Ciudadana de EEUU pone acusación tras ser arrestada por ICE

Guadalupe Robles Plascencia acudió al Departamento de Policía de Ontario con la intención de recobrar sus pertenencias tras un accidente automovilístico en marzo pasado, nunca se imaginó que terminaría bajo custodia de las autoridades migratorias.

Hoy esta mujer, de 59 años de edad, acaba de presentar una acusación formal contra de las autoridades locales por supuesta violación a sus derechos constitucionales tras ser detenida y puesta a disposición de migración a pesar de ser ciudadana estadounidense.

El reclamo formal firmado por Plascencia —con apoyo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)— alega que el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino la detuvo injustamente el pasado 29 de marzo durante varias horas bajo sospecha de haber violado la ley hace 10 años.

Plascencia argumenta que tras pasar la noche en el Centro de Detención West Valley, en Rancho Cucamonga, bajo cargos de no presentarse a declarar en corte hace una década, se le dijo que sería puesta en libertad con la condición de que firmara unos papeles migratorios.

“Yo, para que todo terminara y me pudiera ir a casa, los firmé sin saber que estaba firmando ser transferida a inmigración. Ahí me interrogaron por horas y hasta se burlaron de mí cuando les dije que yo era estadounidense”.

“El agente de apellido Romo me hizo sentir como que mis papeles eran falsos, me humilló”, comentó a La Opinión Plascencia, quien es oriunda de Guadalajara, en Jalisco, México.

“Me sentí indignada, sentí que estaban pisando mis derechos. No puedo entender cómo esto sigue ocurriendo aún en el siglo 21”.

Plascencia fue puesta en libertad luego que una de sus hijas entregara su pasaporte a los agentes de migración.

“Aun así buscaban y buscaban como una excusa para no dejarme ir. Hasta cuestionaron mi salida a México en mayo del año pasado. Quiero que todos sepan de lo que son capaces las autoridades. Si me pasó a mí seguramente le ha pasado a otro. Ya basta de tanta injusticia”, agregó esta mujer, que se naturalizó estadounidense durante la amnistía migratoria que ofreció el expresidente Ronald Regan en 1986.

En la acusación Plascencia exige una suma de casi 200,000 dólares por daños y perjuicios.

Según ACLU, Plascencia sufrió: pérdida de su libertad, violación a sus derechos constitucionales, angustia emocional extrema, sufrimiento, trauma, preocupación, ansiedad, humillación y vergüenza.

Además, Plascencia presentó reacciones físicas tales como dolores de cabeza, nausea, perdida de sueño y ataques de pánico.

“Plascencia también sufrió la pérdida de ingresos económicos debido a la injusta detención y durante el tiempo de recuperación”, indica la acusación.

Rubén Pérez, portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino (SBSD), dijo a La Opinión que Plascencia no fue enviada a inmigración por la entidad en la que trabaja si no por agentes del Servicio de inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Nosotros no transferimos a los presos a la custodia de ICE. Si ICE solicita la fecha de liberación de un recluso, compartiremos esa información pero es responsabilidad exclusiva de ICE tomar la custodia de la persona después de que sea liberada [del Departamento del Sheriff]”, dijo Pérez.

“En el caso de la señora Plascencia, ICE nos envió una petición solicitando al Departamento del Sheriff detenerla hasta 48 horas después de su liberación. Este Departamento no honra estas peticiones a menos que sean firmadas por jueces federales o haya una orden de arresto válida”.

Pérez agregó que en el caso de Plascencia puede existir un error en los formularios que firmó.

“La señora Plascencia firmó dos formularios que le notificaron: que ICE solicitó su fecha de liberación y que ICE emitió una petición para detenerla. El SBSD no hace cumplir las leyes de inmigración y tampoco notificamos a ICE del estatus legal de un recluso”, aseveró Pérez.

El portavoz explicó que toda persona arrestada pasa por el mismo proceso durante el cual se le indica de los cargos, son evaluados médicamente, se les toma sus huellas digitales y son fotografiados.

Las huellas son enviadas al Departamento de Justicia y a todas las agencias federales, agregó el representante de la entidad.

Cabe señalar que desde el 5 de mayo de 2014 las autoridades del condado de San Bernardino dejaron de participar en el programa 287 (g), lo que significa que ya no notifican a inmigración del status del individuo que se encuentra bajo arresto.

Sin embargo, las autoridades proveen información a una agencia federal siempre y cuando sea requerida, dijo Pérez.

Mientras tanto, en un comunicado enviado a La Opinión por la portavoz de ICE, Virginia Kice, señala que la Ley de Privacidad impide que ICE divulgue información especifica relacionada con individuos que sean ciudadanos estadounidenses.

“Dicho esto, ICE nunca tomaría acciones coercitivas contra un individuo a sabiendas que es estadounidense. Si tal información sale a la luz, la agencia tomará medidas inmediatas para tratar el asunto”, señaló la entidad.

“Como cuestión de derecho, ICE no puede hacer valer su autoridades civil de inmigración para arrestar o detener a un ciudadano estadounidense. ICE revisa y mejora continuamente sus políticas y procedimiento para asegurar que todas las medidas apropiadas estén en su lugar para evitar tales incidentes”.

Por su parte, Plascencia culpó a la actual administración de Donald Trump por las crudas políticas migratorias y el clima de odio en contra de los inmigrantes.

“Tengo miedo de represalias porque sé con quién me estoy enfrentando pero no me callaré. Nadie debe callarse, al contrario todos debemos levantar la voz”, concluyó.

En los que extranjeros alegaron ser ciudadanos estadounidenses se revisaron durante el año fiscal pasado. De ellos, 169 fueron determinados como válidos, según información de ICE.

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