En tiempos normales, la familia probablemente habría quedado en libertad en Estados Unidos con citas en una corte de inmigración para solicitar asilo. En lugar de ello, estuvieron entre los detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) bajo la autoridad extraordinaria conferida durante emergencias de salud pública para enviar a mexicanos y centroamericanos de regreso a México inmediatamente y dispensar leyes de inmigración que incluyen el derecho a pedir asilo.
El cambio hecho en marzo es evidente en cifras dadas a conocer el jueves: La Patrulla Fronteriza colocó a 27.535 personas en ruta a la expulsión por la ley de emergencia de salud púbica e hizo solamente 2.859 arrestos bajo la ley de inmigración.
Los poderes especiales expirarán cuando acabe la pandemia, pero funcionarios del gobierno de Trump han propuesto una serie de regulaciones en el último mes para dificultar el asilo. Las propuestas instruyen a los jueces que sean más selectivos y rechacen algunos pedidos sin necesidad de audiencia. El miércoles, la administración propuso negarles asilo a personas de países con abundancia de enfermedades infecciosas.
La mayoría de quienes cruzan la frontera ahora son mexicanos adultos, aunque en el pasado reciente eran predominantemente familias y niños centroamericanos. The Associated Press aceptó identificar a la familia usando solamente sus segundos nombres para proteger su seguridad.
Hace un año, la familia escapó de las húmedas tierras bajas tropicales del noroeste de Honduras, donde el padre trabajaba en una fábrica de calzado y la violencia de pandillas estaba desenfrenada. Al padre le pusieron una pistola a la cabeza mientas el hijo lloraba, lo que llevó a una golpiza que requirió suturas en la cabeza del niño, dijo el padre.
Solicitaron estatus de refugiados en México y se les declaró elegibles para visas humanitaria en febrero, pero no completaron el proceso en Chiapas, dijo Carlos González, cónsul de México en San Diego.
Se habían mudado a la ciudad de Monterrey, en el norte de México, porque eran perseguidos por un hombre que decía que quería tomar al niño de 9 años bajo su cuidado y porque las autoridades mexicanas les dijeron que podían viajar libremente, de acuerdo con Luis González, un abogado del Jewish Family Service de San Diego que representa a la familia.
La familia vadeó el Río Grande (o Bravo) hacia Eagle Pass, Texas, quedando atrapada en una fuerte corriente durante horas. Tras entregarse a la Patrulla Fronteriza, fueron devueltos a México para esperar una audiencia en Laredo, Texas. Más de 60.000 personas han sido forzadas a esperar en México sus audiencias de asilo, bajo una política introducida el año pasado y llamada “Protocolos de Protección de los Migrantes”.
Alexy dijo que la familia fue llevada a punta de pistola en un taxi por hombres no identificados con chalecos blindados que no los golpearon, pero los hicieron perder su audiencia del 25 de marzo en Laredo. Un juez la programó para el 30 de septiembre.
Luego que Alexy perdió su trabajo como guardia de seguridad, todavía sacudido por el incidente y asustado por rumores de secuestros de niños, la familia se fue de Monterrey para Tijuana. Alexy dijo que los narcotraficantes y drogadictos hacían peligroso salir en Tijuana, lo que les motivó a irse de nuevo a Estados Unidos a pedir asilo.
Alexy cree que caminar en las montañas de San Diego precipitó el proceso de parto de Karina. Se sintió impotente cuando los agentes los separaron cuando el dolor de ella se intensificaba, para enviarlos a él y a su hijo a la frontera.
“No me dijeron nada, me dijeron que posiblemente iban a regresar mi esposa después”, dijo en una entrevista telefónica desde Tijuana.
Karina estaba llorando cuando llamó dos días después con su recién nacido en Tijuana.
En respuesta a preguntas sobre el caso, la CBP dijo el viernes que no comenta sobre litigios pendientes —la autoridad de expulsión está siendo impugnada en las cortes— pero resaltó que los agentes pueden hacer excepciones por razones humanitarias y otras.
Chad Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional, se jactó el jueves de que la mayoría de las expulsiones se realizan en menos de dos horas. La agencia tiene solamente a 100 personas bajo custodia, comparadas con las más de 19.000 que tuvo durante el pico de los arribos de solicitantes de asilo de Centroamérica.
Mark Krikorian, director del Centro de Estudios de Inmigración, dijo que las autoridades manejaron el caso apropiadamente y acusó a la familia de tratar de usar al recién nacido para conseguir un estatus legal. Dijo que debieron asentarse en México.
“El asilo ha sido usado como una maniobra para la inmigración ilegal de manera tan generalizada que, honestamente, yo no creo más en él”, dijo Krikorian, repitiendo las posiciones del presidente y otros conservadores. “Yo asumo que cualquier persona que cruza la frontera desde México y solicita asilo en Estados Unidos está mintiendo, hasta que se pruebe lo contrario”.
La semana pasada, una corte federal de apelaciones y un juez bloquearon una política de Trump para negarle asilo a cualquiera que pase por otro país en ruta a la frontera de México con Estados Unidos sin solicitar protección primero allí.
Jewish Family Service quiere que la familia quede en libertad en Estados Unidos, donde tiene familiares, para presentar su causa de asilo en las cortes. Junto con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de los condados de San Diego e Imperial, el grupo planea pedirle al Departamento de Seguridad Nacional que investigue lo sucedido.
La abogada de ACLU Mitra Ebadolahi dice que se trata de una “tormenta perfecta de inhumanidad”. La familia esperó en México durante meses como se les instruyó, yéndose a San Diego solamente cuando sus vidas estaban amenazadas.
Ebadolahi dijo que las autoridades estadounidenses deberían haber ejercido su considerable discreción para mantener junta a la familia en Estados Unidos para que pudiera exponer su caso. Ella piensa que las autoridades violaron la ley al negarse dos veces a permitir que un funcionario de asilo entrevistase a la familia sobre sus temores de ser regresados a México, primero en Texas y luego en California.
Ebadolahi no se apresura a disputar la legalidad de expulsar al bebé, un ciudadano estadounidense. Dijo que eso fue hecho para mantenerlo con la madre.
“Para mí se trata menos de una cuestión pura de la ley y más de qué país queremos ser”, dijo. “La crueldad es abrumadora”.
