Activistas no pierden la esperanza en una reforma migratoria

 

Organizaciones pro inmigrantes anunciaron el miércoles que ultiman los detalles de una nueva estrategia a favor de la reforma migratoria que impulsarán a partir de septiembre, cuando el Congreso retome el trabajo luego del receso de verano.

“No vamos a dar nuestro brazo a torcer”, dijo a Noticias Univision.com Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA). “Nosotros creemos que todavía existe la posibilidad de que se apruebe una reforma migratoria bipartidista en la Cámara de Representantes”, agregó.

Dijo además que “nuestra postura y nuestras movilizaciones durante todo el mes de agosto, septiembre y octubre se deben a que tenemos suficientes pelos en las manos para poder aseverar que este gato es pardo” y advirtió que la batalla no se detendrá hasta que el legislativo apruebe una reforma amplia.

Tanto CHIRLA como otros grupos nacionales, entre ellos el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), el Foro Nacional de Inmigración (NIF), Immigration Reform Pro America, America’s Voice y el Movimiento Latino USA, con el apoyo de los sectores religioso, sindicatos, agricultores, la Cámara de Comercio y el grupo de alta tecnología respaldan la versión de reforma migratoria que a finales de junio aprobó el senado.

El plan incluye una vía a la ciudadanía para millones de indocumentados que están en Estados Unidos desde antes del 31 de diciembre de 2011 y carecen de antecedentes penales.

“En los próximos tres meses estaremos dándole la cara a los miembros de la Cámara de Representantes y al Presidente para que toda la lucha y sacrificio que se ha invertido en el 2013 logre una solución verdadera a la temática migratoria”, dijo Cabrera. “No podemos predecir con seguridad qué otros temas puedan tomar relevancia en Washington, pero no permitiremos que ningún otro asunto oscurezca la posibilidad de que éste congreso solucione un problema que pesa en el corazón de los estadounidenses”.

El Plan B

En junio asomó la posibilidad de un Plan B en caso que la Cámara de Representantes no apruebe una reforma migratoria y las organizaciones le pidan al presidente Barack Obama que firme una acción diferida para dar estatus legal de permanencia a millones de indocumentados.

La directora de medios hispanos de la Casa Blanca, Katherine Vargas, dijo al periodista Jorge Ramos en el programa Al Punto de la cadena Univision, el domingo, que “el presidente ha sido muy claro que quiere ver un paquete de reforma migratoria” y que en estos momentos “no podemos especular qué va a hacer la Cámara de Representantes. Nuestro enfoque en estos momentos es lograr un paquete de reforma migratoria integral que incluya los principios del presidente”.

Uno de esos “principios” señalados por Vargas es una vía a la ciudadanía similar a la contenida en el proyecto S. 744 aprobado por el Senado. El plan permite que los indocumentados que carecen de antecedentes criminales entren en un estado de residencia provisoria por espacio de 10 años, al término del cual podrán pedir la residencia. Tres años después serán elegibles para tramitar la ciudadanía.

Vargas también dijo que esa opción “tiene un respaldo bastante amplio” y que “estamos en una oportunidad de única de poder por fin arreglar nuestro sistema migratorio. Arreglar a medias y dejar la situación de 11 millones de personas sin resolver, de que siempre exista la duda de una deportación si son legalizados pero no son ciudadanos, eso no es suficiente”.

A la pregunta si el presidente concedería un estatus migratorio temporal -como a los dreamers- a los 11 millones de indocumentados si el Congreso no aprueba la reforma migratoria, Vargas dijo que la solución tiene que ser legislativa y permanente. “Solamente estamos enfocados en la reforma migratoria y a través de una solución legislativa que logre que las personas puedan legalizarse y tengan una oportunidad para la ciudadanía”.

Sigue vigente

Para Juan José Gutiérrez, director del Movimiento Latino USA,  el Plan B sigue tan vigente como en junio cuando asomaron los temores de que la Cámara de Representantes no aprobará la reforma migratoria.

“Toda vez que el Presidente tiene la facultad ejecutiva de ordenar una acción diferida, el Plan B sigue vigente”, se trata de una facultad que “no caduca hasta que el Presidente deja de serlo”, dijo el activista.

“Toda vez que el Presidente está comprometido de forma total con solucionar la crisis migratoria mediante la regularización de los indocumentados, él debería de entender que si el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, John Boehner, no da luz verde para que se inicie el debate, el Presidente deberá de entender dicho comportamiento como si los republicanos hubiesen cruzado una línea roja y proceder a otorgar estatus temporal de permanencia a todos los indocumentados elegibles”.

