80% de los solicitantes de refugio en 2018 aún esperan respuesta del gobierno mexicano

A la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) se le acumulan los problemas: al recorte presupuestal anunciado el pasado 19 de diciembre por la Secretaría de Hacienda en el Presupuesto de Egresos 2019, a pesar de que el año pasado batió el récord de peticiones de refugio, se suma ahora un rezago en la atención de las solicitudes de casi el 80%.

De acuerdo con el último reporte estadístico, entre enero y diciembre de 2018, un total de 29,600 personas pidieron refugio en México; un 102 % más en comparación con 2017, y un 236 % más que en 2016.

Pues bien, de esos 29,600 solicitantes de 2018, el 79.8 % siguen a la espera de una resolución de su caso.

De las cuatro oficinas que la Comar tiene repartidas por el país, la que acumula un mayor número de casos rezagados es la ubicada en Tapachula, Chiapas, con 12,468, casi el 53 % del total.

Aunque cabe precisar que esta oficina es también la que recibe mayor cantidad de casos, debido a que Chiapas es frontera y principal puerta de entrada en México para la migración que procede de Honduras, Guatemala y El Salvador, el Triángulo Norte de Centroamérica.

Ciudad de México acumula el 32.1 %, la segunda oficina con más rezago; le sigue la oficina en Tenosique, Tabasco, con 2,092 casos (8.8 %), y la oficina de Acayucan, Veracruz, con 1,454 casos (6.15 %).

En total, entre 2016 y 2018, suman 25,476 personas que esperan que su petición de refugio sea aprobada o rechazada por la Comar, aunque la mayoría de rezagos corresponden a 2018: hasta el 92.6 % de los casos. De 2017 quedan 1,863 pendientes por resolver, y de 2016, solo cuatro.

Por nacionalidad, los más afectados por el rezago en la atención de los casos son hondureños y venezolanos, aunque también son los grupos que más solicitudes de refugio hicieron en 2018: 13,613 de Honduras (46 %) y 6, 386 venezolanos, el 22 %.

En cuanto a los casos que sí fueron atendidos, 3,078 personas fueron reconocidas con la condición de refugiados, o fueron beneficiadas con medidas de protección complementaria; el 10.4 % del total de solicitudes.

Mientras que el 9.9 % restante no obtuvo protección del Estado mexicano porque, o bien fueron rechazados, o porque estas personas desistieron de su proceso.

Los venezolanos fueron los que tuvieron una mayor tasa de casos positivos: de 1,520 casos concluidos, en el 90 % fueron reconocidos como refugiados.

Esta cifra contrasta con la de otros dos países que, junto a Venezuela, llevan años copando los rankings internacionales de violencia, y que presentan graves problemas de expulsión de personas debido a las pandillas y al crimen organizado: El Salvador y Honduras.

De los 1,701 casos de salvadoreños que sí terminaron sus procesos, 333 fueron reconocidos con la condición de refugiados. Mientras que, de 3,246 casos concluidos de hondureños, 366 obtuvieron la condición de refugiados.

En 2018 también se batió récord de solicitudes de refugio de niños, niñas y adolescentes, con 7,285 casos; el 24.6 % de las 29 mil 600 solicitudes.

En 2017, de las 14,596 solicitudes que se hicieron en total, solo 259 fueron de menores de edad, apenas el 1.7 %.

Ante el rezago de casi el 80 % de los casos de peticiones de asilo en 2018, Andrés Ramírez, nuevo titular de la Comar desde el pasado 1 de diciembre, admitió en entrevista con Animal Político que la cifra de casos atrasados es “enorme”, aunque aseguró que la nueva administración ya está aplicando medidas para reducirla, a pesar del nuevo recorte que incluyó el Presupuesto de Egresos de 2019, a partir del cual se destinará a Comar 20 millones 843 mil pesos, casi cinco millones menos que en 2018: el presupuesto más bajo en los últimos siete años.

–¿Por qué hay tantos casos pendientes en 2018?– se cuestionó a Andrés Ramírez, a lo que éste contestó que, en su opinión, se debe a dos factores: un presupuesto que desde 2012 ha estado “congelado” por debajo de los 25 millones de pesos, a pesar de que el número de peticiones de asilo se han ido multiplicando año con año –entre 2014 y 2018 aumentaron más de 1,100 %–, y a una “mala selección” por parte de gobiernos anteriores del personal al frente de la Comar.

