Con cambios mínimos anunciados a última hora, nueva regla de carga pública entra en vigor el 15 de octubre

La nueva regla de carga pública que el gobierno de Donald Trump anunció en octubre del 2018 y cuya versión final se dio a conocer el pasado mes de agosto en el Registro Federal, entrará en vigor el próximo 15 de octubre con pequeños cambios de última hora hechos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el miércoles.

“Están corrigiendo básicamente errores tipográficos de la versión de agosto”, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Esta última versión elimina, por ejemplo, referencias erróneas de data que serían utilizadas para el análisis económico durante la aplicación de la nueva regla porque estaban viejas, desactualizadas”, agrega.

Guerrero dice además que “también aclaran el uso del término de exclusión en vez de excepción, cuando se refiera al recibo de beneficios públicos que no serán considerados bajo la nueva regla”.

“Están previendo utilizar el lenguaje adecuado respecto a cómo los agentes de inmigración van a interpretar cada palabra”, añade. “Por eso las clarificaciones. Pero no cabe la menor duda que la nueva regla de carga pública afectará a mucha gente si las cortes no la detienen”.

El cambio también señala que los familiares inmediatos de personal de las Fuerzas Armadas (cónyuges e hijos menores de edad), y personal activo, estarán excluidos de la nueva regla.

“En la regla final (publicada en agosto) había errores técnicos y tipográficos que fueron identificados y corregidos”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la nueva publicación.

La nueva regla de carga pública afectará a todos los inmigrantes legales que a partir del 15 de octubre utilicen ayudas públicas. Incluso correrán el riesgo de enfrentar juicios de deportación cuando tramiten un cambio de estatus, por ejemplo convertirse en residentes legales permanentes ( green card o tarjeta verde), o solicitar la extensión del tiempo de estadía después de ingresar con una visa al país.

“Es importante tener en cuenta que la medida aplicará a todos aquellos que pidan un beneficio migratorio después del 15 de octubre”, apuntó Guerrero. “Los expedientes que fueron sometidos antes de esa fecha, no deben ser afectados”, agregó. Si la fecha de envío es posterior al 15 de octubre, el trámite será visto bajo la nueva regla, advirtió.

El DHS reiteró que la nueva regla permitirá determinar si un extranjero es inadmisible en Estados Unidos bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), sea porque él o ella “en cualquier momento pueda convertirse en carga pública”.

La nueva regla de carga pública se trata de una de las medidas más restrictivas que intenta poner en vigencia el gobierno de Estados Unidos para controlar también la inmigración legal.

La nueva disposición no solo castigará con la negación de un beneficio migratorio, sino que el extranjero puede recibir como respuesta una Notificación de Comparecencia (NTA) ante una corte de inmigración en un juicio de deportación.

“Cualquier persona que le nieguen su proceso migratorio y tenga o no estatus legal, está sujeto a enfrentar un juicio de deportación”, dijo Guerrero “Si ese es el caso, el inmigrante no podrá apelar bajo el amparo de la Ley de Inmigración” (8 CFR 245.2(a)(5)(ii)), agregó.

Guerrero dijo además que “la Oficina Administrativa de Apelaciones (BIA) no tiene jurisdicción para revisar estos casos”.

A la pregunta respecto a qué opciones tiene la persona si le niegan su proceso migratorio basado en la nueva norma de carga pública, Guerrero dijo que “el inmigrante puede hacer una moción de reconsideración argumentando que la decisión es incorrecta basada en la ley”.

También puede presentar “una moción de reapertura sometiendo nueva evidencia de que la persona sí califica para el beneficio migratorio solicitado, ya sea un cambio de estatus y una ampliación del plazo de una visa”, apuntó.

La nueva regla de carga pública propuesta por el DHS y que entrará en vigor el 15 octubre, establece que los agentes federales de inmigración tomarán decisiones sobre la base de los méritos de cada caso en particular, y a cada requisito asignarán una puntuación que solo concederá dos opciones: negativo o positivo.

Es decir, si por ejemplo un ciudadano pide la residencia legal permanente de un padre, el gobierno analizará toda una gama de factores, entre ellos: edad, estudios, profesión, estado de salud, si tiene o no seguro médico, situación financiera del hijo ciudadano que lo pide, evaluación de familiares inmediatos, establecerá si existe una amenaza de que en el futuro cercano se convierta en carga pública temporal o permanente, ingresos, enfermedades y/o estado físico, entre otros factores.

La suma de los valores positivos y negativos será lo que determinará si el agente autorizará el beneficio migratorio solicitado o lo rechazará por no apegarse al reglamento, indica el DHS.

Bajo el actual reglamento, el gobierno prohíbe beneficios a los inmigrantes que han solicitado ayudas públicas si la USCIS determina que, probablemente, dependerían de la asistencia pública en efectivo o que necesitarían atención médica a largo plazo a cargo del gobierno.