California demanda a la administración Trump por la nueva regla de carga pública

El gobernador Gavin Newsom y el fiscal estatal Xavier Becerra presentaron este viernes una demanda contra las nuevas reglas de “carga publica” recientemente publicadas por el gobierno del presidente Donald Trump, las cuales buscan restringir la inmigración y afecta de manera directa a los migrantes legales que reciben beneficios públicos.

Con esta acción legal, el estado de California se suma a la querella interpuesta esta semana contra la administración federal por los condados de San Francisco y Santa Clara, en la que alegan ante la corte que las nuevas directrices empeorarán la salud y el bienestar de sus residentes, aumentarán los riesgos de salud pública y afectarán financieramente a los condados.

“Este día, como muchos de los días que hemos visto, este presidente y esta administración quieren atacar a quienes solo quieren trabajar y mejorar la vida de sus hijos. Y otra vez, California va a luchar, porque sabemos lo que pasa cuando uno trabaja duro… levantamos al estado y levantamos al país. Vamos a luchar”, dijo Becerra en una conferencia de prensa desde la capital californiana.

El pasado lunes el Departamento de Seguridad Nacional anunció que negaría la residencia permanente -o green card- a los inmigrantes que hagan uso del programa de asistencia Medicaid, reciban cupones de alimentos y otras prestaciones sociales. El alcance real de la medida aún no está del todo claro, al tiempo que las organizaciones proinmigrantes y abogados continúan revisando el documento de más de 800 páginas que entrará en vigor en octubre de este año.

Acompañado por una decena de funcionarios públicos estatales, muchos de ellos hijos de inmigrantes, el procurador estatal indicó que las nuevas reglas de carga pública lastiman a todos los trabajadores en California, el estado con el mayor número de inmigrantes en EEUU y en el que la mitad de los niños tiene al menos un padre indocumentado.

“Esto es personal. La administración Trump está usando la alimentación, la salud y la vivienda como si fuera un arma. Esto funciona como una bomba de tiempo”, agregó el fiscal al tiempo que enlistó todas las aportaciones de California para el resto de Estados Unidos, no solo en materia económica sino también en tecnología y distintos rubros. Calificó además que el reglamento es inconstitucional y contradice las leyes federales actuales.

Por su parte, el gobernador de California agradeció el esfuerzo de todos sus funcionarios en esta nueva batalla legal -la número 56- contra la administración del presidente Donald Trump. “El objetivo de todo esto es crear miedo, generar ansiedad, y ya se están sintiendo esos efectos. Ellos (señalando a los expertos) ya han visto los efectos en la gente que está pidiendo menos beneficios”, señaló el mandatario estatal.

Las leyes federales actuales requieren que aquellas personas que busquen ser residentes permanentes o recibir un estatus legal comprueben que no representarán una carga para Estados Unidos, una “carga pública” en términos gubernamentales, pero las nuevas reglas agregan varios programas que serían elementos descalificatorios.

Bajo las nuevas normas, el Departamento de Seguridad Nacional ha redefinido la carga pública como alguien cuya probabilidad de recibir prestaciones sociales por más de 12 meses dentro un periodo de 36 es más alta que la probabilidad de no recibirlas. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) sopesará si los solicitantes han recibido ayuda pública junto con otros factores como la educación, salario y salud, para determinar si les otorga un estatus legal.

Las demandas de esta semana no serán las últimas. Al menos así se espera luego de que el Centro Nacional de Leyes Migratorias, con sede en Los Ángeles, prometió interponer una querella sobre lo que describió como un intento para redefinir el sistema de inmigración legal “para privar de derechos a las comunidades de color y favorecer a las acaudaladas”.

El fiscal de Nueva York planea seguir los pasos de California y ha señalado que también están preparados para tomar medidas en los tribunales federales. Sin una acción legal, las reglas entrarán en vigor a mediados de octubre.

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