Abogados piden al público que exprese por escrito su rechazo al plan del gobierno de encarcelar a menores indocumentados

Publicado el 9 de octubre de 2018
por Jorge Cancino en Univision Noticias. Fotografía de Univision Noticias.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) pidió al público en general que entre a la página digital del Registro Federal (diario oficial estadounidense) y dé su opinión sobre la propuesta de Donald Trump de abandonar el Acuerdo Judicial Flores de 1997, que prohíbe al gobierno privar de libertad a menores de edad.

El gobierno ha señalado que el Acuerdo Flores frena la implementación de la política migratoria de Trump, que además de la construcción del muro a todo lo largo de la frontera con México persigue, entre otros, ubicar y encarcelar indocumentados y deportarlos de manera acelerada, sobre todo aquellos que han cometido crímenes.

Según el Acuerdo Flores, los menores detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deben ser liberados en un plazo que no exceda los 20 días. Originalmente eran 72 horas, pero una disputa legal pendiente sobre las licencias de funcionamiento de los centros familiares de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) amplió el tiempo de privación de libertad.

La restricción, ha dicho la Casa Blanca en varias ocasiones, limita al gobierno en su capacidad para implementar y hacer cumplir la ley de inmigración, y poner fin a la inmigración.

AILA lanzó una campaña en la que pide al público que ingrese a la página digital de la organización. En ella aparece un formulario para llenar con datos básicos de identidad y luego enumera las principales preocupaciones en el caso de que el gobierno de Trump abandone el Acuerdo Judicial Flores.

“Presento respetuosamente este comentario que se opone a las regulaciones propuestas relacionadas con la implementación del Acuerdo de Liquidación de Flores (FSA), Expediente DHS No. ICEB-2018-0002”, indica el documento. “En resumen, las regulaciones contravienen los principios que impulsan la FSA: que los niños inmigrantes deben ser liberados de la detención de inmigrantes lo más rápido posible y que los niños inmigrantes son especialmente vulnerables y, por lo tanto, merecen protección y tratamiento especiales conforme a la ley”, agrega.

En cuanto a la detención indefinida de niños inmigrantes, el documento dice que “las regulaciones propuestas conducirían a la detención indefinida de niños y contravendrían directamente un principio central de la FSA: que los niños inmigrantes deben ser liberados de la detención lo más “rápidamente” posible”.

Añade que “la FSA exige la liberación de un niño de un centro de detención de inmigrantes en un plazo de días, indicando que el gobierno generalmente debe liberar a un menor ‘sin demoras innecesarias’”. Sin embargo, precisa, “esta regulación permitiría que los niños sean detenidos con sus padres durante la totalidad de sus procedimientos de deportación, lo que podría significar que los niños estén detenidos durante meses o incluso años en centros de detención de inmigrantes”.

AILA precisa que una gran cantidad de evidencia “muestra los efectos traumáticos causados por la detención de niños, y el daño considerable y duradero que tiene en su salud física y mental”. Y que “permitir la detención indefinida de niños es inaceptable”.

En cuanto a la eliminación de los requisitos de licencia del estado para las instalaciones del DHS con niños inmigrantes, otro de los cambios críticos que persigue el gobierno de Trump, la crítica sugerida por AILA indica que “los reglamentos propuestos también permitirían al gobierno eludir los requisitos de licencias estatales de los centros de detención de niños, lo que llevaría a la eliminación de la supervisión crítica sobre las condiciones en estos centros”.

“La FSA requiere que el gobierno libere rápidamente a los niños a un padre u otra familia. Si no hay ninguno disponible, el gobierno debe entregar al niño a un programa con licencia de un programa estatal de agencias de bienestar infantil”, explica.

Indica además que, “el gobierno trata de evitar este requisito otorgando licencias a las instalaciones que mantendrían a los niños y padres juntos, llamados Centros Residenciales Familiares o FRC, en lugar de exigirles la licencia de una agencia estatal de bienestar infantil. Tal auto-licencia es equivalente al zorro que custodia el gallinero. El gobierno carece de imparcialidad y experiencia para garantizar el cumplimiento de los estándares básicos relacionados con el cuidado y la custodia de los niños migrantes”, finaliza el documento.

Según el gobierno, los cambios que proponen los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Salud y Recursos Humanos (HHS), “garantizan que los menores serán tratados con dignidad, respeto y especial preocupación debido a su vulnerabilidad”.

“Las lagunas legales obstaculizan significativamente la capacidad del departamento para detener apropiadamente y eliminar rápidamente las unidades familiares que no tienen base legal para permanecer en el país”, dijo la secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, en un comunicado el pasado mes de septiembre. “Esta regla (el Acuerdo Judicial Flores) aborda uno de los principales factores de atracción para la inmigración ilegal”, agregó.

La salida del gobierno del Acuerdo Judicial Flores de 1997 se suma a otros dos obstáculos que, por ahora, frenan la polémica reforma migratoria que Trump construye a golpe de memorandos y órdenes ejecutivas, sin el respaldo del Congreso.

Eliminación de la Ley TVPRA de 2008, Ley William Wilberforce de Reautorización para la Protección de Víctimas del Tráfico de Personas. Prohíbe al gobierno deportar a menores de edad que no sean de países fronterizos (México o Canadá) detenidos en la frontera y exige que sea un juez de inmigración quien resuelta sus futuros en Estados Unidos.
Acuerdo Zadvydas de 1997. ICE no tiene derecho a mantener a un no-ciudadano bajo custodia al que no ha podido deportar por más de seis meses a menos de que presenten claras señales de ser un riesgo para la seguridad nacional.

El tiempo de 60 días abierto para el comentario público vence el martes 6 de noviembre, mismo día en que los estadounidenses acudirán a las urnas para elegir un nuevo Congreso.

Ir a la nota fuente