Apelan fallo de juez para no decomisar autos en LA

 

El gobierno de Los Ángeles apeló hoy en un tribunal estatal una orden judicial que echó por tierra la norma de la Policía angelina (LAPD) que durante 17 meses permitió a los indocumentados manejar sin temor a perder sus autos por 30 días.

 

El jefe del LAPD, Charles Beck, canceló el viernes la Orden Especial 7, en efecto desde el 10 de abril de 2012, luego que un juez consideró que violaba la ley estatal, al eliminar los decomisos de coches si -en vez de portar una licencia- un conductor mostraba identificación y seguro vehicular.

 

Pero hoy, la Procuraduría Municipal interpuso un recurso para cancelar el fallo en la Corte de Apelaciones de California. El plan es derogar la suspensión esta semana.

 

Uno de sus argumentos es que la Procuraduría General del estado ya había concluido que el LAPD podía aplicar dicha norma.

 

“La Orden Especial 7 fue diseñada para procurar la seguridad pública mientras se respeta a la gente trabajadora de las comunidades migrantes”, dijo el alcalde Eric Garcetti en un comunicado.

 

La anulación de la Orden Especial 7 sentó un precedente legal que tendría un impacto en toda la región, advertían hoy políticos, jefes policiacos y activistas.

 

El temor es que ciudades que se tornaron flexibles tras la decisión del LAPD ahora reviertan sus posturas. Por eso esperan se anule el veredicto sobre la norma. La demanda contra la Orden Especial 7 fue interpuesta por el Sindicato de Policías de Los Ángeles (LAPPL) y el grupo Judicial Watch.

 

“Hay muchos departamentos de policía que vigilamos este caso, porque sí tendrá un impacto en esta área”, comentó Daniel Calleros, jefe de la Policía de Vernon, municipio que dejó de incautar coches a los indocumentados (buena parte de su fuerza laboral) desde mayo.

 

Calleros dijo a La Opinión que sus agentes seguirán aplicando tal orden, porque su versión no incluye la parte controversial que llevó a la corte al LAPD.

 

“Nosotros les seguimos dando discreción a los policías y la política de Los Ángeles se la quitó”, explicó.

 

Por su parte, en Pomona, donde los residentes se han quejado por años de supuesto abuso policiaco en retenes y paradas de tráfico, ya hubo consecuencias: la concejal Cristina Carrizosa ha decidido posponer su plan de volver a presentar una propuesta de ley que detenga los decomisos de autos.

 

“No lo presento porque está fresco [la decisión del juez] y no es productivo hacer algo”, mencionó.

 

A decir de Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición Pro Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), no hay duda que otras localidades también doblarán las manos, como lo hizo el LAPD.

 

“Tendrá un impacto más allá de esta ciudad porque sienta un precedente que indica que los departamentos de policía no pueden establecer un reglamento que sea justo y necesario”, señaló.

 

Pero Miguel Pulido, alcalde de Santa Ana, ciudad que desde finales de 2011modificó su código para reducir la cantidad de confiscaciones, asegura que la anulación de la orden angelina no les afectará. “Al momento yo creo que no, pienso que nadie quiere aplicar esa decisión del juez”, expresó.

 

La Liga Nacional de Abogados (NLG), que reiniciará sus clínicas legales en Los Ángeles para localizar víctimas de abuso policiaco, pide al gobernador Jerry Brown que imponga una moratoria que detenga las incautaciones de coches en California hasta que –si el mandatario firma la ley- entre en vigor la legislación que otorgaría licencias de manejo a los sin papeles.

 

Se espera que ello ocurra hasta el año 2015. “¿Y qué va a pasar en 2014? Por eso necesitamos una moratoria”, resaltó Cynthia Anderson-Barker, dirigente del NLG.

El alcalde Pulido subraya que sólo mostrando un lado más amable de la policía mejora la relación con los vecinos. “Es mejor que no sean tan agresivos, en Santa Ana damos más oportunidades a la gente”, dijo.

 

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