Ahora cientos de miles de ciudadanos no se escapan de la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Trump

La política de ‘tolerancia cero’ del gobierno del presidente Donald Trump no solo tiene como blanco a inmigrantes que planean venir a Estados Unidos, sino también a quienes llegaron recientemente, a los que buscan asilo, quienes llevan algún tiempo viviendo legalmente en el país o son residentes legales permanentes (LPR, por su sigla en inglés). Pero, aunque parezca sorprendente, incluye igualmente a miles de ciudadanos, algunos desde hace más de tres décadas y que están siendo investigados por una oficina especial creada en enero de 2017.

Hasta ahora, cerca de 100 casos de un total de 315,000 naturalizaciones puestas en duda por supuesto fraude, han sido referidos al Departamento de Justicia para iniciarles un proceso de desnaturalización civil, que puede resultar en la pérdida de la ciudadanía y, dependiendo del tipo de fraude cometido durante el trámite, puede derivar en un proceso de deportación.

Pero las investigaciones continúan y el gobierno estima un aumento en el número de juicios en el corto plazo. “Se espera que la cantidad de casos que serán considerados para desnaturalización civil aumente a medida que se integren registros de huellas dactilares adicionales en IDENT (Automated Biometric Identification System)”, dijo a Univision Noticias Michael Bars, portavoz de USCIS.

IDENT es una base de datos que opera bajo el control del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuya información es utilizada tanto para fines de inmigración, inteligencia, análisis u otros usos administrativos. El programa fue desarrollado originalmente en 1994 como un sistema de recopilación y procesamiento biométrico para el desaparecido Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), pero hoy en día la herramienta se considera el principal sistema para la identificación biométrica y verificación de personas en procesos relacionados con el DHS, entre ellos los extranjeros que piden convertirse en ciudadanos estadounidenses.

El primer aviso

El 9 de enero el Departamento de Justicia (DOJ) dio a conocer pormenores de ‘Janus’, un operativo que puso bajo sospecha 315,000 ciudadanías por naturalización, luego de que se determinó que las huellas dactilares de esos casos no existían en la base de datos central de la USCIS.

Las autoridades sospecharon en ese momento que algunos de esos cientos de miles de naturalizaciones podrían estar relacionados con procesos hechos con la intención explícita de evitar revelar antecedentes criminales que hubiesen frenado tales ciudadanías.

Uno de los casos descubiertos correspondió al del ciudadano naturalizado de origen indio Basljunder Singh, alias “Davinder”. Singh llegó a Estados Unidos el 25 de septiembre de 1991 sin ningún documento que probara su identidad. Una vez procesado, fue puesto en proceso de deportación, pero no se presentó a su audiencia de inmigración y un juez emitió una orden de deportación en ausencia el 7 de enero de 1992.

Cuatro semanas después, el 6 de febrero de 1992, Singh presentó una solicitud de asilo bajo el nombre de Baljinder Singh. En el documento afirmó ser un indio que ingresó al país sin inspección.

Singh abandonó esa solicitud después de que se casó con una ciudadana estadounidense que presentó una solicitud de residencia en su nombre. El inmigrante se naturalizó bajo el nombre de Baljinder Singh el 28 de julio de 2006 y desde entonces residió en Carteret, Nueva Jersey.

El caso Singh fue llevado a los tribunales. Un juez de Nueva Jersey ordenó luego la revocación de la ciudadanía estadounidense por naturalización a Basljunder Singh, alias ‘Davinder’, dictamen que cambió de ciudadano naturalizado a residente legal permanente, situación que lo convirtió potencialmente sujeto a procedimiento de deportación a discreción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), explicó el DOJ.

El segundo aviso

La segunda semana de junio USCIS anunció fondos adicionales para una oficina en Los Ángeles, California, encargada de identificar a las personas que sospeche hayan hecho trampa para conseguir su naturalización. Y que iniciará un proceso judicial para retirarlas.

El director de la agencia, L. Francis Cissna, dijo en esa ocasión que la USCIS había contratado a decenas de abogados y agentes de inmigración para revisar los casos de inmigrantes que tenían orden de deportación y presuntamente utilizaron identidades falsas para conseguir después tarjetas de residencia (green card) y posteriormente la ciudadanía.

“La oficina de USCIS en el sur de California servirá como una localidad central para revisar y referir al Departamento de Justicia procesos de desnaturalización civil aquellos casos apropiados en los que las personas a quienes se les había ordenado la deportación, usaron múltiples identidades intencionalmente para cometer fraude contra el gobierno y contra los estadounidenses para obtener la ciudadanía.”, explicó Bars.

El vocero agregó que la oficina de California viene trabajando en el programa de revisiones desde enero de 2017, y que el anuncio hecho en junio por Cissna fue para dar a conocer nuevos fondos para contratar personal adicional que se sumará a las investigaciones.