Ataques de Trump a política de asilo van dirigidos a pacto que regula el trato que debe dar a los niños migrantes

Los ataques que el presidente Donald Trump lanza a la política de asilo se han ido incrementando en los últimos días. La semana pasada, durante la firma de una partida de emergencia humanitaria por $4,600 millones aprobada por el Congreso para atender la crisis migratoria en la frontera, dijo que “debemos eliminar todos los incentivos para el contrabando de niños y mujeres” y dejó de lado el derecho a pedir asilo.

Agregó que los traficantes de personas “están contrabandeando mujeres a través de la frontera (…) porque no hay muro” y aseguró que los contrabandistas “entrenan a los migrantes para que viajen con menores de edad y los envían solos para que puedan ingresar fácilmente a Estados Unidos”.

También dijo que “en este momento existe una situación en la que nadie sabe lo que están haciendo porque nuestras leyes son muy malas y se pueden cambiar. Siempre digo, 15 minutos. Que sea una hora, es muy sencillo. Estos cambios son muy simples. Se trata de cambios en el asilo. Si cambiamos la ley de asilo, podemos tener el 75% hecho. El resto debe hacerse sobre las lagunas”, apuntó.

En ninguna parte se refirió a la oleada de migrantes centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza extremas, que fue advertida por la ONU en 2013 y en el último año se ha multiplicado.

Para Trump solo se trata de un problema de seguridad nacional. “Tienes cientos de contrabandistas de niños y, en realidad, probablemente miles, y se están haciendo muy ricos porque nuestras leyes son muy malas”, apuntó.

Dos días después de la promulgación de la partida presupuestaria de emergencia, Trump escribió en su cuenta de la red social Twitter que, “si los migrantes ilegales no están satisfechos con las condiciones en los centros de detención construidos o reacondicionados rápidamente, díganles que no vengan”.

El desprecio fue en respuesta a las críticas que su gobierno ha recibido por el trato que brinda a cientos de menores migrantes en los centros de detención de la Patrulla Fronteriza (CBBP) tras pedir asilo, denuncias fue fueron ratificadas en un informe publicado la semana pasada por el Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quien concluyó que “el flujo migratorio actual y la crisis humanitaria resultante están abrumando rápidamente la capacidad del Gobierno Federal para responder”.

El documento confirma además que muchas instalaciones del CBP al sur de Texas no cuentan con las condiciones mínimas requeridas.

El domingo Trump volvió a utilizar su cuenta de Twitter para insistir en que “la gente no debe ingresar ilegalmente a nuestro país solo para que nosotros tengamos que cuidarlos”.

Tampoco esta vez el presidente mencionó que se trata de personas que están huyendo de sus países para resguardar sus vidas, y que cuando llegan a la frontera se entregan a las autoridades migratorias para solicitar un beneficio legal disponible, como es el asilo.

“Son comentarios irresponsables, ofensivos que violan la ley y los derechos humanos”, dice Lilia Velásquez, una abogada de inmigración y profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego.

“¿Cual sería el propósito de la Convención de Refugiados -la cual está adoptada en nuestro Código Nacional de Inmigración- si tomáramos la posición de que los refugiados no deben venir si no les parecen las condiciones inhumanas que les aguardan cuando vengan a pedir asilo?, se pregunta.

Velásquez responde que, “independiente del Acuerdo Judicial Flores de 1997 que define el trato que merecen los niños que llegan a nuestra frontera, es una vergüenza que el presidente de nuestro país hable de solucionar el problema haciendo comentarios que violan los derechos humanos y la ley nacional e internacional”. “El Estado de Derecho también se aplica al presidente, el también debe obedecer la ley”, advierte.

Los ataques de Trump a la política de asilo también apuntan al Acuerdo Judicial Flores de 1997 y que el mandatario define como “laguna” o “vacío legal”. Y además presiona tanto a demócratas como republicanos en el Congreso para que lo eliminen y le dejen las manos libres para poder detener, arrestar, encarcelar y deportar masiva y aceleradamente a migrantes menores de edad en la frontera con México.

Si bien no lo ha conseguido, el gobierno ha estado en abierta violación al acuerdo al mantener por más tiempo del permitido a los menores que detiene en la frontera. La Patrulla Fronteriza, en un plazo de 72 horas, debe entregar a los menores detenidos e la frontera, pero de acuerdo con denuncias escritas de puño y letra por niños migrantes y que han sido publicadas por Univision Noticas, las detenciones van más allá de los plazos legales establecidos.

Lo mismo ocurre en los centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y del Departamento de Salud y recursos Humanos (HHS), que reciben a los menores arrestados por la CBP. El Acuerdo lores establece hasta un plazo máximo de 20 días de privación de libertad, pero de acuerdo con reportes a los que tuvo acceso Univision Noticias, en algunos casos las detenciones en los centros del HHS sobrepasan los 120 días.

“El gobierno esta en violación del Acuerdo Flores”, dice Bárbara Hines, una abogada de inmigración y es profesora de la Clínica Legal de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas, en Austin. Agrega que “el Acuerdo requiere condiciones seguras y sanitarias para los menores. La política de Trump es inmoral, inhumana y viola los principios del derecho humano”, precisa.

En similares términos se pronunció este lunes la Organización Naciones Unidas (ONU). La alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo en un comunicado que está “profundamente conmocionada” por las condiciones en que los migrantes y refugiados, niños y adultos, están detenidos en Estados Unidos después de cruzar la frontera”.

El Acuerdo Judicial Flores de 1997 fue aprobado para proteger y garantizar el respeto por parte del gobierno federal a los derechos de los niños migrantes detenidos en la frontera.

Establece además que el gobierno debe facilitar instalaciones adecuadas para detener las familias y no debe privarlas de libertad por más de 20 días. “Por lo general, cuando el gobierno está experimentando una afluencia de llegadas, las familias bajo custodia que son liberadas están aún en un procedimiento de deportación y debe ser un juez de inmigración quien resuelvas sus permanencias en el país”, explica un reporte de la Comisión de Mujeres Refugiadas (Women’s Refugee Commision) publicado en su página digital. “Ellos, los puestos en libertad pueden hacer esto viviendo con un patrocinador en la comunidad, y en algunos casos son monitoreados electrónicamente o puestos en
otro programa alternativo al de detención”, añade.

En general, explica el Colegio de la Frontera Norte, el Acuerdo Flores “estableció una serie de protocolos de atención de menores bajo custodia de las autoridades migratorias” entre ellos “otorgar comida, agua, apoyo médico en caso de emergencias, baños, ventilación y temperatura adecuada, supervisión adecuada para protegerlos de otros, en lo posible separación de menores de adultos desconocidos”.

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