Centroamérica y los riesgos geopolíticos

 Ciudad de México – En términos geopolíticos, la amenaza internacional más grave que enfrenta México es la delincuencia transfronteriza que se origina en el Triángulo Norte de América Central, compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador.

La importancia creciente del crimen organizado transnacional, operando en México y en Centroamérica, incrementa la violencia y la inseguridad en toda la región, generando riesgos extremos al ciudadano, a las instituciones de seguridad pública y al Estado mismo.

El Triángulo del Norte constituye una de las regiones más peligrosas en el planeta, excluyendo zonas con un conflicto bélico declarado. El área confronta retos sin precedentes, con la presencia activa de pandillas callejeras, organizaciones criminales sofisticadas y una corrupción endémica en los órganos de seguridad del Estado, incluyendo a aquellos responsables de la impartición de justicia.

Una consecuencia de esos vacíos de autoridad es que Honduras, Guatemala y El Salvador tienen uno de los índices más elevados de homicidios en el mundo.

Con el creciente volumen de drogas ilícitas en tránsito por los corredores de México y América Central, el crimen organizado transnacional cada vez cuenta con más recursos financieros, controla mayores espacios territoriales, recluta más sicarios, almacena un arsenal impresionante de armas y municiones, y ejerce una preocupante influencia sobre varias de las instituciones gubernamentales de la región.

En el tema del narcotráfico, el asunto más delicado es el comercio de heroína y cocaína, el empoderamiento de los grupos dedicados a ese comercio y la violencia que acompaña al conflicto por controlar territorio y dominar rutas que facilitan ese comercio. 

 

Gobiernos débiles

Sin embargo, aunque el tráfico de drogas ha generado mayor violencia, la razón principal de la inestabilidad en el área está imbricada en la debilidad gubernamental y en el poder de actores no estatales.

Existe una relación directa entre la violencia criminal y el vacío que se genera con la ausencia de la autoridad del Estado. Al producirse ese vacío, emergen poderes alternativos que cubren los huecos abandonados por las instituciones gubernamentales. Esos son los huecos que llena el poder del crimen organizado, disputándole al Estado el monopolio de la violencia y el control del territorio.

El problema fundamental en las zonas fronterizas no guarda relación con la inseguridad de las fronteras. Guarda relación con la falta de seguridad ciudadana y un Estado de Derecho. Fortalecer el control estatal sobre las fronteras vale la pena, pero será insuficiente para contener el flujo de un tráfico ilícito de bienes y personas en múltiples cruces fronterizos sin presencia de la autoridad y sin la aplicación del principio de legalidad. (UNODC, Transnational Organized Crime in Central America and the Caribean: A Threat Assessment. http://bit.ly/1UQA20C).

Conviene advertir que, conforme al estudio de la ONU, en Estados Unidos la demanda y el consumo de cocaína han disminuido en forma significativa en fechas recientes, como resultado de una reducción en la oferta. 

A pesar de ello, tan sólo en 2010, 330 toneladas de cocaína cruzaron la frontera de Guatemala con México, para su futura exportación al mercado estadounidense. Este volumen de cocaína alcanza en Guatemala un valor superior a los 4 mil millones de dólares, anota la ONU.

 

La mayor amenaza

En el comercio de estupefacientes ilícitos, el peligro más grave e importante es la heroína exportada por el narcotráfico mexicano a Estados Unidos. Hace apenas unos meses, un estudio de la DEA puso de manifiesto que “las organizaciones mexicanas del crimen transnacional constituyen la mayor amenaza para Estados Unidos en materia de drogas ilegales. 

No hay quien compita con ellas. Ese tráfico incluye heroína, metanfetaminas, cocaína y mariguana, que se comercian por todo el territorio estadounidense. Controlan el narcotráfico a través de la frontera Sud-Occidental y están expandiendo su participación en el mercado, especialmente en el mercado de la heroína y las metanfetaminas. 

Son las organizaciones mexicanas las más prominentes traficantes de heroína al mayoreo en las zonas de Chicago, Nueva Jersey, Filadelfia y Washington, con una gran expansión de su presencia en el área de Nueva York”. (US: Areas of Influence of Major Mexican Transnational Criminal Organizations.- DEA Intelligence Report, Julio 2015).

A partir de 2006, como consecuencia de una nueva estrategia del combate al narcotráfico en México, el crimen organizado decidió trasladar un volumen importante de sus operaciones al Triángulo del Norte, en donde el Cartel del Pacífico (compuesto por la Federación de Sinaloa y el Cartel del Golfo) y los Zetas han instalado sucursales regionales o se han asociado con grupos criminales de la localidad. 

Un estudio reciente de la ONU indica que Guatemala se ha convertido en el centro neurálgico del tráfico de cocaína hacia el Norte, concentrando ahí el 90 por ciento del almacenamiento de cocaína, en espera de su traslado ilegal por los territorios mexicanos en ruta hacia Estados Unidos.

Así, las toneladas de cocaína almacenadas en territorio guatemalteco no habrán de permanecer por mucho tiempo en las bodegas. Habrán de ser transportadas por tierra, mar y aire, siguiendo las rutas bajo el control de los Zetas o del Cartel del Pacífico.

 

Municipios sin ley

En los últimos cinco años, Centroamérica se convierte así en el primer punto de destino de los envíos de la cocaína a la región, produciéndose un mayor número de incautaciones en esa área, con la correspondiente disminución de las incautaciones en México.

