Abogados voluntarios de EEUU ayudan por WhatsApp a cientos de migrantes devueltos a México

Sussy Rentería, una abogada de 31 años de Chicago, cree que es una privilegiada. Sus padres migraron sin documentos hace décadas desde Guanajuato (México) a Estados Unidos y gracias a su esfuerzo ella pudo graduarse en la universidad.

Por eso, cuando se enteró este verano a través de una amiga de que en la frontera sur necesitaban voluntarios para asistir a los solicitantes de asilo devueltos por EEUU a México, no dudó en ofrecer su tiempo y sus conocimientos para que otros migrantes puedan tener las mismas oportunidades que ella.

Desde entonces, ha ayudado a decenas de solicitantes de asilo a rellenar los formularios para presentar sus casos en cortes de Estados Unidos, principalmente a familias de Centroamérica y Cuba a las que asiste por llamadas y mensajes de WhatsApp. A principios de noviembre viajó a la ciudad fronteriza de Matamoros para poner rostro a la gente que ayuda y conocer de primera mano la realidad que viven.

“Las historias que escuché por teléfono fueron muy fuertes”, dice al enumerar algunos casos con los que ha tratado: desde adolescentes centroamericanos que huyen con sus familias para evitar ser reclutados por las pandillas, jóvenes nicaragüenses reprimidas por protestar o cubanos puestos en listas negras por el gobierno que les impiden trabajar por pensar diferente.

“No podía creer que esas cosas pasaban en otras partes del mundo y luego llegaban a Texas para pedir ayuda a los Estados Unidos y se la negaban aunque tengan estas historias tan fuertes”, dice Rentería.

La joven pertenece a una cadena de abogados de todo el país que, indignados por la decisión del gobierno de Donald Trump de enviar a los solicitantes de asilo a México, ha decidido ayudarles de manera gratuita para tratar de garantizarles el derecho a solicitar protección en Estados Unidos.

Desde que Washington anunció el programa de Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), más de 55,000 solicitantes de asilo han sido enviados a México mientras avanzan sus casos y las organizaciones de derechos humanos que trabajan en la frontera han denunciado que el plan aísla a los migrantes en ciudades peligrosas y les hace casi imposible conseguir ayuda legal.

Ahora Lawyers for Good Government, el grupo de abogados con el que se puso en contacto Sussy Rentería, está logrando romper ese cerco al poner en contacto a los migrantes que esperan en Matamoros con voluntarios como ella a través de sus celulares.

Según Charlene D’Cruz, una abogada de Michigan contratada por la organización para coordinar el proyecto en Matamoros, ella envía cada semana un promedio 50 casos de solicitantes de asilo a voluntarios de todo el país y, aunque todavía es un número pequeño en relación a los miles de migrantes que han sido enviados a esa ciudad fronteriza, el grupo está consiguiendo que cientos de ellos tengan asesoría legal individualizada para preparar sus casos.

“Al llegar yo me di cuenta de que faltaba interacción directa entre los clientes y los abogados”, afirma la abogada de Michigan. Por eso decidió que había que comenzar un programa en el que que, aunque fuera de forma remota, se devolviera “la humanidad al proceso”.

Conocido como Proyecto Corazón, el plan comenzó en agosto con el envío de abogados a la frontera en Matamoros y en los últimos meses ha pasado a ser completamente remoto. Así, los solicitantes de asilo deben entrar a internet para rellenar un cuestionario sencillo en el que incluyen sus datos personales, la fecha de su cita en corte y su contacto de WhatsApp.

Esos datos les llegan a los abogados voluntarios que se ponen en contacto con las familias, escuchan las historias por las que se fueron de sus países y, en los casos que amerita, les ayudan a rellenar los formularios que deben aportar cuando se presenten ante un juez a través de una videoconferencia.

Los contactos por WhatsApp les permite tener acceso a asesorías personalizadas, mientras que los abogados pueden ayudar sin necesidad de gastar mucho dinero y evitan también desplazarse a Tamaulipas, un estado a donde paradójicamente el departamento de Estado recomienda no viajar a los estadounidenses por el crimen y los secuestros y que considera que sufre unos niveles de inseguridad comparables a los de Siria o Afganistán.

Hasta que Charlene D’Cruz llegó a la frontera contratada por la ONG Lawyers for Good Government, la única asistencia legal constante que tenían los migrantes enviados a Matamoros era la de Jodi Goodwin, una abogada de la ciudad de Harlingen (Texas) que cruzaba la frontera varias veces a la semana para tratar de atender algunos casos de manera gratuita y dar información legal a los migrantes que se iban asentando en tiendas de campañas donadas al lado del puente fronterizo.

Pero Goodwin no daba abasto y el método con el que trabajan (rellenando los formularios manualmente en español para después traducirlos al inglés y transcribirlo en una computadora) era mucho más lento y trabajoso.

“Ahora ya tenemos acceso a un lugar en el que tenemos oficinas, nuestra computadora, impresora y también se puede tener una conversación en privado para que los refugiados se sientan mejor relatando sus historias”, afirma la abogada texana al referirse a un local donde la ONG tiene tres oficinas. “Es algo más digno porque estamos tratando de reforzar el proceso”.

Para muchos migrantes, esta abogada rubia que habla perfecto español con deje mexicano y a la que llevan meses viendo cruzar la frontera para ayudarles es un símbolo de confianza. Por eso, cada vez que Sussy Rentería contacta a los solicitantes de asilo desde Chicago usa su nombre como si fuera una clave.

“Les mando un mensaje, les digo que soy voluntaria y que trabajo con Jodi y que puedo ayudarles a rellenar su solicitud y ahí ellos me responden si necesitan ayuda”, explica Rentería. “Lo hacemos por teléfono y cuando yo termino la solicitud se la mando por email a Charlene, ella las imprime y de allí ellos se llevan una copia para ellos y una copia para el juez”.

Las abogadas que están al frente del programa reconocen que aún es mucho el trabajo que queda por hacer para asesorar a los miles de migrantes enviados por Estados Unidos y además quieren avanzar para poder acompañar a los migrantes en las carpas.

Según los datos más recientes de la Universidad de Syracuse, solo el 1.2% de los migrantes que se presentan en las cortes de las carpas bajo el programa MPP lo hacen acompañados de un abogado. Esos mismos datos reflejan que hasta septiembre de este año, de las 9,974 solicitudes de asilo resueltas en las carpas de la frontera, solo 11 habían ganado sus casos, lo que supone un 0.1% del total.

Por eso, ahora Lawyers for Good Government ha contratado a otra abogada para asistir a los solicitantes de asilo en la carpa de Brownsville y también tiene previsto financiar viajes de voluntarios a la frontera para apoyar con esa labor, explica Charlene D’Cruz.

Además, la organización está dando talleres para que los migrantes aprendan a redactar las declaraciones que sirvan para defender sus casos. Y por ahí le llegó una de las mayores alegrías recientes a D’Cruz cuando uno de sus alumnos, un solicitante de asilo cubano, le contó que había ganado su caso.

“Eso sí me emocionó un poquito porque era para mí la primera”, reconoce. “Aunque yo trabajé con él y le ayudé en cómo pensar en el caso, él hizo el affidavit en el taller para pedir el asilo”.

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