Cambió el escenario de la reforma migratoria tras el receso de verano

 

Cuando el Congreso comenzó las vacaciones de verano, el 5 de agosto, muchos pensaron que al finalizar el descanso la reforma migratoria volvería al primer lugar de la agenda. Pero el escenario cambió y también las prioridades del legislativo y del gobierno.

Siria, el problema del endeudamiento y el presupuesto aparecen ahora como temas de urgencia nacional por encima de la reforma migratoria. Y el tiempo de debate se acaba, situación que puede complicar aún más el futuro de los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.

“Pensamos que con una posible intervención en Siria, el tema de la reforma migratoria está pasando a un segundo plano”, dijo el activista Francisco Portillo, presidente de la Organización Hondureña de Miami, a un corresponsal de la agencia Notimex.

El congresista republicano de Idaho, Raúl Labrador, que integró el Grupo de los Ocho de la Cámara de Representantes que sigue redactando en secreto un plan de reforma migratoria, le dijo al periodista Jorge Ramos, conductor del programa Al Punto de la cadena Univision, que el debate sobre el endeudamiento fiscal y el presupuesto, y la crisis en Siria, “acortaron el tiempo para el debate”.

Agregó que es poco probable que la reforma migratoria sea aprobada en octubre o noviembre, que además no hay votos republicanos suficientes para alcanzar los 218 mínimos en el pleno y que de no votarse en 2013 el debate podría extenderse por lo menos hasta 2015.

“Muchos de nosotros pensábamos que el debate iba a ser en octubre, pero ahora, con los problemas que estamos teniendo internacionalmente y también en la nación, yo no veo cómo vamos a poder tener este debate hasta noviembre. Y realmente no sé si en noviembre se ha a poder hacer”, advirtió.

Las preocupaciones de Boehner

A su vez, el presidente del Congreso, John Boeher (republicano de Iowa), publicó una columna de opinión en la que expreso sus preocupaciones en torno a los esfuerzos que debe llevar a cabo la Cámara de Representantes para reducir la deuda y el déficit fiscal, y aseguró que existe un problema de gastos y que no tolerará un aumento al límite de deuda sin recortes significativos y reformas necesarias, esto en momentos que el Congreso debate si apoya o rechaza un pedido del Presidente Barack Obama para llevar a cabo una operación militar en Siria en respuesta a un ataque con armas químicas registrado el 21 de agosto que dejó 1,429 muertos, de ellos más de 420 niños.

La Administración Obama responsabiliza al régimen de Bashar al-Asad por el ataque. Y una comisión de expertos de las Naciones Unidas, que visitó la zona del ataque en Damasco, analiza pruebas obtenidas en el terreno y prepara un informe que será enviado al Consejo de Seguridad del organismo internacional.

El viernes, 10 de los países que integran el Grupo de los 20 (G-20) firmaron en Rusia una declaración en apoyo a una intervención militar de Estados Unidos en Siria como castigo por la utilización de armas químicas, aún sin el aval de la ONU. Pero Obama debe esperar primero la decisión del Congreso y en el legislativo no todos están de acuerdo con la postura de la Casa Blanca.

Labrador y el congresista demócrata Tony Cárdenas (California) dijeron en el programa Al Punto que no votarán a favor de la intervención que planea la Casa Blanca. También los senadores republicanos Marco Rubio (Florida) y Rand Paul (Kentucky), se declararon en contra de una acción militar en el país árabe.

Pero para Boehner el tema del endeudamiento es crítico. Asegura que según datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso (CBO), el gobierno federal gastará $ 640 mil millones más de lo que recibe este año. Y que durante los próximos 10 años “el CBO estima que prestaremos y gastaremos $6.3 trillones adicionales”.

Las cifras no incluyen el costo de la operación militar en Siria porque éstas fueron calculadas antes de la crisis.

Nuevas estrategias

A pesar de las incertidumbres, organizaciones nacionales pro inmigrantes no se rinden. En los últimos días anunciaron nuevas estrategias dirigidas a convencer a la Cámara de Representantes para que no deje de lado la reforma migratoria y se produzca un voto antes de que finalice el 2013.

