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Analistas: respuesta oficial ante muerte de menores migrantes guatemaltecos ha sido débil

Publicado el 7 de enero de 2019
por Sergio Morales en Prensa Libre. Fotografía de Prensa Libre.

Analistas califican de poco contundente la respuesta oficial de Guatemala ante estos hechos y lo atribuyen a que el Gobierno busca evitar el enfado de EE. UU. y mejor aún, tenerlo como aliado en su agenda política.

“El Gobierno debiera evaluar formalizar una protesta contra el gobierno de EE. UU. por las condiciones infrahumanas en que guatemaltecos son ubicados en territorio fronterizo, a la separación familiar y especialmente por las muertes —de los migrantes—”, expuso Erick Maldonado, exvicecanciller y analista en temas migratorios.

Según Maldonado, la protesta por la vía diplomática es un instrumento autorizado y legítimo en el derecho internacional que debe ser utilizado. Además, indicó que, aparte de la explicación por las muertes ocurridas, el gobierno guatemalteco debe solicitar una “muy concreta y firme” sobre qué está pasando con los guatemaltecos en la frontera.

En agosto pasado se divulgó la noticia de la muerte de Mariee Juárez, una niña de 1 año y medio, quien no fue atendida adecuadamente cuando contrajo una enfermedad mientras permanecía en custodia por la CBP. Por este caso no hubo un pronunciamiento oficial de la Cancillería.

Con el caso de Jakelin Caal, que murió el pasado 8 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) dio a conocer en su cuenta de Twitter el envío de una nota diplomática al Departamento de Estado de EE. UU. en donde “solicita el informe de investigación de las causas de la muerte” de la menor, originaria de una remota aldea de Raxruhá.

Por último, con el deceso del niño Felipe Gómez, la Cancillería emitió un comunicado en el que lamentaba la muerte y días después, en sus redes sociales, dio a conocer del envío de una nota diplomática al secretario de Estado, Mike Pompeo, “para que realicen las investigaciones respectivas de la muerte del menor”.

En estos dos casos no se difundió el contenido de las notas. Además, el envío de estas afirma el exvicecanciller Maldonado, no necesariamente conlleva una protesta, ya que esta acción es un acto unilateral y solemne de un país en el cual muestra su inconformidad con otro.

A los casos anteriores, se suma el de Claudia Patricia Gómez, de 19 años, una migrante de San Juan Ostuncalco que murió el pasado 23 de mayo cuando un agente de la CBP le habría disparado en la cabeza.

En esa ocasión la Cancillería emitió un comunicado en el cual lamentó el uso de la violencia por la Patrulla Fronteriza e hizo un llamado para que se respetaran los derechos humanos de los guatemaltecos, al mismo tiempo que pidió una investigación exhaustiva e imparcial.

No obstante que la Cancillería considera que por esos hechos sí ha habido protestas públicas y formales, los analistas consideran que estas muertes ameritaban respuestas más fuertes.

El Salvador, por ejemplo, se pronunció de forma más contundente para responder a dos tuits del presidente de EE. UU., Donald Trump, por un trato despectivo hacia aquel país en enero del 2018; el primero, y recientemente por amenazar con recortar la ayuda financiera al Triángulo Norte.

Para el abogado Pedro Pablo Solares, analista en temas migratorios, el Gobierno de Guatemala ha mantenido un “silencio inapropiado” en el ámbito político respecto del fallecimiento de niños guatemaltecos.

Agrega que, aunque la Cancillería ha enviado notas diplomáticas donde pide aclaraciones, estas son parte de una “burocracia diplomática” que no muestra una posición política contundente, muy necesaria en momentos cuando organizaciones civiles y de derechos humanos en EE. UU. han denunciado que los migrantes detenidos en la frontera son sometidos a condiciones inhumanas.

Para solares la debilidad de los pronunciamientos respecto de las muertes de niños migrantes guatemaltecos puede interpretarse como parte de una estrategia del Gobierno de Guatemala por mantener una alianza política con la Casa Blanca.

Sin embargo, precisó que no es algo exclusivo del presidente Jimmy Morales, pero que ahora es más notorio puesto que las consecuencias por los tratos inhumanos a los que son sometidos los guatemaltecos en EE. UU. han llegado a fallecimientos.

El presidente Morales no ha mencionado en ninguna ocasión ni en sus discursos ni en sus redes sociales los casos de las muertes de los menores migrantes, ni siquiera les ha enviado condolencias a las familias en Guatemala.

Al respecto, Maldonado subraya: “Con la misma vehemencia con que el gobierno ha dicho defender la soberanía en el caso de Cicig —Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala—, quisiéramos ver esa misma defensa en el caso de los migrantes guatemaltecos, algo que lamentablemente no ha ocurrido”.
Las autoridades guatemaltecas aún están a la espera de conocer a la fecha en que será repatriado el cuerpo del niño Felipe Gómez Alonzo, de 8 años, que falleció el pasado 24 de diciembre, minutos antes de la medianoche, por causas que aún son investigadas.

Una fuente de la Cancillería precisó que el consulado de Phoenix, Arizona, le da seguimiento al caso, pero que hasta el momento aún esperan el reporte oficial que contiene los informe médicos que podrían ser claves para determinar la causa del deceso.

De acuerdo con exámenes que médicos que le practicaron al cuerpo del menor en Nuevo México, EE. UU., Felipe dio positivo de influenza B, uno de los virus causantes de la gripe, pero no se ha determinado que esa haya sido la causa de la muerte.

El menor había migrado junto con su padre, Agustín Gómez, desde Yalambojoch, una remota aldea ubicada en Nentón, Huehuetenango. Su familia que vive en condiciones precarias se quedó en Guatemala y piden a las autoridades que le permitan al padre de familia que se quede a trabajar en EE. UU. puesto que adquirieron deudas para poder emprender el viaje hacia el norte.

Mientras el informe de la autopsia practicado al cuerpo de Jakelin Caal, 7, la otra menor que falleció en custodia de la Patrulla Fronteriza, aún no es repatriado. El padre de la niña, Nery Caal, acudió este jueves a una citación que se le había programado, luego de que se le otorgó una orden de supervisión con la cual recobró su libertad.

El cónsul de Guatemala en Del Río, Texas, Tekandi Paniagua, informó que parte de las condiciones que le impusieron al padre de Jakelin era acudir a esa audiencia.

Al final de la audiencia las autoridades de Inmigración le agendaron una segunda cita para febrero, lo cual es positivo, según Tekandi, puesto que será una nueva oportunidad para sustentar mejor e caso de Caal.

Caal busca obtener asilo por parte de las autoridades migratorias estadounidenses, o en su defecto un alivio migratorio que le permita conseguir un permiso de empleo. La familia del migrante originario de una aldea de Raxruhá, Alta Verapaz, también ha pedido a las autoridades que le permitan permanecer en aquel país para que pueda enviar dinero ya que en vive en pobreza.

Paniagua indicó que en la audiencia acudió un intérprete de q’eqchi’ para que se le facilitara el proceso, puesto que, aunque Caal entiende español se siente más cómodo al hablar en su idioma materno.

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