Acusan de negarle ciudadanía a migrantes nacidos en México

Hace tiempo que Josué Carlos Rivera, consejero en asuntos migratorios de la embajada de Honduras, centra su atención en visitar cada uno de los registros civiles en donde las autoridades se niegan a otorgar actas de nacimiento a hijos de hondureños nacidos en México.

El diplomático prefiere pensar que no es xenofobia o sentimientos antiinmigrantes, sino ignorancia. De la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de la Ley de Migración y hasta de la Constitución que reconoce como mexicano a cualquier persona que nace en el territorio, según el artículo 30.

El caso es que los funcionarios públicos, sean del Distrito Federal, del Estado de México —donde se concentra el mayor número de alumbramientos de centroamericanos— o de cualquier parte del país, dificultan dar identidad a los niños.

“Aquí tenemos cualquier cantidad de hondureños que no pueden registrar a sus hijos o no logran casarse porque en el registro civil no saben que las leyes cambiaron y ahora no hace falta mostrar documentos migratorios para trámites civiles”, denuncia. “Tenemos que hacer labor, registro por registro, y explicarles”.

El problema se repite una y otra vez. No sólo contra hondureños, sino contra todos los centroamericanos, de acuerdo con un análisis de consulados en el Primer Foro de Migrantes Frontera Norte, Frontera Sur, realizado en este municipio conurbado de la ciudad de México, que fue el primer municipio declarado “santuario migrante” en el país en 2009.

Alfredo Díaz, cónsul general de El Salvador en México, describió que desde la representación de su país en México, observan que los funcionarios de los registros civiles no están informados que para dar de alta a un recién nacido sólo se necesita el acta de nacimiento de los padres, una constancia de alumbramiento y una identificación personal sin importar la nacionalidad.

“Entendemos que los cambios legales son lentos, pero aquí se han tardado mucho para asimilar la migración: todavía hay policías que creen que la migración es delito”.

Maria Eugenia Baltodano, cónsul general de Nicaragua en México, sugirió a las autoridades mexicanas hacer una intensa campaña de información que frene la invisibilidad legal de los indocumentados.

Los rechazos de inscripciones de natalidad por ser hijo de extranjero se incrementaron desde que el endurecimiento y la inseguridad de la frontera con Estados Unidos obligan a un porcentaje indefinido de transmigrantes a establecerse en México.

“Todavía es imposible saber el número exacto de los que se quedan porque el inmigrante tiene miedo de dar la cara”, describió.

El terror a ser deportados orilla a los “sin papeles” incluso a cambiarse el nombre en los hospitales, como ocurrió a Yara E. Yáñez, una nicaragüense que dio a luz a su hija con los documentos de una amiga mexicana que la apoyó en el momento del parto.

“Ella se quiere quedar en México porque con una hija puede nacionalizarse, según las nuevas leyes, pero no puede demostrar que es la madre”, describió Baltodano.

“Aquí a los migrantes se les paga menos del salario mínimo si no tienen documentos o los hacen trabajar y no les pagan, y si reclaman los amenazan con Migración”, dijo.

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