California busca acabar con el negocio de la detención de migrantes

La Asamblea de California aprobó recientemente un proyecto de ley que busca prohibir los contratos con cárceles privadas en todo el estado, incluyendo algunos centros de detención que operan bajo acuerdos con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Ahora la propuesta legislativa AB32 espera la aprobación o veto del gobernador demócrata Gavin Newsom. Si obtiene su firma, a partir del próximo año se prohibiría establecer nuevos contratos con prisiones operadas por empresas privadas, abarcando a todas para 2028.

Al tomar posesión a la gubernatura, Newsom expresó: “Pondremos fin a la indignación de las prisiones privadas de una vez por todas”. Pero su oficina declinó confirmar si respalda esta iniciativa.

En un principio, la AB32 solo incluía a los penales privados que tenían acuerdos con el gobierno estatal y que incluso tienen instalaciones fuera de California; pero su autor, el asambleísta demócrata Rob Bonta de Oakland, reescribió su proyecto de ley para incluir a los centros de ICE en la prohibición.

“Todos hemos visto la crisis humanitaria actual que se desarrolla a lo largo de la frontera sur. Ningún ser humano merece ser retenido en las terribles condiciones que hemos estado viendo en estas instalaciones privadas con fines de lucro”, expresó Bonta en un comunicado.

Más de 2,200 presos bajo custodia del estado de California estaban en penitenciarías privadas, el triple comparado con 2016, según cifras obtenidas por The Guardian. Y alrededor de 1,300 migrantes se encuentran en centros privados de ICE en California, de acuerdo con datos de esa dependencia.

La AB32 establecería que a partir del 1 de enero de 2020 se prohibiría al gobierno de California “celebrar o renovar un contrato con una prisión privada con fines de lucro para encarcelar a presos estatales”.

Según el lenguaje de la AB32, cuatro grandes centros de detención con capacidad para albergar hasta 4,500 inmigrantes podrían verse obligados a cerrar durante los próximos cinco años. Sus contratos expiran en 2023 y no serían renovados si dicha legislación entra en vigor.

Dos de esas cárceles son Mesa Verde en Bakersfield y Adelanto en San Bernardino, con capacidad para casi 2,000 personas. Son operadas por GEO Group, una de las compañías de prisiones privadas más grandes del país.

En Mesa Verde se cobran 119 dólares diarios por cada uno de los primeros 320 detenidos y en Adelanto la tarifa es de 111 dólares por las primeras 1,455 personas bajo custodia de ICE, según la organización Freedom for Immigrants.

GEO Group advirtió que la AB32 pondría en vilo a la Proposición 57, que aprobaron los votantes en 2016 para liberar anticipadamente a reos convictos por delitos no violentos para resolver el hacinamiento en las prisiones.

“Desafortunadamente, la AB32 trabaja en contra de los objetivos estatales de la Proposición 57 aprobados por los votantes”, indicó la compañía en un comunicado alegando que, sin los presidios privados, las cárceles el estado recibirían a más presos.

Las otras dos instalaciones que tienen contratos de ICE son Otay Mesa en San Diego e Imperial en Calexico, ambas cerca de la frontera con México. La primera cárcel puede recibir hasta 896 migrantes y la segunda 704. Las administran las empresas CoreCivic y Management and Training Corporation, respectivamente.

Las cuatro cárceles privadas elegidas por ICE han estado en el ojo del huracán por muertes de migrantes y quejas de maltrato y negligencia médica, citadas en múltiples reportes.

ICE no se pronunció sobre esta legislación, mencionando que aún está en proceso, pero subrayó que “sería una falsa impresión” pensar que una ley estatal afectará los objetivos de la agencia.