ACLU acusa a ICE y al servicio de inmigración de engañar a inmigrantes para arrestarlos y deportarlos

Publicado el 15 de agosto de 2018
por Univision y EFE en Univision Noticias. Fotografía de EFE.

Dos agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fueron acusadas de trabajar juntas para engañar a inmigrantes con el objetivo de arrestarlos y deportados de Estados Unidos.

Una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), indica que las dos dependencias atrajeron a inmigrantes indocumentados casados con estadounidenses a entrevistas para conseguir la residencia (green card). Durante el proceso fueron apresados, privados de libertad y puestos en proceso para ser expulsados del país.

ACLU demandó por este acto a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), dependencia encargada de gestionar y otorgar las residencias, y a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la policía federal a cargo de las deportaciones.

La demanda indica que ambas oficinas coordinaron una estrategia para detener a inmigrantes sin un estatus migratorio de permanencia en regla y se aprovecharon de sus anhelos para regularizar su situación migratoria.

Los documentos obtenidos por varios medios luego desvelan correos electrónicos intercambiados entre miembros de la USCIS e ICE, en los que se evidencia una planificación detallada de estos planes de arresto.

La USCIS planificó y programó las entrevistas a determinadas horas a petición de agentes de ICE que participaron en la operación.

También muestran que las entrevistas fueron programadas de tal manera que hubiera suficiente tiempo entre las citas para que los medios de comunicación tuvieran “menos opciones” de descubrir esta táctica, según explica ACLU.

En uno de estos correos, Andrew Graham, un agente de ICE, reclamó tiempo suficiente entre las entrevistas a un trabajador de la USCIS de manera explícita, con el fin de arrestar a personas indocumentadas que son parejas de ciudadanos estadounidenses al finalizar las vistas, obligatorias durante un proceso de residencia para verificar datos.

“En lo que se refiere a los horarios, preferiría que no hagan (las entrevistas) todas al mismo tiempo, ya que no solo afecta nuestra capacidad de transportar y procesar varios arrestos, sino que también tiene el potencial de atraer los intereses negativos de los medios, cómo hemos visto en el pasado”, escribió Graham.

A pesar de que la USCIS ha señalado en varias ocasiones que los datos recabados de sus clientes con propósitos migratorios no son compartidos con otras agencias para fines distintos, como deportación, la demanda indica que el servicio de inmigración facilitó al ICE una lista de gente que había llenado y enviado un formulario I-130, petición de residencia basado en familia firmado por un ciudadano estadounidense.

ICE entonces revisó el listado enviado por la USCIS para encontrar cualquier “factor significativo” que influyera en su decisión de detener a una persona para luego deportarla, según los correos que aparecen en la denuncia. La agencia de deportaciones identificó a varios candidatos, agrega Efe.

Una vez el beneficiario de la I-130 llegó junto con el peticionario a la entrevista, la USCIS notificó a ICE la presencia xde ambos en sus oficinas. ICE entonces envió a agentes para llevar a cabo el arresto del peticionario al finalizar la cita.

Una de las personas identificadas y afectada por estos procedimientos fue la inmigrante guatemalteca Lilian Calderón, de 30 años y madre de dos niños, que llegó a los Estados Unidos cuando tenía tres años.

Calderón fue arrestara en enero cuando acudió a la cita de USCIS en sus oficinas de Rhode Island, junto a su esposo, un ciudadano estadounidense.

El 5 de febrero la ACLU demandó en un tribunal federal la liberación inmediata de Calderón, quien tras su arresto fue enviada a un centro de detención de ICE en Boston.

Tras la presentación del recurso un juez federal detuvo la deportación de la inmigrante guatemalteca.

Adriana Lafaille, abogada de ACLU, dijo en un comunicado que Calderón estaba siguiendo el debido proceso establecido para conseguir la residencia legal permanente (LPR), y que no había justificación alguna para que permaneciera detenida.

“Ella no tiene inclinación de irse del país, ni presenta amenaza alguna a la comunidad”, aseguró. “Tenerla encerrada es arbitrario, ilegal e inhumano”, apuntó.

Calderón fue luego liberada y regresó con su familia.

La demanda de ACLU en contra de la USCIS e ICE incluye el arresto del inmigrante brasileño Sandro de Souza, que lleva más de 20 años viviendo en Estados Unidos.

Souza fue arrestado bajo el mismo procedimiento, pero terminó siendo deportado en marzo, dejando en Estados Unidos a su esposa, una ciudadana, y a su hijo.

“El señor de Souza, un inmigrante brasileño que ha vivido en los Estados Unidos durante más de 20 años, recibió la orden de abandonar el país el 24 de abril, a pesar del progreso en su proceso de solicitud pendiente a través de USCIS y pese a su historial de haberse registrado regularmente con ICE”, explica la ACLU en una de sus páginas de internet.

El grupo de derechos civiles incluye en la demanda a otras tres familias afectadas por el mismo procedimiento. El diario The Boston Globe dijo que en al menos 17 ocasiones ambas dependencias han llevado a cabo este tipo de operativos que finalizan con un arresto bajo engaño.

Calderón tiene fijada una audiencia para el 20 de agosto en una corte de distrito en Boston, Massachusetts.

Un vocero de la USCIS dijo a Univision Noticias que, por política de la agencia, “no puede hacer comentarios sobre asuntos relacionados con litigios pendientes”.

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