Aumento del número de arrestos de indocumentados activa los programas de defensa gratuitos de abogados

Cuando el gobierno del presidente Donald Trump anunció a finales de abril que en los primeros 100 días de mandato el número de arrestos de indocumentados había crecido casi un 40%, las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes activaron de inmediato campañas para incrementar la asistencia gratuita.

“Lamentablemente no es nueva esta política, sino que empezó hace un rato, bajo (el gobierno de) Obama”, dice Matt Adams, director del departamento legal del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, en Seattle, Washington. “Ahora cambiaron la práctica de soltar a las personas buscando asilo mientras pasaron por el proceso”.

Adams dijo además que, con la desaparición de la política ‘catch and release’ (detener y soltar), “la gran mayoría de personas que llegan a la frontera buscando asilo son arrestadas. Así lo hacen más difícil para ganar sus casos, y muchos no aguantan estar detenidos por meses. Se rinden antes de cumplir el proceso”.

Esta semana, debido a la emergencia desatada por el alto número de detenciones entre el 25 de enero y el 30 de abril (41,318 según ICE), grupos proinmigrantes anunciaron el lanzamiento de un proyecto conjunto para aumentar la capacidad de respuesta a la solicitud de ayuda presentada por indocumentados en proceso de deportación.

El plan tiene en la mira a unos 600 abogados para sumarse a proyectos de defensa gratis (pro-bono). La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y el American Immigration Council (AIC) señalaron que estaban en contacto con abogados y bufetes para aumentar los servicios gratuitos a inmigrantes.

AILA también dijo que la campaña incluye jornadas de información para enseñarle a los inmigrantes sus derechos, además de ofrecerles consejos de inmigración.

Coincidiendo con la Conferencia Anual en Nueva Orleans, AILA dijo que este fin de semana, en asociación con las Caridades Católicas, ofrecerán en esa ciudad un seminario gratis para hablar de derechos de los inmigrantes y responder preguntas y consultas sobre las leyes de inmigración.

“Estamos orgullosos de ayudar a aquellos que buscan ayuda, conocer sus derechos y responder a preguntas específicas sobre sus situaciones individuales”, dijo Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA.

Priya Kumar, miembro del comité pro-bono de AILA, dijo que “en un momento en que los rumores se propagan sobre la aplicación de la ley de inmigración, y la gente está preocupada por el impacto potencial en sus vidas por las nuevas políticas migratorias, la información es absolutamente crucial”.

El debido proceso inmigratorio es muy complejo, “más difícil que la ley criminal”, dice Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Por eso es muy importante que aumente la asistencia pro-bono ahora que están aumentando las detenciones de indocumentados”.

Sánchez explicó que los inmigrantes por lo general carecen de recursos para costear una defensa, “incluso si los servicios del abogado son bajos. Por eso es importante el programa de asistencia gratuita. Alguien tiene que ayudar a estas personas”.

“Hay casos extremadamente complicados que solo con la ayuda de un abogado se pueden resolver”, dijo. “Muchos que no tienen abogado pierden sus casos, aunque estos reúnan los requisitos para ser ganados. Yo le diría que más del 90% de los casos sin abogado se pierden en los tribunales. El sistema no está formulado para ese tipo de casos”.

Sánchez-Roig trabajó más de 15 años como fiscal de inmigración en Florida.

Gustavo Torres, secretario ejecutivo de CASA de Maryland, dice que la asistencia pro-bono es determinante. “Los abogados de inmigración son uno de los profesionales que pueden salvar la vida y la unidad familiar en estos momentos en nuestro país”.

El activista apuntó que “nuestra comunidad no tiene los recursos suficientes para enfrentar la maquinaria de deportación del presidente Trump”, y que “los 11 millones de indocumentados están en la mira del gobierno”.

“Incluso los dreamers”, agregó. “Todo el mundo que no tiene papeles está en riesgo de ser arrestado, encarcelado y deportado de Estados Unidos”.

Torres dijo además que “existe una crisis muy fuerte, y los abogados pro-bono juegan un papel determinante en esta crisis”.

En octubre del año pasado, Univision Noticias reportó, citando un informe del Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse de Nueva York, que la mayoría de los casos de asilo de niños inmigrantes sin abogado termina con una orden de deportación.

El reporte agregó que el 43.4% de los menores acompañados por un adulto que no contaron con representación legal y recibieron una orden de deportación, el caso duró en promedio 24 días desde la presentación de la solicitud de asilo.

El no contar con la ayuda de un abogado sigue siendo el principal problema para los miles de niños migrantes solos y acompañados que buscan asilo en Estados Unidos, y reciben a cambio una orden de deportación.

Así se resumen las conclusiones del informe del TRAC, tras revisar 38,601 casos presentados entre mediados de julio del 2014 y el 16 de septiembre de 2016.

En cuanto a los niños y mujeres puestos en libertad hasta el año pasado tras pedir asilo en la frontera, ICE no les dio ninguna información “sobre cuándo debían acudir a sus audiencias en la corte, lo que pueden o deben esperar en ese tiempo, adónde tienen que ir, y qué tener listo para ese día”, explicó Víctor Nieblas, expresidente de AILA en el período 2015-2016. “No saben, no conocen el sistema”.

El año pasado AILA desarrolló CARA (programa de ayuda a migrantes centroamericanos) para proporcionar información a las mujeres y niños que son puestos en libertad, pero Nieblas dijo que ICE permitió un “contacto mínimo con ellos y el mensaje no llegó. No reciben toda la información que necesitaban para que pudieran ganar sus casos de asilo”.

A través de CARA, AILA descubrió que la mayoría de los 121 indocumentados detenidos en las redadas llevadas a cabo en tres estados entre la Navidad del 2015 y principios de enero de 2016,
no se presentaron en las cortes porque no tenían la información necesaria “o se les dio mala información de parte de funcionarios incompetentes”, indicó Nieblas.

Nieblas reitera que el objetivo de los programas pro-bono “es asegurar que las personas tengan la oportunidad de ver a un abogado antes de ser deportados” de Estados Unidos.

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