Autoridades guatemaltecas no dan detalles de acuerdo migratorio alcanzado con EE. UU.

El lunes último la Policía Nacional Civil expulsó a 43 migrantes haitianos por orden del Instituto Nacional de Migración (INM), con esa medida las autoridades guatemaltecas empezaron a dar cumplimiento de las políticas antimigrantes a las que llegaron con el gobierno de EE. UU. en un acuerdo que fue suscrito, pero del que ambos gobiernos no dan detalles.

En el albergue para migrantes detenidos de la zona 5 había hasta este 11 de junio 60 migrantes que se rehusaban a ser expulsados por la PNC y el INM. Claman “humanidad” para dejarlos pasa y llegar a México.

Los cambios en las políticas migratorias son evidentes tres semanas después de la reunión que tuvo el presidente Jimmy Morales con Kevin McAleenan, secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., en ese encuentro firmaron el acuerdo de cooperación.

La primera prueba de que las autoridades guatemaltecas implementan medidas más restrictivas, es la expulsión de los migrantes haitianos y africanos que estaban recluidos en el albergue. El INM ha retornado a 43 personas a la frontera con Honduras, el país de procedencia, desde el sábado pasado cuando fueron detenidos en la capital.

El lunes último en una conferencia el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, expuso: “Tenemos equipos que están trabajando allí -en Centroamérica- para conseguir acuerdos con esos países para poner la responsabilidad donde corresponde y asegurarnos de que sus ciudadanos no son los que tienen que atravesar México y entrar en EE. UU.”.

Pompeo no detalló en qué países se encuentran esos funcionarios estadounidenses, aunque en el pasado Washington ha mantenido conversaciones sobre migración con el Triángulo Norte -Honduras, Guatemala y El Salvador-, de donde proviene la mayor parte de los migrantes que llegan irregularmente a EE. UU.

Ni la Cancillería, Gobernación o el INM tienen conocimiento de reuniones entre autoridades estadounidenses y guatemaltecas.

El portavoz del Ministerio de Gobernación Lucero, al respecto, expuso: “No estamos desarrollando políticas antinmigrantes. Estamos fortaleciendo el estado de derecho, aplicando las leyes vigentes. Nuestro objetivo son las estructuras criminales que lucran con la necesidad de nuestros connacionales.  A partir de la firma reciente del convenio se operativiza lo acordado”.

Han pasado mas de dos semanas desde que los gobiernos de Guatemala y EE. UU. firmaron el acuerdo de cooperación para frenar la migración, ese documento no ha sido de dominio público, y con recelo, las autoridades han dado limitada información.

Las medidas que se han hecho públicas del acuerdo entre el secretario de Seguridad Nacional de EE. UU. y los ministros de Gobernación de El Salvador, Honduras y Guatemala fueron acciones a “corto plazo” que se implementarán para combatir el tráfico de migrantes, el narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero.

Por ejemplo, la participación de agentes federales de EE. UU., unidades de inteligencia y policías de Guatemala, Honduras y El Salvador para el combate del tráfico de migrantes. La acción conocida recientemente es acerca de los cambios en procedimientos migratorios, como la expulsión y eliminación del salvoconducto “orden de abandono” para migrantes que no provengan del Triángulo Norte y de Nicaragua.

Además, las autoridades del INM han reconocido que se analizan cambios al Manual Regional de Procedimientos Migratorios CA-4.

Las autoridades estadounidenses y mexicanas llegaron la semana pasada a un acuerdo que obliga a México a incrementar la presencia policial en su frontera con Guatemala; pero a cambio evitó la imposición a partir de este mismo lunes de aranceles del 5 por ciento a todas las importaciones mexicanas.

Pompeo, aclaró: “No hemos ofrecido ninguna asistencia al Gobierno de México para lograr resultados. Tampoco lo hemos hecho con Centroamérica”.

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