy Bryan informó de que se reunirá con el abogado del condado y del Sistema Escolar para analizar la solicitud de los comisionados.

Lee se suma a los condados Rowan, Brunswick y Surry, que han aprobado medidas similares los dos últimos meses y que además solicitan directamente a Washington no reubicar a estos inmigrantes en sus municipios.

Un total de 68.541 menores, en su mayoría centroamericanos, fueron detenidos cuando intentaban entrar en EE.UU. entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de septiembre de este año, frente a los 38.759 del anterior año fiscal, según el informe de cierre del ejercicio de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).

La mayoría de los menores de edad en Carolina del Norte se encuentran con sus familiares o patrocinadores en los condados de Mecklenburg (488), Wake (170) y Durham (157) mientras esperan sus audiencias de sus casos de asilo en las cortes de inmigración.

“Estas medidas envían un claro, pero equivocado mensaje, de que los menores no son bienvenidos en estos condados. Esto es preocupante, y sobre todo, va contra las leyes federales y estatales”, explicó a Efe George Eppsteiner, abogado del Southern Coalition for Social Justice con sede en Durham, al norte del estado.

Eppsteiner se refiere al intento de los condados de “desmotivar” a los migrantes centroamericanos a inscribirse en las escuelas.

“Por ley federal, el estatus migratorio no puede ser un impedimento para que los inmigrantes reciban educación básica. Además, la Constitución de Carolina del Norte resguarda el derecho de los niños a recibir instrucción en las escuelas”, acotó el abogado.

La presencia de estos niños ha sido usado políticamente en Carolina del Norte, e inclusive el gobernador Pat McCrory ha manifestado preocupación por el “bienestar” de los menores y la carga económica que genera su presencia en el estado.

Para Matt Ellinwood, analista político y de educación del NC Justice Center, existe una “falta de información” sobre los procedimientos que los sistemas escolares del estado deben seguir a la hora de recibir a los inmigrantes.

“El Departamento de Instrucción Pública (DPI) no ha sido claro sobre cómo implementar las leyes federales, y la falta de información conlleva a aprobar medidas que a la final no puede cumplirse. Todo esto sucede en una época de ajustes de presupuestos”, apuntó Ellinwood.

Varios grupos de defensa de los derechos civiles presentaron ante el Departamento de Justicia (DOJ) una demanda en septiembre pasado contra el DPI en nombre de menores inmigrantes que llegaron al país sin acompañamiento de un adulto a los que le fue negada la inscripción en las escuelas.

El Gobierno federal estableció a principio de año las directrices federales de no negar, retrasar o desalentar la matrícula escolar de los estudiantes por su estatus migratorio o el de sus padres, incluyendo a estos niños.

“Hay confusión en los condados de lo que dice la ley federal y lo que le establece el Gobierno estatal. Por eso, solicitamos al DOJ actuar para resguardar el derecho de todos los niños de Carolina del Norte a tener una educación”, dijo Ellinwood.

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