Alertan sobre abusos contra empleados temporales

Todo lo anterior se da bajo el amparo de la ley al recibir un visado H2A, dijo la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Martha Judith Sánchez.

En un comunicado, la especialista del Instituto de Investigaciones Sociales informó que ello se estableció en el informe “Jornaleros mexicanos en EU con visa: los modernos olvidados”, presentado en la UNAM en el Tercer Seminario Permanente de Investigación sobre Migración México-Canadá-Estados Unidos por diversos expertos.

Señaló que esa indiferencia convierte a las instituciones y autoridades en cómplices involuntarias del fortalecimiento del sistema que sostiene el tráfico de personas y la contratación de empleados con o sin documentos.

Se requieren mecanismos de colaboración binacional para intercambiar información que permitan detectar y evitar esos abusos, indicó la investigadora.

Sostuvo que el modelo de las visas H2A no constituye un proceso autónomo de las migraciones de mexicanos.

La falta de atención al esquema de contratación en el país ha generado un vacío que los falsos reclutadores han aprovechado para obtener ganancias, al ofrecer documentos de trabajo en Estados Unidos. Las comunidades con mayor tradición migratoria son los principales objetivos de estos delincuentes.

En la investigación, elaborada por el proyecto Jornaleros SAFE, se entrevistó a 382 personas de 135 comunidades de 41 municipios de Baja California, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, Aguascalientes, Hidalgo y Estado de México. Del total, 95 por ciento reportó alguna o varias violaciones a sus derechos.

Además, 53 por ciento señaló que nadie les proporcionó información sobre sus prerrogativas como trabajadores con visa H2A; tres de cada 10 mencionó que la recibieron del gobierno estadunidense y menos de uno por ciento aludió a la proporcionada por el de México.

Mientras que 62 por ciento de los entrevistados con visa H2A pagó su transporte, total o parcialmente, gasto que, según el programa, debe ser cubierto por el empleador.

Además del traslado que, de acuerdo a la información recabada, es de casi 100 dólares, el trabajador debe pagar 270 más por su pasaporte y visa, suma que representa un gran desembolso para los campesinos que provienen de estados y comunidades con alto índice de marginación.

Ante la necesidad de los recursos, solicitan préstamos personales, que van de 300 a mil dólares.

También se registró la existencia de las llamadas “listas de espera”, en las que se inscriben los aspirantes a trabajar en los campos de la Unión Americana a cambio de cobros indebidos de hasta dos mil pesos.

La investigación fue realizada en conjunto por cinco organizaciones de México y EU: Catholic Relief Services, Centro Independiente de Trabajadores Agrícolas, Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, Global Workers Justice Alliance y United Farm Workers.??

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