Aún no está la Guardia en Chiapas, pero siguen los operativos y detenciones de migrantes

El viaje de José Mendoza, de 37 años, terminó antes de lo planeado este lunes. Le faltaron muy pocos kilómetros, pero no lo consiguió. Su plan era dormir en casa de su mamá, que lleva un tiempo viviendo en Tapachula, estado de Chiapas. En vez de disfrutar de un reencuentro familiar, Mendoza está encerrado en la estación migratoria Siglo XXI, también en Tapachula. Junto a él, su hijo, menor de edad; también su primo y su esposa, y sus dos sobrinos.

La familia Mendoza es originaria de Ocotepeque, un municipio de Honduras a pocos kilómetros de la frontera con Guatemala. Estar entre dos reservas biológicas no ha librado a la localidad, de apenas 25,000 habitantes, de sufrir altas tasas de pobreza, analfabetismo y desnutrición.

Ninguno de los Mendoza tiene papeles, así que solo quedan dos opciones: pedir asilo, que es el único modo de quedarse en México, o ser deportados. Si piden el refugio es posible que tengan que pasar encerrados buena parte del proceso. Existen alternativas y la Siglo XXI está hacinada, pero la amenaza es real. Si no solicitan que México les proteja solo tienen un camino: el regreso a su país.

Los seis viajaban en una combi que fue interceptada en un retén migratorio instalado junto al motel Misión, en el kilómetro 6,5 de la carretera Tapachula-Talismán. Se trata del único puesto de control que se pudo ver durante la jornada del lunes, en el acceso desde las fronteras de Talismán y Ciudad Hidalgo.

En él, tres agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) con tres furgonetas de la institución, varios policías federales y un camión militar con miembros de Marina, Ejército y Policía Militar. La familia no es la única arrestada. Al menos otras cuatro personas permanecen en el interior de uno de los camiones, y durante la próxima hora se interceptarán a otros dos jóvenes.

La detención de Mendoza se produjo pasadas las 8 de la mañana, apenas unos minutos desde que el canciller, Marcelo Ebrard, habló sobre el acuerdo suscrito el viernes entre México y Estados Unidos. La propuesta mexicana es el envío de 6,000 efectivos de la Guardia Nacional para vigilar la frontera sur, dice Ebrard. Pero aquí no hay rastro del nuevo cuerpo. Ni siquiera unos brazaletes. Y eso que la semana pasada, tras el operativo del jueves contra una caravana, el INM aseguró en una nota que el nuevo cuerpo había entrado en acción.

A Mendoza, en realidad, le da igual el uniforme. Le han arrestado los agentes de siempre, la Migra, una de las grandes preocupaciones para todo migrante en ruta hacia el norte.

Aunque en Tapachula y Ciudad Hidalgo solo hubo un retén, en otros puntos de Chiapas se desarrollan operativos. Uno de ellos tuvo lugar en Arriaga, según denunció a través de un video difundido en redes sociales el Movimiento Migrante Mesoamericano.

“Queremos ir a Estados Unidos, pero primero a Tapachula, porque mi mamá me dijo que me viniese, que tenía trabajo para mí”, dice Mendoza, mientras es conducido a la furgoneta donde permanecerá al menos una hora encerrado. Le gustaría ir al norte, pero no tiene dinero suficiente. El tránsito con pollero desde Honduras alcanza los 8,000 dólares, más de 150,000 pesos. Él trabajaba en una maquila y el salario apenas le alcanzaba para sobrevivir. Como para endeudarse con el guía hacia Estados Unidos.

A pesar de las dificultades, se puso en marcha.

El hombre, de piel tostada y bigote a medio hacer, carga con sus escasas pertenencias en una bolsa de nylon verde. Cuando los agentes del INM le piden sus papeles, acepta su destino dócilmente. No intenta correr ni se resiste, se deja llevar con parsimonia, arrastrando los pies, mirando al suelo. Sus familiares le imitan. Saben que van a ser encerrados, pero no hay mucho margen.

