Asesoran a migrantes con trastornos

La nueva política nacional, anunciada esta semana por los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, se conoció después de una batalla legal de un año encabezada por la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), a través de una demanda presentada en Los Angeles.

“Dar representación legal a gente con discapacidades mentales significativas no sólo es legalmente sensato, sino también es forma humana para que funcione nuestro sistema migratorio“, dijo Ahilan Arulanantham, abogado de la ACLU en el sur de California y miembro del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la ACLU.

Unos 34 mil inmigrantes son detenidos diariamente y más de mil de ellos tienen discapacidades mentales de algún tipo, según la asociación.

En 2010, la ACLU ganó el derecho de representar a dos hombres discapacitados mentalmente que pasaron años detenidos. Ambos eran residentes legales que iban a ser deportados después de sus sentencias penales.

La demanda fue presentada por José Antonio Franco González, un inmigrante mexicano con deficiencia cognitiva que estuvo detenido en instalaciones migratorias federales casi cinco años sin una audiencia o abogado. 

El residente de Cosa Mesa, California, y quien ahora tiene 33 años, fue obligado a representarse a sí mismo a pesar de que sus funciones a nivel mental eran las de un niño y no era capaz decir la hora o incluso recordar su fecha de nacimiento.

Ese año la querella se amplió al estatus de demanda colectiva y la jueza federal de Distrito, Dolly M. Gee, falló el martes a favor de la ACLU. De acuerdo con la asociación, esto aplica para ciertos detenidos que ahora están en Arizona, California y Washington.

La nueva política incluye audiencias para evaluar las capacidades de los detenidos y una revisión de procesos para desórdenes mentales graves.

Un representante calificado estará disponible para detenidos que no tienen representación y que parecen incapaces de hacerlo por ellos mismos, dijeron los funcionarios.

Se espera que los nuevos procesos se implementen por completo en todo el país a finales de este año.

La ACLU fue apoyada en el caso por el Consejo Público, el Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Noroeste, los Servicios de Abogacía y Salud Mental y el despacho de abogados Sullivan & Cromwell.

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