California prohíbe detener migrantes en centros privados y ICE advierte que los transferirá lejos de sus familias

Los últimos cuatro centros de detención privados para inmigrantes en California cerrarán paulatinamente a partir del 1 de enero de 2020 por una ley estatal que firmó el gobernador Gavin Newsom el viernes. Para el año 2028, estas polémicas cárceles dejarán de operar por completo.

Entre los penales afectados por la legislación AB 32 está el de Adelanto, con múltiples acusaciones por las muertes de siete migrantes desde su apertura en 2011. También le han llovido quejas por maltrato, negligencia médica y desatención a quienes han tratado de suicidarse.

La respuesta del Servicio de Inmigración y Adunas (ICE) no se hizo esperar. A través de un comunicado, la agencia advirtió que por esta medida se verá obligada a transferir fuera de California a más de 4,000 migrantes que ahora están en los centros de detención de Adelanto, Imperial, Mesa Verde y Otay Mesa.

“Los residentes de California sentirían el impacto y se verían obligados a viajar grandes distancias para visitar a amigos y familiares bajo custodia”, señaló la dependencia. “Esto no afectará la cantidad de individuos detenidos”, subrayó.

La dependencia tiene a unas 52,000 personas bajo su custodia. Los que están en California representan menos del 10% del total.

ICE indicó que tiene una red nacional de centros de detención que le permite ser flexible en estos casos. Puso como ejemplo que este año agregó una capacidad de 7,500 camas en Luisiana, en respuesta a la crisis migratoria en la frontera suroeste. “Esto es casi el doble de la cantidad total de camas en California, lo que muestra cuán adaptable es nuestra agencia”, enfatizó la dependencia.

Al momento, la agencia no ha dicho a qué cárceles planea transferir a los detenidos en California.

A decir de Mario, un inmigrante indocumentado que el año pasado estuvo detenido en Adelanto, ICE hace estas “amenazas” aunque sí tiene opciones para no sacar del estado a los detenidos. “Sabemos que hay muchas alternativas; ICE siempre ha tenido la discreción de dejar libres a los migrantes y no lo hace por todo este negocio”, dijo en una entrevista con Univision Noticias.

Mario, quien pide no publicar su apellido para evitar represalias, se refiere a las enormes ganancias que reciben las empresas GEO Group, CoreCivic y Management and Training Corporation.

Estas son las cifras que exhibe un reporte de la Fiscalía de California: en Adelanto la cuota es de hasta 113.51 dólares diarios por cada migrante detenido; en Imperial la tarifa máxima es de 142.60 dólares; en Mesa Verde cobran hasta 119.95 dólares; y en Otay Mesa se estableció un precio tope de 2.7 millones de dólares hasta por 600 camas y otro de 138.29 dólares por cada cama adicional.

Estos ingresos inquietaron a los legisladores que impulsaron la AB 32. “Durante mi discurso inaugural, prometí poner fin a las prisiones privadas, porque contribuyen al encarcelamiento excesivo, incluidos los que encarcelan a los presos de California y los que detienen a inmigrantes y solicitantes de asilo”, dijo el gobernador Newsom. “Estas cárceles con fines de lucro no reflejan nuestros valores”.

El autor de la AB 32, el asambleísta demócrata Rob Bonta, catalogó la aprobación de su iniciativa como “un momento histórico” para el estado con más migrantes del país.

“Estamos enviando un poderoso mensaje de que nos oponemos con vehemencia a la práctica de sacar provecho a costillas de los californianos bajo custodia; que defenderemos la salud, la seguridad y el bienestar de nuestra gente; y que estamos comprometidos con un trato humano para todos”, expresó.

La AB 32 también prohíbe que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) celebre o renueve un contrato con una compañía que maneje prisiones privadas. Actualmente hay tres instalaciones de ese tipo que albergan a más de 2,200 reclusos.

En un principio, esta legislación solo incluía a los penales privados que tenían acuerdos con el gobierno estatal y que incluso poseen instalaciones fuera de California, pero el asambleísta Bonta la reescribió para incluir a los centros de ICE en la prohibición.

Según el legislador estatal, quien representa a la ciudad de Oakland, estos penales abonan a la crisis humanitaria que ocurre en la frontera.

Mario, quien estuvo en la cárcel de Adelanto entre enero y agosto de 2018, dice que fue testigo de varios maltratos. “Los castigos son muy severos, la comida es horrible; a la gente le negaban la atención médica que necesitaba o no veían a sus abogados. Vi muchas injusticias”, afirmó.

Pero las empresas que aún tienen contratos con ICE y el gobierno estatal alegan que han sido esenciales para atender la creciente demanda de espacios en las prisiones. “Durante 10 años, proporcionamos viviendas seguras y programas de reingreso que cambiaron la vida de los reclusos que se habían enfrentado al hacinamiento extremo”, dijo la portavoz de CoreCivic, Amanda Gilchrist.

Mientras que GEO Group aseguró que su servicio ha sido “innovador en el campo de los servicios de rehabilitación”. Advirtió que la AB 32 atenta contra el objetivo de reducir la reincidencia de los reclusos.

En años recientes, ICE ha perdido los contratos que tenía con la cárcel municipal de Santa Ana y los penales James A. Musick y Theo Lacy, ambos operados por el Sheriff del condado de Orange.

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