Ciudades santuario piden a juez federal vete orden ejecutiva de Trump

Una coalición de 34 ciudades y condados “santuario” del país pidió a un juez federal en el norte de California que imponga un veto a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que amenaza con recortar fondos federales si continúan refugiando indocumentados, una advertencia que el grupo compara con tener “una pistola en la cabeza”.

Para esta organización, la cual integran los gobiernos de Los Ángeles, Santa Ana, Chicago, Denver, Seattle, Portland, Santa Fe y varios otros, la iniciativa de Trump es “inconstitucional” y pone en riesgo servicios básicos en sus comunidades, como programas que brindan atención médica, ayuda en caso de desastres, seguridad en instalaciones sensibles y alimentación a personas de bajos recursos.

A través de un escrito que se agrega a la demanda del condado de Santa Clara, en el norte de California, contra el presidente republicano, dicha coalición instó al tribunal a “quitar esta inconstitucional ‘pistola en la cabeza’” y proteger los recursos que reciben los más necesitados en sus jurisdicciones.

“El presidente Trump no tiene la capacidad de retener la financiación autorizada por el Congreso a las jurisdicciones que no gobiernan de acuerdo a sus instrucciones o que no se ajusten a estándares indefinidos”, expresa el escrito, agregando que la orden del mandatario es vaga, no garantiza el debido proceso y pretender quitar indebidamente el poder de las agencias locales.

Estas entidades advirtieron que si el gobierno de Trump les deja de enviar fondos se terminaría afectando a las ciudades vecinas. “Un recorte en la financiación de una jurisdicción se traduce en una mayor carga sobre los servicios prestados por las jurisdicciones cercanas”, agregó la coalición.

A decir del procurador de California, Xavier Becerra, el “secuestro” de recursos estatales y locales supone un riesgo para la seguridad pública. “California tiene un derecho soberano y la responsabilidad de proteger la seguridad y los derechos constitucionales de sus residentes, y eso es lo que vamos a seguir haciendo”, expresó el fiscal en un escrito que envió para respaldar la demanda contra Trump.

El principal argumento de quienes defienden a los indocumentados es que si sus policías colaboran en los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), esa comunidad dejaría de reportar crímenes, un problema que ya estaría ocurriendo en Los Ángeles, donde se ha observado un descenso en los reportes de asaltos sexuales (25% menos) y violencia doméstica (10%) en los vecindarios hispanos durante las primeras semanas del año.

El estudio denominado “Comunidades Inseguras”, que en 2013 realizó la Universidad de Illinois en Chicago (UIC), encontró que la mayoría de los indocumentados no estarían dispuestos a denunciar que fueron víctimas de algún crimen si supieran que la policía local tiene una relación cercana con ICE.

Esto resultó de un sondeo que se realizó con cientos de hispanos con y sin estatus migratorio en cuatro condados del país: Los Ángeles (California), Maricopa (Arizona), Cook (Chicago) y Harris (Houston).

“El 70% de los indocumentados reportó que era menos probable que contactaran a las autoridades si ellos eran víctimas de un crimen”, concluyó el análisis.

En Los Ángeles hay posturas encontradas respecto a la colaboración con ICE. Por un lado, la policía localafirma que no se sumará a su tarea de expulsar indocumentados y, por el otro, el jefe del Sheriff de ese condado, Jim McDonnell, señala que es necesario que algunos reos sean transferidos a dicha dependencia federal para prevenir que esta realice redadas en vecindarios y lugares públicos.

ICE, por su parte, justifica los operativos en tribunales de distintos lugares del país precisamente porque las políticas “santuario” impiden que las policías locales les transfieran los criminales indocumentados.

Otros municipios que firmaron en el escrito contra la medida de Trump son Oakland, Santa Mónica, Salinas, Sacramento, Albany, Austin, Sacramento, Sonoma, Santa Cruz, Alameda y Salt Lake City.

La ciudad de San Francisco también ha demandado al gobierno federal para bloquear la orden.

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