“La política, diseñada para expandir drásticamente la expulsión acelerada, se aplica en todo Estados Unidos a cualquier persona que haya estado por menos de dos años”, advierte la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA). “La política entró en vigor hoy, antes de que el público tenga la oportunidad de hacer comentarios”, recalcó.
“La deportación expedita otorga a los agentes de inmigración una autoridad casi total para detener, emitir juicios y expulsar a alguien de este país”, dice Jennifer Minear, presidenta electa de AILA. ”El poder concedido por el gobierno lo pueden ejercer en todo el país, sometiendo a miles de personas a la deportación sin una oportunidad significativa de recopilar pruebas, consultar un abogado o comparecer ante un juez”, agrega.
Según la nueva regla publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a las personas que sean detenidas, llevan menos de dos años en el país y sea inadmisibles por haber cometido un crimen, “se les negará un día justo en el tribunal, incluso si pueden calificar para ayuda legal”, señala Minear.
AILA dice además que la respuesta del gobierno a la situación humanitaria en la frontera sur debe ser mejorar el sistema de tribunales de inmigración en su lugar de eliminar a los jueces.
Minear dijo que AILA y “nuestros aliados cercanos en el Consejo de Inmigración de Estados Unidos” ya están “planeando presentar una demanda para desafiar esta injustificable expansión de poder”.
La expansión de los poderes para que los agentes federales de inmigración deporten a inmigrantes sin estatus legal de permanencia de forma acelerada “viola” derechos garantizados por la Constitución, dice Stephen Yale-Loehr, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell, en Nueva York.
“La remoción acelerada es una disposición en el Estatuto de Inmigración que permite al gobierno deportar a ciertas personas sin una audiencia ante un juez de inmigración, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones”, indica. “Pero antes de que el gobierno pueda deportar a alguien de manera expedita, los funcionarios de inmigración deben darles a los individuos una entrevista de asilo de ‘miedo creíble’ y una oportunidad para demostrar que realmente fueron admitidos legalmente en Estados Unidos o que son ciudadanos de Estados Unidos”, añade.
Dados los ataques del gobierno a la política de asilo y al proceso de la entrevista de miedo, “algunos inmigrantes pueden ser deportados rápidamente en violación de sus derechos al debido proceso”, indica. Y agrega que “algunos ciudadanos estadounidenses también pueden ser eliminados por error de manera expedita porque no pueden demostrar su ciudadanía a satisfacción de un agente de inmigración”.
Yale-Loher dice además que “este cambio es el último ataque en la guerra del gobierno de Trump contra los inmigrantes. Estoy seguro de que una demanda seguirá inmediatamente”.
En los mismos términos se expresó Kursten Phelps, director de servicios legales y sociales del Centro de Justicia de Tahirih. “La publicación expande radicalmente el poder de los agentes de inmigración para deportar a individuos sin la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración”.
Phelps dijo además que “se trata de otro asalto al debido proceso” y entre los más afectados están los inmigrantes sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual, tráfico humano, y otras formas de abuso severo que pueden ser elegibles para obtener un estatus legal de permanencia bajo el amparo de la ley.
“Esto pone a las víctimas de violencia y sus hijos en peligro. Sabemos que, en el clima actual, hay un número cada vez mayor de inmigrantes sobrevivientes que temen reportar a sus perpetradores o perseguir casos en los sistemas de justicia civil y penal por temor a ser deportados”, precisó.
El American Immigration Council (AIC) dice que la nueva política pone en “riesgo inminente” a miles de inmigrantes que no pueden demostrar que llevan más de dos años en Estados Unidos.
El anuncio del gobierno “es una expansión sin precedentes de la autoridad de aplicación de la ley del DHS que pone a muchas personas en riesgo de deportación ilícita”, dijo Beth Werlin, directora del AIC. “El cambio crea un régimen de ‘muéstreme sus papeles’ donde los individuos, incluidos los ciudadanos estadounidenses, se verán obligados a demostrar que no deben ser deportados”.
El AICE advirtió que “no permanecerá quieto@ mientras el gobierno de Trump “continúa sus ataques ilegales en nuestras comunidades. Nos veremos en la corte”, apuntó.
The Urban Institute, por su parte, dijo que los cambios en la política federal hechos por el gobierno de Trump desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017 “han provocado un aumento del miedo y la ansiedad entre las familias inmigrantes”
La nueva regla estipula que el blanco de las deportaciones aceleradas serán todos aquellos “extranjeros considerados inadmisibles en virtud de las secciones 212 (a) (6) ( C) o (a) (7) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) que no han sido admitidos o en libertad condicional en los Estados Unidos, y que no han demostrado afirmativamente, a satisfacción de un oficial de inmigración, que han estado presentes físicamente en los Estados Unidos continuamente durante el período de dos años inmediatamente anterior a la fecha de la determinación de inadmisibilidad”.
La probabilidad de que un extranjero pueda o se haya convertido en una carga pública también es declarado inadmisible en Estados Unidos, se lee en una parte de la Sección 212 de la INA.
