Administración Trump quiere contratar a otros 100 jueces migratorios

A fin de cumplir con el plan migratorio del presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia (DOJ) espera contrar a 100 jueces de inmigración en el año fiscal 2020, confirmó el fiscal general William Barr en su mensaje de apertura ante el Subcomité de Asignaciones de Comercio, Justicia, Ciencia y Agencias Relacionadas de la Cámara de Representantes.

“Este año está en camino de ser aún más productivo”, afirmó. “Al final del primer trimestre del año fiscal 2019, nuestros tribunales de inmigración estaban a punto de completar más casos que en cualquier momento desde el año fiscal 2006”.

Señaló que para continuar por ese camino, el DOJ requiere $71.1 millones de dólares para contratar a 100 jueces y a personal de apoyo adicional.

“Esto elevaría el número de jueces de inmigración autorizados a 634, lo que sería más del doble del número de jueces en Consejo en el año fiscal 2016”, apuntó. “Dado el hecho de que estos jueces se enfrentan a un registro de 860,000 casos sin precedentes, esta inversión está más que justificada”.

Barr destacó que desde 2017, el Departamento –entonces a cargo de Jeff Sessions— ha aumentado la contratación de jueces para intentar despresurizar las cortes que atienden casos de asilo, refugio, deportaciones, entre otros.

“El Departamento ha contratado a más jueces de inmigración bajo el presidente Trump que en los siete años anteriores combinados”, apuntó. “Ahora empleamos el mayor número de jueces de inmigración de la historia, con un 46 por ciento más… que hace solo tres años”.

Agregó que en los después de ocho años consecutivos “baja productividad”, a partir del años fiscal 2017, ya con la Administración Trump, “nuestros jueces han aumentado la finalización de casos por dos años consecutivos”.

Los planes de Barr constrastan con los dichos del presidente Trump, quien afirma que debería desaparecer el “sistema de asilo” de los Estados Unidos, en medio del aumento de peticiones, debido a las caravanas de inmigrantes.

“Tienen que deshacerse de todo el sistema de asilo, porque no funciona y, francamente, deberíamos deshacernos de los jueces”, dijo el mandatario las semana pasada. “No se puede tener un caso en la corte cada vez que alguien pise nuestro país”.

Con Sessions, los jueces tuvieron una mayor presión para resolver casos, pero la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, por sus siglas en inglés) –que integra a más de 400 miembros– rechazan que el DOJ imponga las cuotas de 700 casos anuales por impartidor de justicia y afecte el debido proceso en cada caso.

En enero de este año, la presidenta de la NAIJ, Ashley Tabaddor, alertó sobre el aumento de los casos en cortes migratorias, debido a aplazamientos derivados de las políticas del presidente Trump.

“La gran mayoría del expediente judicial de inmigración está constituido por inmigrantes que han sido liberados, pero están siendo monitoreados, o casos de ‘no detenidos’”, indicó. “Es desafortunado que hayamos alcanzado este nivel de disfunción”.

Aunque actualmente hay más de 860,000 casos pendientes, el NAIJ teme que pronto la suma alcance el millón.

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