Conforme al estudio de las Naciones Unidas ya citado, en 2012 el Ministerio de Gobernación de Guatemala declaró a 58 Municipios como “ingobernables” o sin presencia policial. Prácticamente la totalidad de esas municipalidades se encuentra ubicada en la línea fronteriza entre México y Guatemala, en zonas bajo el control territorial y el poder de los Zetas o del Cartel del Pacífico.

No debe sorprender que esos municipios fronterizos de Guatemala muestren una prosperidad considerable, al producirse una importante derrama económica derivada de las ganancias producto del comercio de la cocaína.

La delincuencia organizada expande su radio de acción a otros campos ilícitos, como lo son la extorsión, el secuestro, el contrabando y la piratería. A ello se agrega el tráfico de armas, el tráfico de migrantes y el tráfico de mujeres y niñas. En este último caso, esa explotación criminal se realiza principalmente en la zona de Chiapas y Guatemala.

Los datos disponibles indican que la mitad del armamento de uso exclusivo del ejército incautado en México tiene su raíz en Centroamérica, en donde existe un abundante y redituable mercado de armas, como legado de los conflictos bélicos que padeció la región durante largos años.

Muchas de las granadas de mano utilizadas por las organizaciones del narcotráfico en México provienen del arsenal militar guatemalteco. Armas pesadas incautadas en México tuvieron su origen en ventas estadounidenses al ejército hondureño. 

Volúmenes importantes de armas, municiones y granadas han sido recuperados en Chiapas, al borde de la línea fronteriza con Guatemala. Existe evidencia suficiente para identificar a los traficantes de todo este armamento: funcionarios corruptos y grupos del crimen organizado con control territorial en el área.

 

Tráfico de armas

No es ocioso recordar, sin embargo, que, de acuerdo con fuentes oficiales estadounidenses, se estima que el 87 por ciento de las armas incautadas en México tienen su fuente en Estados Unidos (Shifter, Countering Criminal Violence en Central America).

La migración de centroamericanos hacia el norte se ha disparado en años recientes, lo cual tiene consecuencias graves y directas para México. La frontera sur de México es ya una extensión de la crisis de seguridad que produce el Triángulo del Norte, constituyéndose en un riesgo geopolítico para México. (Villalobos, El infierno al sur de México. Nexos, septiembre 2014).

La amenaza para la seguridad nacional y la seguridad pública de México es que el flujo migratorio originado en el Triángulo del Norte representa ya un serio problema doméstico, de amplias dimensiones políticas y humanitarias.

El riesgo que enfrenta México es que la presencia de la delincuencia trasnacional, traficando y victimizando a personas a través de las fronteras, y operando impunemente en el territorio nacional, agudiza la conversión del Triángulo del Norte en un santuario criminal, produciéndose una simbiosis que hermana a la delincuencia organizada de México y Centroamérica.

 

Deportaciones masivas

Un fenómeno no suficientemente explorado tiene que ver con la deportación de mexicanos y nacionales de los tres países del Triángulo del Norte, condenados por la comisión de delitos, y expulsados a su lugar de origen por las autoridades estadounidenses.

Para anotar datos recientes, entre 2011 y 2013 se deportaron a México 442 mil personas con antecedentes penales. A los tres países del Triángulo del Norte les correspondió un total de 107 mil nacionales expulsados, lo cual significa en conjunto 549 mil individuos deportados a su país de origen bajo el rubro de criminales (US Department of Homeland Security: Office of Inmigration Statistics, 2015).

Como consecuencia de esas deportaciones, las dos pandillas más importantes radicadas en Los Ángeles -Mara Salvatrucha y Barrio 18- se han convertido en las dos pandillas transnacionales más importantes en el Triángulo del Norte, con un contingente criminal de aproximadamente 100 mil miembros. (Steven Dudley, Transnational Crime in Mexico and Central America, Woodrow Wilson Center, 2012).

Un problema grave para los cuatro países destinatarios de las deportaciones es la falta total de información por parte de las autoridades estadounidenses en torno a los antecedentes penales de cada uno de los deportados. Tampoco se suministran datos que identifiquen al deportado como pandillero o como miembro del crimen organizado transnacional. El FBI sólo proporciona información sobre antecedentes penales del deportado con base en una solicitud expresa de la autoridad correspondiente.

 

Colaboración en el combate

En un plazo inmediato, no hay solución mágica que resuelva en su integridad el problema del crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas en el área. 

A mediano y largo plazo, ayudará a reducir, o quizás a eliminar el fenómeno de la delincuencia transfronteriza, la implantación de un Estado de derecho eficaz y confiable en la región, con instituciones gubernamentales y ciudadanos que respeten el principio de legalidad y con autoridades que cubran, en forma legítima y democrática, los vacíos de poder abandonados por el narcotráfico, sin corruptelas ni impunidad.

Una efectiva colaboración entre los servicios de inteligencia y seguridad de los Estados de la región será factor indispensable para proteger al individuo de los maleficios que produce el tráfico ilícito de drogas. 

Un mecanismo necesario será instalar un sistema transnacional, con la participación de ministerios de hacienda y bancos centrales, que detecte y confisque, con oportunidad, los recursos financieros del narcotráfico, e implante instrumentos eficaces para el control del lavado de dinero.

Ir a la nota fuente