“Les llevamos a la oficina”, le dice una de las funcionarias del INM a la esposa del primo de Mendoza. Oficina es un eufemismo para la estación migratoria, la mayor institución de América Latina dedicada a encerrar migrantes que no cuentan con la documentación exigida.

Los migrantes no son detenidos, si no asegurados o incluso rescatados. Siglo XXI es una estación migratoria, no un centro de detención. Y, cuando son regresados a Honduras, Guatemala o El Salvador, se someten a un proceso de retorno asistido, no a una deportación.

“En realidad es una deportación, pero parece que de cara a fuera queda mal”, dice uno de los agentes migratorios, que no quiere identificarse, como nadie en este retén. En un arranque de sinceridad, reconoce que, en el fondo, “una jaula de oro sigue siendo una jaula”. Y Mendoza y sus familiares van a ser encerrados en la mayor estación migratoria de México. Es decir, el lugar más grande de todo América Latina donde se enclaustra a personas por entrar sin documentación a un país que no es el suyo.

“Allí, en Honduras, no se puede trabajar. Ahora hay problemas con las huelgas”, dice Mendoza antes de ser conducido a la camioneta del INM.

Desde finales de mayo, organizaciones de médicos y de profesores paralizan la actividad en el país centroamericano. Protestan por lo que consideran es un plan para la privatización de estos servicios por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández. Honduras sufre una fuerte polarización desde 2009, cuando un golpe de Estado derrocó al entonces presidente, José Manuel Zelaya. Las elecciones de noviembre de 2017, en las que Hernández fue reelegido, se cerraron con denuncias de fraude y protestas en los que se registraron más de 30 muertos.

La frontera sur está en el centro del foco mediático desde el inicio de las negociaciones entre México y Estados Unidos. Al final, dos acuerdos para que Washington no imponga aranceles del 5% a los productos mexicanos, al menos en los próximos 45 días: el gobierno mexicano reforzará el control de sus límites con Guatemala y Belice, y aceptará a los solicitantes de asilo en Estados Unidos mientras un juez resuelve su caso.

En el sur, por el momento, no hay rastro de la Guardia Nacional. Sin embargo, la presencia policial se ha reforzado, especialmente tras el bloqueo la semana pasada de una caravana de unas 400 personas que ingresó en el país, a través del río Suchiate. Al menos, eso dice el gobierno.

La retórica, no obstante, no encuentra su reflejo en las cifras. Animal Político trató de conocer cuál era el despliegue de agentes de diversos cuerpos destinados al control migratorio. Una fuente de la secretaría de Seguridad señaló que la semana pasada fueron enviados 400 policías federales, que se sumaron al contingente ya desplegado en el estado sureño. Esta semana, otros 100 efectivos de Policía Federal se destinaron a la estación migratoria Siglo XXI, que a lo largo del año ha registrado varios motines e intentos de fuga. Estos policías federales pasarán a ser parte de la Guardia Nacional cuando pasen la instrucción.

Lo que sabemos es que en los retenes hay agentes del INM, Policía Federal, Policía Militar, Marina y Ejército. Pero ni INM, ni Secretaría de Gobernación (Segob), ni Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ni Marina ni Cancillería (que fue la encargada de negociar con Estados Unidos) ofrecen datos sobre cuántos agentes están sobre el terreno, en qué lugar, si pasarán a formar parte de la Guardia Nacional o habrá nuevos movimientos. Nadie dice nada y todos aseguran no disponer de datos.

Sobre los 6,000 agentes prometidos, una fuente en Seguridad Pública aseguró que “ya los hay entre Marina, Sedena, Policía Federal y Migración”, aunque está previsto que “gradualmente” se desplieguen nuevos efectivos. Estos no llegarían hasta el 30 de junio, cuando se gradúen los primeros inscritos al curso de formación para entrar en el cuerpo.

Está previsto que se construyan cuarteles en Tonalá, Pichucalco y Palenque, según el Gobierno de Chiapas. Mientras, hay efectivos acuartelados en Puerto Madero.

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