Este domingo, desde los púlpitos de la Iglesia Católica estadounidense se pedirá al Congreso que legalice a los 11 millones de indocumentados y que apruebe una ley que incluya un camino a la ciudadanía.

El jueves la Iglesia Evangélica celebró una jornada nacional de oración con el mismo objetivo y le pidió a la Administración que frene las deportaciones, que en los últimos cuatro año han batido récords sucesivos y suman más de 1.6 millones.

En lo que va del año fiscal 2013 (al 3 de agosto), la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) deportó a 311,387 indocumentados, de ellos 176,281 criminales (56%) y 135,106 no criminales (43.3%), según datos engregados por la agencia y que fueron solicitados por NoticiasUnivision.com.

De acuerdo con los datos, el gobierno deporta a diario un promedio de 1,024 indocumentados (42.6 cada hora). Durante el año fiscal 2012 el promedio fue de l,220 indocumentados diarios (50.8 cada hora), de ellos poco más del 55% tenía antecedentes criminales.

Además de la utilización del púlpito como instrumento político, iglesias católicas locales y organizaciones nacionales reiteraron el llamado a inundar con mensajes al Congreso (llamadas telefónicas, tuits, fax y mensajes de texto) en apoyo a una reforma migratoria compensiva.

También anunciaron que el 5 de octubre se llevarán a cabo marchas en al menos 60 ciudades y en ellas levantarán las voces para exigir al liderazgo de la Cámara de Representantes que levante las restricciones y permita en el pleno un voto sobre la reforma.

En junio Boehner anunció la vigencia de la regla Hastert, que exige el apoyo de la mayoría de la mayoría (118 de los 234 asientos republicanos) para enviar cualquier propuesta a la consideración de la Cámara. Los legisladores demócratas Luis Gutiérrez (Illinois) y Joe García (Florida) dijeron a Univision que la reforma migratoria con ciudadanía cuenta con el respaldo de entre 40 y 60 republicanos y que, sumados a los 195 de los 201 votos demócratas, reúnen más de los 218 mínimos necesarios para aprobar una ley. Pero que la regla Hastert tiene detenido el proceso.

El Grupo de los Siete

Dentro del complejo escenario, a partir del lunes y en cualquier momento el Grupo de los Siete (cuatro demócratas y tres republicanos, instancia a la que pertenecía Labrador y quien renunció en junio por desacuerdos con el tema de la inclusión o no de los indocumentados a beneficios médicos) entregará un plan de reforma migratoria que redacta en Secreto.

El proyecto, de acuerdo a filtraciones, incluiría una vía de legalización para indocumentados que carezcan de antecedentes penales y se declaren culpables de violar leyes estadounidenses, siendo que la permanencia sin papeles es una falta de carácter civil no criminal.

Una vez dado este paso, los indocumentados entrarán en un estado de libertad condicional por cinco años, al término de los cuales podrán pedir la residencia permanente (green card) que les llegará en un plazo de cinco años. Otros cinco años después de recibir la tarjeta verde serán elegibles para pedir la ciudadanía.

A finales de junio el Senado aprobó por amplia mayoría (68 a 32) el plan S.744 que incluye un camino a la ciudadanía la indocumentados que están en el país desde antes del 31 de diciembre de 2011 y carecen de antecedentes criminales.

Los favorecidos deberán entregar sus huellas digitales al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Una vez autorizados entrarán en un estado de residencia provisional por 10 años, donde recibirán un permiso de trabajo y una autorización para viajar fuera del país.

Finalizado el plazo podrán tramitar la green card y tres años después la ciudadanía. El programa de legalización podría beneficiar a cerca de 9 millones de indocumentados, dijo recientemente a Univision el senador Bob Menéndez (demócrata de Nueva Jersey), uno de los ocho congresistas que redactó el proyecto.

De aprobar la Cámara un plan distinto al del Senado, será convocado un Comité de Conferencia para que armonice ambas versiones.

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