Agentes fronterizos ahora pueden obtener información clasificada de inteligencia.

La creación del centro de investigación de antecedentes, sobre todo controlado por CBP y DHS, asusta a los expertos de derechos humanos y privacidad, así como a personas que trabajan en el ámbito de la seguridad nacional. Les inquieta que CBP e ICE lleguen a usar información clasificada para justificar la vigilancia de grupos enteros de población. También les preocupa que, una vez que el centro comience a operar plenamente, este pudiera permitir que las agencias crearan sus propias políticas migratorias de facto a través de un cumplimiento selectivo.

Rachel Levinson-Waldman, abogada principal del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center, señaló que la inquieta el mero hecho de que las instrucciones para establecer el centro vengan del mismo memorándum que pidió la “prohibición de visitantes musulmanes”. “Considero que sí existe una preocupación verdadera de que este centro se expanda y crezca”, indicó. “Sobre todo si fue establecido con la misma actitud discriminatoria que avanzó el escrutinio extremo y la prohibición de musulmanes. No es difícil ver en qué podría parar todo esto”.

Levinson-Waldman, y otros, también cuestionaron la idea de poner información clasificada de inteligencia bajo control de una agencia como CBP, la cual ha sido criticada por una gran gama de comportamientos preocupantes que incluyen la persecución de activistas, abogados y periodistas; y el DHS, el cual ha tenido tres secretarios en tres años y actualmente espera la asignación de un cuarto dirigente de parte de Trump.

“Tenemos un secretario suplente que podría salir de un momento a otro bajo la orden de un tweet”, dijo Carrie Cordero, investigadora principal del tanque de ideas de ambos partidos basado en Washington, Center for a New American Security. “El procurador general del DHS, responsable a final de cuentas de asegurar que se sigan las reglas de supervisión, fue despedido hace poco. Entonces, existen preguntas reales en cuanto al tipo de decisiones administrativas que se están tomando”.

Brian Katz, ex analista de la CIA y miembro actual del tanque de ideas sobre política exterior, Center for Strategic and International Studies, indicó que algunos miembros de la comunidad de inteligencia no confían en la supervisión del DHS de un programa de este tipo, debido a que la agencia está siendo dirigida en gran medida por asignados políticos que pueden ser influenciados por cualquier motivación que empuje el presidente. “Creo que eso es particularmente grave en la presente administración, dadas las políticas que la dirección del DHS ha promovido o ejecutado”, agregó.

Ambas agencias, DHS y CBP, así como ICE, han sido examinadas minuciosamente por una variedad de medios de comunicaciones debido a que dependen cada vez más de análisis basados en algoritmos y del minado de macrodatos (big data) para hacer cumplir las leyes migratorias.

En agosto, ProPublica publicó un artículo acerca de un hombre salvadoreño de 36 años que pidió asilo y que fue separado de sus dos hijos, quedando preso durante seis meses debido a información de inteligencia errónea relacionada con pandillas que fue proporcionada por un centro de fusión sufragado por el Departamento de Estado llamado Grupo Conjunto de Inteligencia Fronteriza, o GCIF. Dicho centro, a cargo de recopilar información proporcionada por la policía y los servicios militares de varios países, incluido El Salvador, compartió inteligencia con agentes de CBP encargados de revisar y aprobar peticionarios de asilo en la frontera. El abogado de esta persona se enteró acerca del centro de fusión solo meses después del proceso judicial. Pero, la naturaleza exacta de la evidencia errónea proporcionada por el GCIF, o su fuente, nunca se han dado a conocer debido a que el gobierno insiste que es información clasificada.

El caso es excepcional debido a que un equipo de bufetes de abogados de alto perfil participó voluntariamente para litigar este caso complicado de asilo, lo cual obligó al gobierno a proporcionar por lo menos ciertas respuestas.

En el futuro, el nuevo centro de investigación de antecedentes también podría ser usado por CBP para aprobar la entrada de peticionarios de asilo en la frontera, disfrazando aún más la fuente de cualquier información errónea.

“No tendrán idea de dónde proviene dicha información”, indicó Levinson-Waldman acerca de las personas que traten de apelar sus casos. “Y, este nuevo centro de investigación de antecedentes estará dotado de un semblante de veracidad que podría o no merecer”.

La iniciativa de CBP e ICE para recopilar grandes cantidades de datos comenzó durante la administración de Obama, pero ha aumentado exponencialmente con la administración de Trump, quien se ha dedicado a empujar agresivamente a monitorear inmigrantes. Los presupuestos de cada agencia han aumentado más de $2 miles de millones de dólares desde que Trump entró al poder, de acuerdo con un informe nuevo emitido por el Transnational Institute, otro tanque de ideas internacional. Parte importante de estos fondos se utiliza para llevar a cabo iniciativas extremas de investigación de antecedentes, tales como el Centro Nacional de Investigación de Antecedentes (National Vetting Center).

