Analiza Corte de EU alivio migratorio

Mientras un grupo de manifestantes se reúnen frente a un tribunal federal de Nueva Orleans, tres jueces federales de apelaciones estudian la posibilidad de levantar la prohibición temporal impuesta por un magistrado federal de Texas a la orden del Presidente Barack Obama que protege de la deportación a millones de migrantes no autorizados.

El panel de jueces del Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito escuchará argumentos en un caso seguido muy de cerca. El tribunal de apelaciones toma el caso en una audiencia especial y no estaba definido cuándo el panel se pronunciaría tras el análisis. Cada parte tiene una hora para alegar su caso.

El juez federal de distrito Andrew Hanen, de Brownsville, emitió una orden preliminar el 16 de febrero a solicitud de 26 estados que se oponen a la medida de Obama. Los fallos de Hanen han impedido temporalmente al Gobierno implementar políticas que permiten que unos 5 millones de migrantes indocumentados permanezcan legalmente en el país. Migrantes y manifestantes que defienden las medidas de Obama sostenían letreros y los mostraban a los transeúntes que pasaban por el lugar.

Uno de los letreros decía “Reforma migratoria“ y otro “La deportación destruye familias“. Los presentes también coreaban exigencias y se les podía escuchar dentro de la sala del tribunal. Víctor Ibarra, de 43 años y residente de Houston, estaba con un grupo de empleados de restaurantes, y dijo que es hora de cambiar las normas de migración.

“Somos humanos. Queremos que las familias estén juntas. Queremos estar bien en este país, no provocar problemas y tener la oportunidad de vivir en Estados Unidos toda la vida“, comentó. El Presidente anunció la expansión del programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA) y del programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA).

Obama informó de las medidas ejecutivas después de las elecciones legislativas de noviembre, alegando que el Congreso lo había obligado a hacer cambios fundamentales en las normas de migración por su propia cuenta. Una coalición de 26 estados, liderados por Texas, demandaron para echar atrás las decisiones de Obama, alegando que éstas son inconstitucionales y los obligan a gastar más dinero en actividades policiales, servicios médicos y educación. 

Abogados del Departamento de Justicia han alegado que mantener la prohibición afecta los intereses del público y de terceros a quienes se les niegan prestaciones humanitarias. La primera de las medidas de Obama, ampliar un programa que protege a migrantes jóvenes de la deportación si llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, debía entrar en vigor el 18 de febrero.

La otra parte importante del programa amplía la protección contra la deportación a padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que han vivido en el país varios años. Esa parte tendría que entrar en vigor el 19 de mayo.

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