Boehner dijo en junio que no llevará al pleno ningún proyecto que no cuente con el apoyo de la mayoría de la mayoría, es decir, con el respaldo de 118 de los 234 congresistas republicanos. Entre 50 y 60 de ellos apoya un plan como el aprobado por el Senado, reconocieron dos congresistas demócratas al tiempo que 23 republicanos firmaron un documento pidiendo al liderazgo republicano que envíe al pleno una propuesta que incluya la ciudadanía.

De la estrategia para los meses venideros, Gutiérrez dijo que las organizaciones seguirán “presionando al presidente del Congreso, el republicano John Boehner (Ohio) para que se permita el debate sobre la reforma migratoria”.

En la Cámara al menos 195 demócratas apoyan un plan que otorgue la ciudadanía a los 11 millones de indocumentados. Sumados a los 60 republicanos que han expresado su intención de aprobar el proyecto, reúnen los 218 votos mínimos necesarios para convertir en ley la reforma migratoria.

Kika Matos, portavoz del Movimiento por Una Reforma Migratoria Justa (FIRM), dijo que la organización “no apoya un Plan B” y que el Congreso está cerca de “una reforma migratoria justa gracias al trabajo, sacrificio y sufrimiento de muchas familias, incluyendo muchas personas que ya no están con nosotros por causa de la deportación”.

“No hemos pasado por todo esto para un Plan B. La única verdadera solución digna de este país es una reforma migratoria integral con un camino claro a la ciudadanía. Continuaremos alzando nuestras voces, haciendo las llamadas telefónicas a los congresistas, aumentando nuestras actividades ciudad por ciudad para convencer a todo congresista clave hasta tener suficientes votos para la reforma que merecemos. El momento es ahora, no después”, puntualizó.

De las deportaciones

En lo que va del año fiscal 2013 el gobierno de Obama ha deportado a más de 311 mil indocumentados de acuerdo con un reporte de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) solicitado por Noticias Univision.com.

Del 1 de octubre de 2012 al 3 de agosto de 2013 la agencia deportó a 311,387 de inmigrantes sin papeles, de ellos a 176,281 criminales (56.6%) y 135,106 no criminales (43.3%).

De acuerdo con los datos, ICE deporta a diario un promedio de 1,024 indocumentados (42.6 cada hora). Durante el año fiscal 2012 el promedio fue de l.220 indocumentados diarios (50.8 cada hora) y de ellos poco más del 55% tenía antecedentes criminales según el gobierno.

En 2012 el número de deportados fue de 409,849 y en 2011 la cifra alcanzó los 396,906 con un average de 33,330 expulsados por mes.

La Casa Blanca dijo que el principal responsable de la política de deportaciones es la actual ley migratoria “que o funciona”, y que si la Cámara de Representantes no aprueba la reforma migratoria, “al final del día tenemos que hacer cumplir las leyes y es el Congreso el que dice que tenemos que deportar a 400 mil personas por año”, indicó Vargas.

Cabrera respondió que, “en cuanto a las expulsiones, la postura del Presidente siempre ha sido que las leyes deben de cumplirse, aplicarse sin importar el costo. No estamos de acuerdo con esta postura de ninguna manera y creemos que la Administración se ha quedado corta en proporcionar soluciones que alivien el sufrimiento de nuestra comunidad”.

“Por razones prácticas, estratégicas, políticas o lo que sea, este Presidente ha elegido sacrificar a nuestras familias y las sigue deportando silenciosamente. Sin embargo, que no quepa duda que el electorado Latino e inmigrante le pedirá cuenta a los que pudieron hacer algo y no lo hicieron mientras que nuestras familias se disolvían por millones durante todos estos años”, apuntó.

Durante el primer mandato de Obama (2009-2012) el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo cuyo mando opera ICE; fueron deportados más de 1,5 millones de inmigrantes indocumentados. El gobierno asegura que la mayoría tenía antecedentes criminales, pero las organizaciones pro inmigrantes reiteran que entre seis a siete de cada 10 expulsados no tenía antecedentes criminales que pudieran en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos.

“Las deportaciones ya no tienen razón de ser”, dijo Gutiérrez. “Estamos muy cerca de una reforma migratoria. ¿Por qué continuar con las deportaciones? Eso solo tiene sentido hacerse cuando la mayoría apoya dichas leyes y el beneficio va en apoyo al bienestar de las mayorías. Pero cuando las leyes ya no funcionan y no disponen del apoyo popular, se deben de proteger los intereses de los afectados por las leyes rotas e inoperantes”, concluyó.

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