Abusos en los centros de detención para inmigrantes

La cárcel, bajo contrato con el gobierno federal, tiene 85 inmigrantes indocumentados detenidos, reportó The Associated Press.

La agencia agregó que muchos de los indocumentados no han sido acusados o formalizados de delito alguno pero con frecuencia son mezclados con prisioneros que cumplen condenas, algunos por delitos graves.

Desde los ataques sexuales, la cárcel de Sherburne dejó de tener detenidos por asuntos de inmigración en celdas con otros presos, reportó el diario Star Tribune en su edición del domingo.

Bajo investigación

El periódico dijo que, además del caso criminal, las autoridades de Sherburne llevan a cabo una investigación administrativa sobre las acciones del personal del reclusorio.

También revisan la pasividad de los guardias y si ésta contribuyó al delito.

Una nueva ley federal tiene como fin terminar con los abusos sexuales a los inmigrantes detenidos y castiga la pasividad de las autoridades o encargados de velar por la seguridad de los presos.

El abuso

El Star Tribune denunció que en la misma celda de un convicto de abusos de menores ICE colocó a un indocumentado de Minnesota quien, en febrero, fue puesto en proceso de deportación tras ser hallado culpable de intentar robar un reloj en un comercio Wal-Mart y tener una pequeña cantidad de marihuana.

Según la queja criminal, el reo de 31 años admitió acariciar íntimamente en numerosas ocasiones a su compañero de celda cuando dormía. La víctima fue excarcelada desde entonces pero sigue encarando el proceso de deportación de Estados Unidos.

Al menos 50 detenidos inmigrantes escribieron recientemente al Star Tribune.

Sorsor Jallah, un inmigrante liberiano de 26 años que elaboró una carta, dijo que los detenidos temen por sus vidas porque están alojados con violadores y otros reclusos violentos, reportó The Associated Press.

Muchos indocumentados indicaron que no firmarían su nombre porque podrían impactar en su caso una investigación que lleva a cabo la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que descubrió casi 200 denuncias de que los detenidos fueron agredidos en reclusorios de todo el país entre 2007 y 2011.

Lluvia de denuncias

En 2013 la Oficina de la Contraloría del Congreso de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés), dijo que eran necesarias medidas para evitar los abusos sexuales en las 250 cárceles del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), inclusive las encabezadas por los gobiernos estatales y locales.

La auditoría descubrió que el 40% de las denuncias planteadas ante el organismo federal no fueron comunicadas a la sede central y que el 14% de las llamadas a un teléfono de asistencia para denunciar abusos no lograron establecer contacto.

Los centros de ICE tampoco escapan a las denuncias. En noviembre de 2012 el grupo Detention Watch Network (DWN) dio a conocer un estudio donde denunció las condiciones inhumanas de centros de detención localizados en Alabama, Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Nueva Jersey y Texas.

El reporte reveló que “el sistema de detenciones de inmigrantes en Estados Unidos ha crecido drásticamente en los últimos 15 años, por lo que se encuentra en un punto crítico”.

“Mientras los inmigrantes se encuentran en un proceso legal, (la espera por una resolución) se ha convertido en un retraso interminable”, denunció la directora ejecutiva de DWN, Andrea Black.

La denuncia de 2010

En 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) advirtió que el debido proceso de inmigrantes detenidos no estaba siendo respetado.

Luego salieron a la luz pública acusaciones de abusos sexuales a extranjeros detenidos, muerte de indocumentados presos y asomaron dos nuevas quejas: que indocumentados en cárceles de ICE son explotados en trabajos con pagos por debajo del salario mínimo mensual, y que las prisiones de la agencia federal están generando un lucrativo negocio a empresas privadas que gastan millones de dólares en cabildeos en Washington DC.

La CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que ICE tiene bajo su cargo más de 350 centros o prisiones de indocumentados, y que la mayoría de ellos son administrados por subcontratistas privados.

Indicó que en muchos casos los custodios de los inmigrantes presos desconocen la complejidad de las leyes de inmigración estadounidenses.

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