CBP e ICE ya juntan cantidades vastas de información personal no clasificada a través de recopilación de inteligencia, rastreo en medios sociales en Internet, recopilación de datos biográficos y biométricos, y al comprar acceso a bases de datos gubernamentales o corporativas locales que incluyen información tal como números de placas de automóviles o si alguien recibe estampillas de alimentos.

Todos estos datos se analizan por medio de programas informáticos que buscan “información contextual” que ayudaría a los analistas a elaborar un perfil para cualquier persona que estuviesen investigando. Varios reportajes noticiosos recientes ilustraron detalladamente las formas con las que ICE y CBP han rastreado y establecido objetivos de inmigrantes para deportarlos utilizando estos métodos.

Chinmayi Sharma, ex diseñador de programas informáticos que trabajó en contratos gubernamentales y es actualmente abogado especialista en tecnología y privacidad, indicó que lo que hace Trump a través de una serie de directrices presidenciales, transforma rápidamente la ejecución de las leyes migratorias, pasando de una dinámica de interacción principalmente humana al cumplimiento ejercido a través de análisis computarizados. Sharma escribió acerca del Centro Nacional de Investigación de Antecedentes en el blog de seguridad nacional Lawfer, así como sobre el efecto que tiene la tecnología en la labor de cumplimiento de la ley.

Al final de cuentas, dijo, el centro de investigación de antecedentes podría usurpar gran parte de la supervisión que ejerce el Congreso en cuanto a temas de inmigración. Basándose en información de dicho centro, tanto agentes migratorios como funcionarios consulares podrían otorgar o negar la entrada a los Estados Unidos en forma unilateral, excluyendo quizás a grupos de personas sin tener que rendir cuentas acerca del razonamiento de sus decisiones. “Muchas de las órdenes ejecutivas del presidente hablan de grupos de población riesgosos que ni siquiera se relacionan específicamente con algún país”, dijo Sharma. “¿Se trata de un grupo de cierta edad o religión; o, de personas que se identifican con alguna política?

“Ahora se le podría negar la entrada al país cualquier persona que estuvo en los Estados Unidos legalmente, solo por ser parte de esa población riesgosa”, añadió Sharma. “De pronto, algo que se basaba en una evaluación individual se convierte en una evaluación basada en la población”.

En una entrevista, Hawkins dijo que la manera en que los agentes de CBP, ICE y otras agencias utilizarán el centro de investigación de antecedentes es una especulación en estos momentos, ya que actualmente solo se trabaja con un programa de CBP. Sin embargo, mencionó que las agencias tienen pautas jurídicas que deben obedecer antes de poder negarle la entrada a una persona. “Les estamos dando más información que podría ayudarles a cumplir con el requisito, pero aún se debe cumplir con las normas legales”.

Tampoco queda claro si las agencias de inteligencia del país darán la bienvenida a CBP en su comunidad. El Congreso ha dicho que CBP e ICE son agencias nacionales del orden público, no agencias de espionaje. Aun así, el memorándum de Trump requiere que hasta las agencias más confidenciales de inteligencia, tales como la NSA y la CIA, compartan inteligencia clasificada con el centro dirigido por CBP. También pide que el centro amplíe la revisión de antecedentes más allá del contraterrorismo y hacia áreas tales como crimen transnacional y contrainteligencia.

Algunos expertos de seguridad como Katz, ex analista de la CIA, dudan que eso tenga éxito. “Se trata obviamente de un proyecto ambicioso en teoría”, dijo. “Pero la información de contrainteligencia es de la más confidencial que recopila el gobierno estadounidense, y habrá renuencia para compartirla”.

Katz se pregunta si el centro de investigación de antecedentes se está creando para resolver un problema o meramente para satisfacer ambiciones políticas. “Si se trata realmente de una operación de inteligencia, o de la ejecución del orden público, eso presagia bien el cumplimiento de su cometido”, agregó. “Pero, si no lo es, y únicamente se construye para captar ciertas piezas de inteligencia para lograr metas políticas, entonces el proyecto será ineficaz y probablemente esté destinado a fracasar”.

Hawkins dijo que la comunidad de inteligencia ha brindado su apoyo pero que no podría comentar acerca del alcance de su participación, ya que mucho de lo que el centro hace es clasificado.

“Realmente no han resistido en términos del concepto”, indicó Hawkins acerca de la comunidad de inteligencia. La mayoría de las conversaciones han sido acerca de los fondos, ya que tienen recursos limitados, agregó.

Otra inquietud es cómo se verá la investigación de antecedentes una vez que esta labor se amplíe más allá del contraterrorismo.

En ese sector, los analistas identifican terroristas y luego previenen que entren, dijo Hawkins. “Pero en el ámbito de contrainteligencia, esa quizás no sea la respuesta. Quizás habrá que dejarlos entrar y rastrearlos, o algo así”, señaló. “Entonces, tenemos que definirle a la gente lo que queremos decir con investigación de antecedentes, ya que es algo distinto que el contraterrorismo”.

