Autoridades federales detienen a casi 400 personas migrantes en Chiapas

El Instituto Nacional de Migración (INM) desarrolló un amplio operativo en Chiapas para arrestar a un grupo de migrantes que quería alcanzar la frontera con Estados Unidos y entró en caravana a través del paso fronterizo ubicado en el puente Rodolfo Robles, que une México con Guatemala. Según informó la institución que dirige Tonatiuh Guillén, unas 300 personas cruzaron la frontera sin regularizar la situación. A ellas se les habrían sumado otras 120 en la carretera que une Ciudad Hidalgo con Tapachula.

Entre 350 y 400 fueron detenidas y trasladadas a la estación migratoria Siglo XXI, “donde se realizará el procedimiento administrativo correspondiente y en su caso, el retorno asistido a sus lugares de origen”.

Los migrantes atravesaron caminando el puente Rodolfo Robles. No encontraron oposición por parte de la policía.

Alrededor del mediodía, el grupo se encontró con el retén instalado en Metapa, a 18 kilómetros de Tapachula. Allí se desplegaron agentes migratorios, Policía Federal y Guardia Nacional. Se trata de la primera ocasión en la que este cuerpo interviene en un operativo para frenar una caravana y detener a sus integrantes. No obstante, testigos aseguraron que las insignias que los uniformados portaban eran de la Marina y la Policía Militar.

En el lugar también había funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Una situación similar, en la que un grupo de migrantes atraviesa la frontera en caravana, ocurrió el 18 de enero. Entonces, más de un millar de migrantes procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador cruzaron la frontera caminando y sin ser detenidos por la autoridad. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador evita así imágenes como las de octubre de 2018, cuando cerca de cinco mil participantes en una caravana fueron bloqueados por policías antimotines en el puente Rodolfo Robles. En el caso de enero, no se estableció ningún dispositivo para detenerles y encerrarles. Algunos de ellos llegaron incluso hasta Piedras Negras, en el estado de Coahuila.

“La mayoría han sido detenidos y trasladados en autobuses”, relata Salva Lacruz, director de Incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Matías. Lacruz fue testigo del momento en el que los migrantes fueron interceptados por el retén migratorio. El activista llamó la atención sobre la fuerte militarización de la zona, con dos perímetros establecidos por la Guardia Nacional. El primero, casi a la par de la Policía Federal. El segundo, en vehículos, “para evitar que los migrantes pudiesen escapar”. Lacruz denunció que los uniformados portaban armas largas.

Andrea Villaseñor, directora del Servicio Jesuita al refugiado, estuvo presente en el operativo. “No vimos violencia, les decían que subieran a los autobuses. No vimos que se les dijera claramente a dónde iban, solo que les iban a regularizar”, explicó. Posteriormente, a través de un comunicado, el INM aclaró que fueron trasladados a Siglo XXI.

A mediodía, la temperatura superaba los 33 grados en la zona. Villaseñor dijo que los migrantes llegaban “muy cansados”. De hecho, hubo algunos pequeños grupos que trataron de darse la vuelta o sortear el retén a través del campo. Finalmente, según la directora del SJM, muchos se dieron por vencidos y terminaron subiendo a los autobuses del INM.

“La estrategia es similar a la que vimos a primeros de año, disuadir a los que vienen en caravana”, dice Lacruz. Se queja de que las autoridades mexicanas les permitieron cruzar la frontera sin oponer resistencia y les dejaron caminar durante una veintena de kilómetros bajo el sol hasta darles el alto. “Han jugado a desgastarles”, explica. En este sentido, denunció que no recibieron ayuda humanitaria y que únicamente a última hora, cuando quedaba un pequeño grupo por subir a los autobuses, integrantes de Protección Civil de Suchiate llevaron algunas botellas de agua.

El INM informó de que analizará los casos de los centroamericanos arrestados. En relación a su estatus migratorio, en el grupo había al menos dos sectores diferenciados. Por un lado, quienes no regularizaron su situación y se exponen a ser deportados. Por otro, hay quien había tramitado una tarjeta de visitante trabajador fronterizo, que puede gestionarse en la misma aduana. Este es el documento que el Gobierno mexicano ofrece a los centroamericanos que quieren cruzar la frontera sur. Anteriormente estaba dirigido solo a ciudadanos de Guatemala y Belize, pero el Ejecutivo lo amplió a finales de enero a Honduras y El Salvador.

Este documento solo permite trabajar y establecerse en los estados sureños de Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Tabasco.

Otra opción para quienes no deseen ser deportados es pedir refugio mientras estén en detención. Salva Lacruz llamó la atención sobre el hecho de que no había funcionarios de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) ni del DIF durante el operativo. Todo ello a pesar de que en el grupo había población vulnerable como menores de edad y madres con sus hijos.

El operativo llega en un contexto de tensión entre México y Estados Unidos, que acusa al gobierno de López Obrador de no frenar la migración irregular hacia el norte. El presidente, Donald Trump, prometió que subirá un 5% los aranceles a los productos mexicanos, y que incrementará esta tasa progresivamente hasta el 25 %, mientras México no bloquee el flujo migrante procedente de Centroamérica.

Al mismo tiempo en el que se desarrollaba la redada contra la caravana, el canciller Marcelo Ebrad mantenía una reunión en la Casa Blanca con el vicepresidente de EU, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, que se cerró sin acuerdo.

Trump acusa a México de no ser lo suficientemente duro con la migración irregular. Sin embargo, las cifras de los primeros meses de López Obrador al frente del Gobierno desmienten al inquilino de la Casa Blanca. Solo en el mes de mayo, México detuvo a 22 mil 694 migrantes sin documentos, y deportó a 15 mil 654. Esta última cifra supone un aumento de 119 % en comparación con mayo del año pasado, último ejercicio de Enrique Peña Nieto, cuando el INM detuvo a 10 mil 350 personas. Si se compara con el mismo mes de 2017, el aumento es todavía mucho mayor: hasta 220 %.

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