A partir de esta semana el gobierno de Trump pondrá fin a la política del ‘catch and release’

El gobierno de Donald Trump aseguró que, a partir de esta semana, pondrá fin a la política del ‘catch and release’, que consiste en detener y luego liberar a migrantes detenidos en la frontera después que piden asilo.

La decisión responde “al impacto combinado de las iniciativas del DHS” implementadas en la frontera, dijo la agencia en un comunicado de prensa publicado en su página digital.

“La política, que será implementada por el DHS a partir de la próxima semana, es parte de la estrategia del gobierno de Trump para mitigar las lagunas que actúan como un ‘factor de atracción’ para las unidades familiares que buscan cruzar ilegalmente en la frontera suroeste”, agrega.

El anuncio de la medida fue hecho por el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kevin McAleenan, durante una conferencia en el Consejo de Relaciones Exteriores (Council on Foreign Relations). “Con algunas excepciones humanitarias y médicas, el DHS ya no liberará unidades familiares de las estaciones de la Patrulla Fronteriza al interior del país”, dijo.

“Esto significa que para las unidades familiares, el mayor grupo demográfico por volumen que llega a la frontera este año, la práctica de captura y liberación ordenada por el tribunal, debido a la incapacidad del DHS para completar los procedimientos de inmigración con las familias detenidas juntas bajo custodia, habrá sido mitigado”, agregó.

McAllenan dijo además que la medida constituye “un paso vital para restaurar el estado de derecho y la integridad de nuestro sistema de inmigración”, y anunció que los migrantes que pasen la entrevista de miedo creíble también serán devueltos a territorio mexicano a esperar la resolución de sus casos de asilo.

El director interino del DHS argumentó que la implementación de ambas “herramientas garantiza resultados de inmigración efectivos”, y aseguró que “este enfoque también sirve como una transición a la implementación completa de la regla final del Acuerdo Judicial Flores de 1997, que permitirá al DHS mantener a las familias unidas a través de procedimientos de inmigración justos y expeditos”.

En agosto McAleenan anunció la publicación en el Registro Federal la nueva política de detención de familias migrantes en la frontera que tiene como objetivo la detención indefinida hasta que finalicen sus procesos en las cortes de inmigración.

“Esta regla final modifica las regulaciones relacionadas con la captura, procesamiento, cuidado, custodia y liberación de menores extranjeros”, señala el documento, que fue puesto a disposición del comentario público por 60 días.

La nueva norma, anunciada en agosto por McAleenan “reemplaza las regulaciones que se promulgaron en 1988 en respuesta a una demanda presentada en 1985 contra el Fiscal General y el legado del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, contenidas en el caso Flores versus Meese”, se lee en el documento.

La cancelación de la política del catch and reléase fue anunciada por primera vez en abril del año pasado cuando la Casa Blanca publicó un memorando donde elimina la práctica que consiste en dejar libres a inmigrantes indocumentados que sean detenidos mientras se resuelven sus casos de asilo en suelo estadounidense.

El memorando, fechado el 6 de abril y firmado por Trump, incluye una serie de órdenes, entre ellas una que tiene como objetivo elaborar “una lista detallada de todas las instalaciones existentes, incluidas las instalaciones militares, que podrían usarse, modificarse o reutilizarse para detener a extranjeros por violaciones de la ley de inmigración en las fronteras de Estados Unidos o cerca de ellas”.

La Casa Blanca enfatizó en ese momento que la política migratoria del presidente está enfocada en la adopción de “un sistema de inmigración que sirva al interés nacional” y para ello se ha propuesto, además de detener y aumentar el arresto de indocumentados, “construir un muro” en la frontera con México y garantizar “la pronta eliminación ( deportación) de los entrantes (inmigrantes que ingresan al país) ilegales (indocumentados)”.

El decreto en cuestión surgió luego que el Congreso desestimara, en los debates sobre el presupuesto un pedido del presidente de $25,000 millones para la seguridad fronteriza, entre los que estaba el dinero para el muro.

La cancelación del ‘catch and release’, además, responde a las órdenes ejecutivas del 25 de enero de 2017 (una sobre las ciudades santuario y otra sobre el muro) y otra del 20 de febrero de 2017, cuando el mandatario ordenó al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que emita “una nueva orientación y política” respecto al uso apropiado de la autoridad de detención bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para detener y no liberar a extranjeros después de ser aprehendidos por violaciones a las leyes migratorias vigentes.

Si bien el DHS ha estado implementando la orden desde entonces, Trump ha exigido hacer más para “proteger a nuestro país de los peligros de la liberación de extranjeros detenidos en nuestras comunidades mientras sus solicitudes de inmigración están pendientes”.

El memorando de abril del año pasado, sin embargo, no detalló que muchos de los inmigrantes a los cuales se refiere han huido de sus países a causa de la violencia y la pobreza, ni que llegan a Estados Unidos en busca de asilo.

Esta vez, McAleenan sí los cita y señala que a partir de la próxima semana, junto con la eliminación de la política de atrapar y liberar, aquellos que no demuestren miedo creíble serán deportados prontamente, y aquellos que pasen la entrevista serán regresados a México bajo el amparo del Protocolo de Protección Migratoria (MPP) anunciado el pasado mes de diciembre.

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