ACLU demanda para que los inmigrantes detenidos tengan acceso a abogados

Una familia inmigrante y sus abogados han presentado una demanda contra varias agencias gubernamentales de los Estados Unidos, incluyendo el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, alegando que las autoridades no están permitiendo que los solicitantes de asilo en el programa de Protocolos de Protección al Migrante tengan acceso adecuado a asesoría legal.
Los Protocolos de Protección al Migrante, también conocidos como Permanecer en México, es una de las políticas de inmigración más duras del gobierno de Trump. Los solicitantes de asilo son enviados de regreso a México para esperar el resultado de sus casos de inmigración en los Estados Unidos. En México, a menudo se enfrentan a una mayor inseguridad mientras esperan las fechas de sus juicios en peligrosas ciudades fronterizas.

Los defensores de los derechos de los migrantes dicen que el programa dificulta el acceso de la gente a la asistencia legal de Estados Unidos porque los abogados tienen que cruzar una frontera internacional para reunirse con sus clientes.

Los abogados de inmigración dijeron el martes que a las personas que expresan temor de ser devueltas a México también se les niega el acceso a sus abogados durante las entrevistas de gran importancia mientras se encuentran bajo custodia de la CBP.

Bajo el programa, se supone que las personas que expresan miedo de ser devueltas a México reciben una entrevista, llamada “entrevista de no expulsión”, en la que se les permite explicar por qué tienen miedo de regresar a México. La coalición de abogados que presentó la demanda federal anunció el martes que el gobierno de Estados Unidos está negando ilegalmente a estos solicitantes de asilo el acceso a su asesoría legal durante esta entrevista crítica, la cual, según dijeron, podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para algunos migrantes.

La Unión Americana de Libertades Civiles de los Condados de San Diego e Imperial, junto con el Jewish Family Service of San Diego y el Immigrant Defenders Law Center, anunciaron la demanda federal en una conferencia de prensa el martes.

“La administración Trump está llevando a cabo un ataque total contra inmigrantes y refugiados, y esto fue desde su campaña hasta su toma de posesión y todos los días en su administración”, dijo Norma Chávez-Peterson, directora ejecutiva de la ACLU de los condados de San Diego e Imperial. Su administración ha hecho casi todo lo que puede hacer para sabotear no solo nuestro proceso de asilo, sino también para perseguir a los inmigrantes y refugiados, incluyendo a los que están en el programa Permanecer en México” (Remain in Mexico) o MPP.

Un portavoz del CBP dijo que la agencia no podía responder a las acusaciones debido al litigio pendiente.

“Sin embargo, de acuerdo con la ley, a los extranjeros no se les ha permitido tener un abogado durante su inspección en los puertos de entrada o en las estaciones de la Patrulla Fronteriza”, dijo el portavoz de la CBP, Ralph DeSio.

Los demandantes son una familia guatemalteca que huyó de su casa en abril de 2019 después de haber sido extorsionados por pandillas, dijo Luis González, uno de los abogados de la familia. La hija de 17 años de la pareja fue violada y amenazada de muerte, dijo.

Mientras viajaban a través de México hacia la frontera con Estados Unidos, la pareja y sus cinco hijos dijeron que fueron agredidos a punta de pistola por hombres con uniformes del gobierno y obligados a quitarse la ropa durante el ataque. Uno de los agresores estranguló a la hija de 17 años mientras estaba completamente desnuda, según la demanda.

En agosto de 2019, la familia solicitó asilo en los Estados Unidos, pero bajo la MPP fueron devueltos a Tijuana para esperar sus procedimientos de inmigración.

Un abogado del Jewish Family Service de San Diego dijo que cuando la familia expresó su temor de ser devuelta a México, fueron puestos bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional y el padre fue separado del resto de la familia.

Esposado, al teléfono y sin representación legal, así fue como se le dio al padre una “entrevista de miedo de regresar a México”, dijo González, quien es un abogado supervisor de inmigración en el Servicio de Familias Judías de San Diego y parte del equipo que representa a la familia guatemalteca.

La familia fue devuelta a Tijuana sin explicación, dijeron sus abogados el martes.

Desde entonces, el padre ha sido robado a punta de pistola mientras se dirigía al trabajo, dijo González.

En México, los más de 50 mil solicitantes de asilo, en su mayoría de América Central, han sido devueltos a ciudades fronterizas donde pueden enfrentarse a amenazas de secuestro, extorsión y discriminación, según Human Rights First, que documentó 110 casos de violación, secuestro, explotación sexual, agresión y otros delitos violentos contra solicitantes de asilo devueltos a México en el marco del MPP o que permanecen en México.

En Tijuana, la amenaza de secuestro de migrantes es tan severa que la policía del estado de Baja California ha estado yendo a refugios para migrantes dando presentaciones sobre cómo evitar ser víctima de secuestro.

Chávez-Peterson dijo que las políticas de inmigración de la actual administración están erosionando los valores de Estados Unidos.

” … También estamos presentando este caso porque el derecho a tener acceso a un abogado, el derecho a consultar con un abogado y el derecho a tener un abogado es fundamental para quiénes somos como país”, dijo Chavez-Peterson.

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