Abogados denuncian que la inseguridad hace que los migrantes falten a sus cortes

Una mujer llegó el martes con su hijo de 8 años a su audiencia de corte en una carpa instalada en Laredo, Texas. Ambos están bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP), que los obliga a esperar en México la resolución de sus casos de asilo y les permite cruzar a Estados Unidos solo para ver al juez. Se suponía que esa tarde debían aparecer tres miembros de la familia en la cita, pero su esposo está desaparecido desde septiembre y por eso esa tarde no se presentó. Ella, llorando, contó que no sabe si fue secuestrado, lo asesinaron o lo desaparecieron. De igual forma, por su ausencia, el juez ordenó la deportación del inmigrante.

El caso fue visto a través de una videollamada por la abogada Rebecca Gendelman, del equipo legal de la organización Human Rights First, quien estaba en la misma sala que el juez. La abogada considera que la inseguridad a la que están expuestos los inmigrantes bajo MPP es una de las razones por las que en la corte esta semana, por ejemplo, de 31 personas que tenían audiencia solo llegaron cuatro; y en otra sala, de 63 solo llegaron 15.

Para ella, el ausentismo en las carpas en la frontera se debe también al miedo que tienen los migrantes a ser víctimas de secuestros, agresiones, violaciones sexuales, extorsiones o robos cuando van de camino a sus audiencias o apenas al cruzar los puertos fronterizos de regreso de Estados Unidos a México, como le pasó a dos mujeres que fueron raptadas en septiembre en Nuevo Laredo cuando llegaban de vuelta a México tras sus audiencias de ese día.

“Basado en nuestras investigaciones, creemos que las altas tasas de secuestros y ataques contribuyen a que la gente no pueda llegar a sus audiencias. Tenemos también reportes de inmigrantes que han sido raptados de camino a sus audiencias o al regreso. Es peligroso para algunos de ellos incluso ir a sus cortes”, explica Gendelman a Univision Noticias.

Human Rights First ha escuchado estos testimonios en esas videollamadas y al conversar con los migrantes en la frontera. En tres días de presencia en la corte de San Antonio, Gendelman dice que vio, por ejemplo, a dos adolescentes, de 12 y 16 años, suplicarle al juez que no los devolviera a México porque ya habían sido secuestrados a su regreso de la audiencia anterior; hubo otra madre que llegó con su niño de 2 años, ambos habían sido raptados, así que ella aseguró que prefería ser deportada a su país antes que ser devuelta a México, y el juez obedeció y firmó su expulsión del país.

En el informe ‘Órdenes desde arriba: los abusos masivos a los derechos humanos bajo la política de Trump de retorno a México’ de esta organización ellos cuentan al menos 340 reportes de violaciones, raptos, torturas y otros ataques violentos contra los migrantes que están bajo MPP. Aseguran que hubo un pico en agosto, cuando identificaron —solo en ese mes— 110 agresiones. Explican que la cifra de seguro es mayor, pero que las víctimas por miedo no denuncian ante las autoridades y tampoco cuentan nada a la prensa o a activistas.

A pesar de lo que narran los migrantes en las cortes, el comisionado en funciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Mark Morgan, dudó de los testimonios —ampliamente denunciados desde el arranque de los MPP— y en una rueda de prensa en septiembre los catalogó como “anécdotas”. Dijo entonces que el gobierno mexicano no había podido comprobar la veracidad de esas historias.

Las videoconferencias que están siendo escuchadas por abogados de distintas organizaciones, son las que están siendo realizadas desde septiembre como parte de un programa para supuestamente agilizar los atascos en las audiencias de asilo en el país que, según un registro independiente de la Universidad de Syracuse, suman un millón de casos atrasados. Ha sido implementado en Laredo y Brownsville: los migrantes tienen sus audiencias bajo carpa blancas instaladas al lado de los puentes fronterizos y hablan por videollamada con jueces de San Antonio, Port Isabel y Harlingen, según corresponda. Después son devueltos nuevamente a ciudades fronterizas de las más violentas en México —como Nuevo Laredo, Matamoros o Tijuana— donde deben esperar durante meses la resoluci´on de sus casos.

Diversas organizaciones —entre ellas Amnistía Internacional, ACLU y Human Rights First— han denunciado que a pesar de que los inmigrantes manifiestan haber sido víctimas e incluso tienen una entrevista con oficiales de asilo para explicar lo que les ocurrió, son devueltos a México “a manos de sus secuestradores”, condena Gendelman.

El miedo de los migrantes a ser retornados a México no es cuento de unos pocos. El Immigration Policy Center, que investiga las consecuencias de las políticas migrantorias, encuestó a 607 solicitantes de asilo en Tijuana y Mexicali entre julio y octubre de 2019. Cerca de 9 de cada 10 aseguró tener temor de ser devuelto: 40.4% de ellos tuvo una entrevista con un oficial de asilo para exponer las razones de su miedo y 59.6% de ellos no. Y entre los que son escuchados, 6 de cada 10 son regresados a México sin que siquiera se investigue la veracidad de sus testimonios.

Human Rights First cuenta distintos casos en su reporte que ni siquiera son considerados para un segundo chequeo. Entre ellos, el de un solicitante de asilo hondureño que junto a su hijo de 9 años fue devuelto a Matamoros sin tener una entrevista con un oficial de asilo que confirmara las razones de su miedo. Eso a pesar de que le explicó al funcionario de CBP que habían sido secuestrados en México y que él había sido torturado por funcionarios del gobierno de Tamaulipas, que le quemaron distintas partes de su cuerpo con encendedores de cigarrillos. Según contó a la organización, el agente de CBP lo amenazó con separarlo de su hijo si insistía sobre su temor de volver a México.

También cuentan el testimonio de otra solicitante de asilo embarazada a quien CBP tampoco permitió una revisión de su miedo de volver a México. Ella contó que había sido secuestrada en Nuevo Laredo, y aunque activistas intentaron insistentemente que ella fuera removida del programa —por estar embarazada y por sus miedos— fue retornada a México en septiembre.

Entre los que sí fueron escuchados pero igual fueron retornados a México está el caso de una guatemalteca que le contó al oficial de asilo de su secuestro en Ciudad Juárez y que sus agresores una vez que la liberaron, siguieron amenazándola, incluso por la noche mientras dormía en el albergue. Ella explicó que ellos mismos le habían robado sus documentos de MPP y sabían exactamente cuándo era su próxima fecha de corte; reiteró entonces su temor a ser secuestrada de nuevo mientras iba al puerto de entrada para su corte. Aún así, el funcionario consideró que no existían suficientes razones para su miedo y la devolvió a México.

Frente a estas situaciones y las tragedias que escuchó en su visita a la corte de San Antonio, Rebecca Gendleman asegura que seguirán sumándose migrantes que tengan miedo de ir a sus cortes o que pedirán sus deportaciones: “No puedo imaginar el trauma que están viviendo (…) Son niños y adolescentes que están siendo secuestrados y luego obligados a permanecer en México”.

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