Cientos de empresas le piden al Congreso que apruebe la reforma migratoria

Cientos de empresas se sumaron a la campaña de presión sobre la Cámara de Representantes para que debata y apruebe una reforma migratoria.

En una carta dirigida al presidente del Congreso, John Boehner (republicano de Iowa) y a la representante Nancy Pelosi (California), líder de la minoría demócrata, unas 400 empresas e industrias instaron a los legisladores a que promulguen una legislación que, dijeron, “traiga reformas significativas”.

Lea aquí la carta.

Empresarios, agricultores, cámaras de comercio e industriales señalaron que la actual ley migratoria es “obsoleta” y dificulta el crecimiento económico del país.

La reforma migratoria, subrayaron, “ayudará a permitir un crecimiento sostenido en las próximas décadas” e indicaron que una nueva legislación “servirá para proteger y complementar nuestra fuerza laboral”, y que esto “genera una mayor productividad”.

Ayudará a crean empleos

La nueva actividad económica que se genere con la reforma migratoria llevará a “innovaciones”, a la fabricación de nuevos productos y a la creación de empresas y puestos de trabajo en todas las comunidades del país, se lee en la carta.

También indicaron que el sistema migratorio vigente, que ya cumple tres décadas, es “totalmente incapaz de responder a una economía nacional en constante cambio y a un mercado global hípercompetitivo”.

Detallaron que los problemas que se registran con un sistema migratorio obsoleto “crecieron y se multiplicaron” convirtiéndose en una “amenaza emergente a la productividad, el ingenio y la competitividad de los sectores clave de nuestra economía”, y citan entre ellos las áreas agrícola, vivienda, industria, comercio, hostelería, turismo, ingeniería y tecnología.

En otra parte de la carta, el grupo advirtió que la falta de acción del Congreso “no es una opción” y no es bueno para el país ver cómo se deteriora toda una generación de inmigrantes. Y que para evitar que los problemas aumenten, el Congreso debe tener en claro los “beneficios” que la reforma migratoria traerá a la economía.

Los firmantes

Entre los firmantes de la carta figuran una amplia gama de empresas, entre ellos AT&T, IBM, el Instituto de la Carne de Estados Unidos, miembros del sector de alta tecnología, universidades, cámaras de comercio, agricultores, apicultores, ganaderos e industriales.

El documento fue enviado en momentos que la Cámara de Representantes define si debate una reforma migratoria integral o fraccionada, como exige el ala ultraconservadora del Partido Republicano que controla esa cámara del legislativo.

Boehner anunció que no llevará al pleno ninguna propuesta que no tenga el respaldo de “la mayoría de la mayoría”, es decir el apoyo de 118 de los 234 republicanos.

A medio camino

A finales de junio el Senado aprobó un plan de reforma migratoria que incluye una vía de legalización para indocumentados que están en el país desde antes del 31 de diciembre de 2011 y carecen de antecedentes criminales. Entre 60 y 70 republicanos respaldan una iniciativa similar en la Cámara de Representantes.

Algunos republicanos, entre ellos Bob Goodlatte (presidente del Comité Judicial) y Steve King (quien recientemente dijo que la mayoría de los jóvenes indocumentados que cruzan la frontera son narcotraficantes) presionan para que la Cámara debata la reforma migratoria por pedazos y no de la manera en que lo hizo el Senado.

Mientras, el Grupo de los Siete -integrado por cuatro demócratas y tres republicanos- sigue redactando en secreto un plan que incluiría una vía de legalización para indocumentados que se declaren culpables de haber violado las leyes de Estados Unidos y entren en un estado de “libertad condicional”.

Luego de cinco años de probatoria podrán gestionar la residencia permanente y esperar cinco años para que les llegue la green card o tarjeta verde. Cinco años más tarde podrán iniciar el trámite de la ciudadanía.

Diferencia clave

La vía de legalización contemplada en el plan del Senado ofrece a los indocumentados que califiquen entrar en un estado de inmigrante temporal por 10 años luego del pago de una multa pero no los obliga a declararse culpables de haber violado leyes estadounidenses por haber permanecido sin papeles.

Tras una década de espera, podrán pedir la residencia y tres años más tarde gestionar la ciudadanía.

La estadía indocumentada en Estados Unidos es una falta de carácter civil no criminal. El plan del Grupo de los Siete exigiría a los indocumentados que declaren haber violado las leyes estadounidenses como requisito para entrar en un camino de legalización.

Ir a la nota fuente