Alabama: la exclusión de los migrantes

El pasado 9 de junio, se firmó la legislación HB56 en el estado de Alabama, titulada “Beason-Hammon Alabama Taxpayer and Citizen Protection  Act” (Acta de Protección Ciudadana y del Contribuyente Beason-Hammon). Esta legislación es una versión más depurada de la SB 1070 que se  presentó el año pasado en Arizona y causó tanto revuelo a favor y en contra a lo largo de Estados Unidos e incluso fuera de este país. Si en gran  medida la SB 1070 de Arizona se consideró dura, antiinmigrante y discriminatoria, la HB 56 de Alabama va un paso más allá en el camino a crear  una sociedad llena de espacios de exclusión donde los migrantes no tienen cabida. En este caso, incluso los niños son atacados, señalados como  indeseados y excluidos de lo que es un derecho fundamental: el derecho a la educación. Lo que sucede en Alabama es grave porque sienta un  precedente legal. La batalla que se ha ido peleando en las cortes en las que se detiene esta ola de sentimiento antiinmigrante, parece que finalmente  encontró oídos judiciales que consideran que, en este caso, el estado de Alabama tiene la capacidad legal de reglamentar en este ámbito.

La HB 56, con el objetivo ser lo más amplia posible, legisla una variedad de temas incluyendo vigilancia y aplicación de la ley, empleo, educación,  servicios públicos, vivienda, trasporte y alojamiento de indocumentados, identificación (REAL ID) y votación. En una primera parte esta legislación parte de la idea de que la inmigración ilegal causa problemas económicos y que además la inmigración ilegal es incentivada cuando se  otorgan beneficios públicos sin verificación de estatus migratorio. En consecuencia, se niega el acceso a servicios públicos a los migrantes indocumentados y se obliga a los servidores públicos a reportar a quienes detecten en situación irregular. Asimismo plantea que siguiendo con lo establecido por la ley federal de inmigración, el Estado de Alabama cooperará con el gobierno federal en la aplicación de la ley migratoria, a través de los acuerdos 287g y del programa Secure Communities (Comunidades Seguras).

En la parte más grave de la ley, y que la distingue de las otras iniciativas estatales, es el planteamiento de que como los niños indocumentados que asisten a la escuela pública representan un costo que afecta a los niños ciudadanos y residentes legales se hace necesario evaluar dicho impacto. La evaluación se hará a través del registro de estos niños, de la verificación de su identidad, su origen, su legal estancia y la de sus padres.
Esta ley es parte de una estrategia política de grupos conservadores de Estados Unidos, en particular por la organización FAIR (Federation for American Immigration Reform), quienes han colaborado con distintas legislaturas estatales elaborando estas iniciativas. En 2011 las
legislaturas estatales de Georgia, Indiana, South Carolina, y Utah presentaron y aprobaron legislación antiinmigrante. Todas fueron llevadas a corte (excepto Carolina del Sur). En todos los casos las leyes se encuentran en la batalla legal, habiendo perdido en las primeras instancias.
Esta historia, sin embargo, cambió con Alabama y el caso Estados Unidos v. el Estado de Alabama y el Gobernador Robert J. Bentley.

En un primer momento la juez de distrito Sharon Lovelace Blackburn otorgó una suspensión temporal hasta que se revisarán los méritos del caso. Sin embargo, el pasado 28 de septiembre la juez emitió su decisión fallando a favor del Estado de Alabama para las partes más duras de la ley. En esta decisión la juez detuvo la aplicación de cuatro provisiones de la ley, pero permitió que otras seis quedaran libres para ser aplicadas y entren en vigor.

Entre lo que el Estado no puede aplicar están las provisiones que permiten demandas a empleadores que contraten indocumentados por parte de ciudadanos o residentes que se consideren discriminados por el empleador y desplazados por los indocumentados. Tampoco entra en vigor la sección que prohíbe la asistencia a universidades públicas a estudiantes indocumentados y a refugiados y asilados. Igualmente, quedan detenidas las provisiones que criminalizan la búsqueda de trabajo como jornaleros o contratistas, y la que prohíbe la solicitud de trabajo en la vía pública o la oferta de trabajo desde vehículos. Por último, tampoco se acepta la provisión que establece que es un crimen esconder, albergar ó transportar a inmigrantes indocumentados, ni la que impide la deducción de impuestos por salarios pagados a quienes contraten a indocumentados.

Ahora bien, las provisiones que el Estado sí puede aplicar, aun cuando siga el caso en la corte y que ya entraron en vigor están:

• permitir que las agencias policiales revisen el estatus legal de una persona si se tiene una sospecha razonable de que la persona está presente de manera ilegal
• permitir que se apliquen penalidades estatales por no traer documentos de presencia legal, lo que se convierte en delito menor (misdemeanor).
• requerir que todas las escuelas públicas determinen si un estudiante nació fuera de los Estados Unidos o tiene padres que se encuentren de manera ilegal en Estados Unidos.
• se convierte en delito que un extranjero sin presencia legal entre en transacciones de negocios con gobiernos locales y el estatal (p. ejemplo, licencias de manejo, de negocios, no se incluye licencias de matrimonio).
• mandata el encarcelamiento indefinido por no traer licencia de manejo si se es indocumentado.

La batalla legal sin duda va a continuar, tanto porque viola principios constitucionales de Estados Unidos como el de igualdad frente a la ley (equal protection) y, en este sentido el respeto a los derechos civiles; y el de la preeminencia del gobierno federal en asuntos migratorios. Empero, queda claro que en tanto la legislación migratoria se ha ido desplazando del ámbito de la política exterior y de las relaciones internacionales, girando ahora hacia la esfera doméstica, los estados perciben la necesidad de participar en la regulación migratoria. Es en estos espacios más locales y regionales donde crecen los riesgos de violaciones a los derechos humanos de los migrantes y donde hay más riesgo a la discriminación tanto en el
ámbito de la política pública como en el social

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