ACLU demanda a la ciudad que inició la rebelión antisantuario en California

Una coalición de grupos que defienden a los inmigrantes, encabezada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), presentó una demanda este miércoles contra la Ciudad de Los Alamitos en California, sus líderes y su Policía local, por su decisión de no acogerse a las leyes santuario del estado.

Los Alamitos, una pequeña ciudad del condado de Orange con apenas 11,500 habitantes, se convirtió este lunes en la primera localidad californiana en aprobar una ordenanza que pide a sus agentes del orden desacatar la ley SB54, la cual prohíbe a los policías locales colaborar en los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para detener inmigrantes indocumentados.

Desde que el ayuntamiento de Los Alamitos debatió por primera vez este tema en marzo, 11 municipios del sur de California, así como las juntas de supervisores de los condados de Orange y San Diego, le han seguido los pasos, aunque estos solo aceptaron sumarse a la demanda que interpuso la Fiscalía general de Estados Unidos contra tres normas santuario, que entraron en vigor desde el 1 de enero.

“La ordenanza (de Los Alamitos) autoriza a los agentes de la policía local y a los funcionarios escolares, así como a otros funcionarios locales, ignorar los términos del Acta de Valores (como se le conoce a la SB54) y colaborar con las autoridades de inmigración”, expone la querella a la cual se unió un grupo de vecinos de esa ciudad llamado Los Alamitos Community United.

“Una localidad no puede promulgar una ordenanza que esté en conflicto con la ley estatal, dejando una que –a simple vista– autoriza a los funcionarios locales violar la ley estatal”, agrega.

De acuerdo a la demanda, la nueva norma de la ciudad “tendrá un impacto devastador y de largo alcance en las comunidades de Los Alamitos y otros lugares”, resaltando que los legisladores estatales promulgaron la SB54 precisamente para que los indocumentados realicen sus actividades cotidianas, como acudir a trabajar, a la escuela y al hospital “sin temor a la deportación”.

ACLU ya había amenazado con presentar una acción legal en contra esta decisión de Los Alamitos, por eso no tomó por sorpresa a su alcalde Troy Edgar, quien desde el pasado 22 de marzo abrió una cuenta en la página GoFundMe para recolectar fondos que les ayuden a enfrentar este desafío judicial. Este miércoles, su campaña había recibido más de 11,000 dólares de los $100,000 que pretende reunir.

“Al donar, siento que estoy con ustedes defendiendo la constitución de Estados Unidos”, expresó una persona que donó 50 dólares a esta recaudación. Dos personas, cuyos nombres no fueron publicados, aportaron 5,000 dólares. El alcalde desembolsó $1,000. Otra donante, Stephanie Martínez, quien dio un modesto donativo de $10, comentó: “No permitiremos que los ladrones en la Legislatura continúen robándonos”.

Edgar evitó comentar del asunto por tratarse de un litigio pendiente, pero mencionó que la ordenanza contra la SB54 se aprobó para atender lo que él considera un problema de seguridad nacional. “Esto se trata de los inmigrantes ilegales en el país y de tratar de mantenerlos fuera de nuestras comunidades”, dijo.

El funcionario contó que su esposa emigró de Irán y que a ella le tomó tres años llegar a este país. “No tengo problemas con la inmigración. Todo lo que diría es que este tema se confunde en ambos lados por los partidarios. Van a los extremos y creo que eso es incorrecto”, señaló el alcalde. “Mi postura es representar al 80% entre esos dos extremos que quiere obedecer la Constitución y que nuestras agencias del orden trabajen con el gobierno federal en asuntos de inmigración”, agregó.

A decir del alcalde, Los Alamitos no viola las leyes de California porque es una ciudad independiente que tiene la libertad para promulgar sus propias normas, aunque estas sean distintas a las estatales. “Quiero que las personas que no pertenecen aquí y que han cometido un delito sean enviadas de regreso a su país; y quiero mantener a mi ciudad a salvo”, concluyó el edil.

Esta demanda se presenta un día después de que la Junta de Supervisores de San Diego aceptara unirse a los que quieren derogar las políticas santuario. El debate se aprobó con una votación de 3 a 1. Se trata del segundo órgano legislativo a nivel condado -primero lo hizo Orange- que le pide a la administración federal continuar su plan de expulsar a los que no tienen papeles.

“Estamos enviando un mensaje claro al gobernador (Jerry) Brown: es suficiente. Él tiene que obedecer la Constitución”, dijo la supervisora del condado Kristin Gaspar, en una entrevista con Fox News.

Tras este debate, ACLU tachó de “problemática” la decisión que tomaron los legisladores en San Diego. Mientras que el único representante que votó en contra de dicha resolución, Greg Cox, expresó que la base del problema radica en la capital del país. “Necesitamos líderes en ambos partidos para finalmente presentar una reforma migratoria integral”, opinó.

Por su parte, el Sheriff de ese condado indicó el martes que sus agentes continuarán acatando la SB54.

“Queremos que todos nuestros residentes se sientan cómodos denunciando crímenes o presentándose como testigos de actos criminales”, dijo la agencia policial en un comunicado. “La aplicación de la ley en todos los niveles en la región de San Diego tiene una fuerte cultura de cooperación”, enfatizó.

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