Albuquerque prohíbe a ICE a entrar en áreas operadas por el municipio sin tener una orden judicial

Sin orden judicial ICE no podrá entrar a las jurisdicciones de la mayor ciudad del estado de Nuevo Mexico.

Albuquerque, aprobó anoche una resolución que prohíbe a oficiales de Inmigración entrar en áreas operadas por el municipio sin tener una orden judicial así como a sus empleados públicos a obtener información sobre el estatus migratorio de las personas.

“El concejal Peña y yo presentamos esta propuesta que busca prevenir la discriminación y asegurarnos que la ciudad de Albuquerque no es cómplice de la persecución y deportación de nuestras familias bajo la administración del presidente Donald Trump”, dijo hoy a Efe el concejal Pat Davis.

La medida reafirma aprobada anoche por la mayoría del Concejo reafirma el estatus de una “ciudad amigable para los inmigrantes”, aprobada originalmente en el 2000 por esta ciudad y que establecía que todas las personas deben de ser tratadas con respecto y dignidad a pesar de su estatus migratorio.

La aprobación de la resolución asegura que la ciudad no utilice recursos para hacer cumplir leyes federales de inmigración.

Kristin Greer Love, abogada con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), dijo en un comunicado de prensa que la aprobación de la resolución en ningún momento es un desafío a las leyes federales.

“Albuquerque debe de mostrarse firme ante los intentos de la presente administración de intimidar a los gobiernos locales y obligarlo a aplicar leyes de inmigración. Las tácticas de la administración Trump no solo son racistas, son inconstitucionales”, dijo.

Anteriormente, la organización El Centro de Igualdad y Derechos, con base en Albuquerque, había denunciado que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) estaba haciendo blanco a varios negocios en esta ciudad para verificar el estatus migratorio de sus empleados a través de auditorías.

La semana pasada, un juez federal falló a favor de Los Ángeles al considerar que el Departamento de Justicia no puede retener fondos de jurisdicciones por no cooperar con políticas migratorias.

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