Activistas y familiares de detenidos en redada de Arizona piden su liberación

“Mi esposo no es ningún criminal, él solamente estaba trabajando, no es justo que nos hagan esto”, dijo hoy a Efe Laura Torres, de 26 años y esposa de Juan Carlos Reynoza, uno de los trabajadores detenidos durante la redada del pasado sábado a 16 lavados de autos de la compañía Danny`s Carwash y la compañía contratista H-R. Betty en Phoenix.

Con su hija de 10 meses en brazos y acompañada de su hijo de 3 años, Torres se presentó hoy ante las oficinas de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para pedir la liberación de su esposo, quien sigue detenido debido a que con anterioridad ya había sido deportado en dos ocasiones.

“Cuando hablé con él me dijo que lo están presionando para que firme su salida voluntaria, le dijeron que ya un juez firmó su deportación y que de un momento a otro lo sacan a México”, dijo.

Reynoza, originario de Michoacán (México) llevaba más de siete años viviendo como indocumentado en EE.UU, y su ultima deportación se debió a que fue detenido por un policía mientras conducía su auto.

Para evitar que volviese a suceder lo mismo utilizaba una bicicleta para llegar a su trabajo, a pesar de que eso suponía una hora de recorrido.

ICE aseguró en un comunicado de prensa que el operativo está relacionado con una investigación criminal, enfocado en los dueños de la compañía de lavados de autos y no en contra de los trabajadores indocumentados.

Sin embargo, de acuerdo a cifras de esta agencia federal, durante la redada se detuvieron a 223 personas, de los cuales cuatro ciudadanos de EE.UU. y diez mexicanos fueron detenidos bajo cargos federales.

Otros 30 se encuentran actualmente bajo custodia de ICE y en proceso de deportación debido a su historial criminal o migratorio, mientras que 179 inmigrantes indocumentados ya fueron dejados en libertad mientras se procesa su caso.

“Esta es una de las redadas más grandes que ha hecho ICE en Arizona y todo EE.UU”, dijo a Efe Natalie Cruz, representante del grupo Puente.

Indicó que desde que se llevó a cabo la redada, su organización ha recibido constantes llamadas de familias que fueron afectadas y que ahora requieren asistencia legal.

“Aunque ICE nos ha dicho que éste fue un operativo basado en una investigación criminal, desafortunadamente 223 trabajadores fueron arrestados y, aunque la gran mayoría fue dejada en libertad, ahora enfrentan un proceso de deportación”, dijo Cruz.

Indicó que muchos trabajadores tienen miedo de que de un momento a otro agentes de Inmigración se presenten en sus hogares para detenerlos nuevamente a ellos y sus familias.

“El impacto que esta redada está teniendo es tremendo, hay mucha confusión y miedo entre la comunidad, inclusive entre aquellos que no tienen ninguna relación con los lavados de autos”, aseguró la defensora de los derechos civiles.

Los activistas se están enfocando en los casos de personas como Reynoza, quien es calificado como un “criminal” por Inmigración debido a que previamente había sido deportado.

“Las personas que han sido deportadas previamente y que han cruzado nuevamente para estar con sus hijos y sus familias no deben de ser calificados como criminales”, enfatizó.

Por su parte, un empleado de uno de los lavados de autos afectados que no quiso ser identificado dijo a Efe que en su centro de trabajo se llevaran a cuarenta personas y, aunque hoy regresaron a su quehacer diario, la actividad ha disminuido el 50 por ciento.

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