Por ahora, indicó, el centro de investigación de antecedentes se enfoca en contraterrorismo y en ayudarle al Centro Nacional de Identificación de Objetivos (National Targeting Center) de CBP, a revisar solicitantes a través del programa del Sistema Electrónico para Autorización Turística (Electronic System for Travel Authorization, ESTA). Turistas de países que no requieren visa, tales como Alemania y el Reino Unido, deben solicitar autorización en ESTA antes de viajar a los Estados Unidos. En junio, CBP comenzó a pedir que dichos visitantes listaran todas sus cuentas de medios sociales de los últimos cinco años. Aunque ese requisito es opcional en estos momentos, ya es obligatorio para turistas de países que sí requieren visa.

Al observar el programa ESTA se puede detectar la forma en la que el centro podría funcionar en cuanto a la investigación de antecedentes de migrantes en las fronteras del país.

Hawkins indicó que el centro toma información proporcionada por solicitantes de ESTA y la envía a las agencias de inteligencia, las cuales luego devuelven cualquier información peyorativa detectada. “Por ejemplo, podría tratarse del número telefónico de un solicitante de ESTA que compagine con el teléfono en un cable redactado [por la agencia de inteligencia], y, de pronto existen puntos negativos relacionados con ese número y llegamos a pensar que es la misma persona”, añadió Hawkins. “Y nos dan el cable para revisarlo. O bien, podría tratarse de un vínculo con un registro de la lista de terroristas bajo observación, y dicen: ‘OK, parece que esta persona es la misma de la lista bajo observación, y aquí está el vínculo’”.

El centro no tiene sus propios analistas ni recopila su propia inteligencia, mientras que el programa ESTA cuenta con analistas de CBP de planta, dedicados a recibir la información. Hawkins dijo que el centro fue diseñado para revisar grandes cantidades de solicitantes diariamente, lo cual requiere algo de automatización aunque no del todo, agregó.

“El objetivo son grupos enteros de población o programas completos. Revisamos a cada uno de los solicitantes y no buscamos subgrupos. En ese sentido, nuestro cliente, trátese de ICE, CBP o USCIS, acude a nosotros para obtener información clasificada en tiempo real, o casi en tiempo real, para respaldar su operación”. Sin embargo, agregó que “siempre hay alguien viendo la información, por lo que no son las computadoras las que deciden quién queda aprobado”.

De todos modos, conforme se expanden estas categorías de información, y las amenazas potenciales, también aumenta la cantidad de personas bajo sospecha y vigilancia. “Sabemos que DHS clasificó como objetivo a las manifestaciones dentro del país y a personas que proporcionan servicios legales en la frontera”, dijo Levinson-Waldman. “Al ampliarse el alcance del Centro Nacional de Investigación de Antecedentes, será interesante ver si este tiene algo que ver con la determinación de objetivos de DHS sobre la cual tenemos conocimiento”.

Hawkins aceptó que conforme el centro se encarga de más programas de investigación de antecedentes, los temas de confidencialidad y libertad civil tendrán que ser revisados, sobre todo si al centro se le permite añadir contrainteligencia a su proceso de investigación el próximo verano. Sin embargo, indicó, antes de que se inicie cada programa nuevo, los abogados del centro evaluarán la legalidad de los mismos y emitirán una declaración de efectos sobre la privacidad.

Patrick Toomey, abogado principal de planta del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, dijo que aunque todo haya sido evaluado por los abogados del mismo centro, no hay manera de evaluar verdaderamente cómo se verá afectada la privacidad de ciudadanos estadounidenses y extranjeros.

“Realmente surgen muchas preguntas porque hay muy poca información específica”, indicó Toomey. “¿Qué tipos de información clasificada se está compartiendo?, por ejemplo. No han explicado nada de eso”.

Hawkins aceptó otro enigma en el núcleo del nuevo centro: en el futuro, indicó, si los buscadores de asilo, migrantes, o hasta visitantes, de Estados Unidos, desean desafiar las decisiones basándose en inteligencia errónea proporcionada a través del centro, tendrán que apelar a la agencia original que proporcionó la información. El problema es que el nombre de dicha agencia quedará probablemente como información clasificada.

El Centro Nacional de Investigación de Antecedentes no ha establecido un método de rectificación, dijo. “Queremos conectarnos con cualquier cosa que exista en estas agencias, pero no estamos creando nada propio”.

Nada de esto calma a los expertos en privacidad y derechos civiles, ni a los abogados y defensores de inmigración.

“En estos momentos es como una caja negra”, comentó Levinson-Waldman acerca del nuevo centro. “Es difícil no ser escéptico, porque existen muchos ejemplos anteriores que nos dan idea de lo que podría funcionar mal”.