–Si tú pones como titular de la Comar a una persona que no tiene el perfil, ni la experiencia adecuada, pues esta persona, a su vez, pondrá en los puestos directivos a otras personas que tampoco tendrán el perfil, ni la experiencia, ni la capacidad– dijo Andrés Ramírez.

–Y si a esto le sumamos una falta de capacidad por falta de recursos en los últimos años, pues el resultado es este rezago enorme que ahora nos toca resolver– añadió.

–Con este nuevo recorte, ¿cómo piensan solventar el problema?– se le planteó.

–Una primera medida es colocar a personal adecuado en las direcciones de la Comar. A diferencia de lo que ocurría en otros gobiernos, donde se colocaba a personas que no tenían ni idea del trabajo, en este mes que llevamos (desde el 1 de diciembre) seleccionamos a personas que sí cumplen con el perfil, la experiencia y la capacidad. Esto, por sentido común, aumentará la calidad del servicio y la productividad, aunque no aumente ni un peso el presupuesto– explicó.

Ante los cambios que ahora se requieren, el funcionario dijo que las personas que trabajen en Comar tienen que saber de refugiados. “Es así de elemental, de básico. Ahora, el personal que tenemos es gente que ha trabajado en agencias de refugiados, o en organizaciones civiles especialistas en el tema”.

Sobre los cambios hechos hasta ahora, Ramírez explicó que ha cambiado a todos los directores de área, menos a uno, que sí cumple con el perfil. “Cambié las cabezas. Esto es importante porque si las cabezas no tienen ni idea de refugiados, pues lo que pasaba era que la gente que estaba más abajo en la estructura jerárquica sabía mucho más que quienes estaban en la dirección, lo cual era absurdo. Con este cambio esperamos tener mucha más eficiencia en el trabajo de la Comar”, expuso.

Otro cambio, destacó Ramírez, quien fue funcionario durante 28 años para la Oficina de Refugiados de la ONU (ACNUR), es que hay una mayor colaboración con ACNUR para atender los casos de refugio en México.

“En gobiernos anteriores, por tener una ignorancia absoluta de lo que significa este tema de refugiados, no se entendía la importancia de ACNUR; se la veía como un enemigo, como un invasor que venía a violar la soberanía nacional. No entendían que México es un país que ha firmado convenios internacionales en materia de refugio, y que la agencia internacional avalada en el mundo por la ONU para este tema es ACNUR, que además tiene oficina aquí, porque así lo aceptó México”, apuntó.

Sobre este punto, el titular de la Comar señaló que desde el pasado 1 de diciembre, un experto contratado por ACNUR está trabajando en Comar para ofrecer recomendaciones “encaminadas a reducir el número de rezagos, de agilizar los procesos, y acortar los tiempos”, y que otros dos expertos llegarán desde Ginebra en los próximos meses para ayudar en la capacitación del personal de campo, en las diferentes oficinas de la Comisión.

Ramírez recordó que ACNUR también se comprometió a aportar 20 millones de pesos a través del Proyecto Puente, que se sumarían a los poco más de 20 millones de presupuesto que Hacienda le ha aprobado para 2019, más otros 43 millones que la Subsecretaría de Población, Migración y Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, se comprometió a inyectar para alcanzar los 80 millones de pesos.

“El Proyecto Puente de ACNUR ya está marchando. Y de todos los apoyos, este es clave, porque ya estamos contratando a personal con este proyecto, debido a que permite adelantarnos algo de dinero en lo que llega el recurso del Presupuesto de Egresos”, afirmó Ramírez.

Además de estos apoyos para complementar el presupuesto de la Comar, Andrés Ramírez adelantó que en los próximos días se anunciará un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Migración (INM), a partir del cual esta dependencia aportará de su presupuesto dinero para que la Comar pueda crear nuevas plazas de trabajo en su plantilla.

Estas nuevas plazas se unirían a los 50 funcionarios de planta que ya están en la Comsión, más otras 59 personas que proceden de la Coordinación para la Frontera Sur, y otros siete del Registro Nacional de Población (Renapo).

“Vamos a llegar a ser cerca de 200 funcionarios”, dijo Ramírez en otra entrevista previa con Animal Político, el 19 de diciembre, en la que aseguró que también están proyectando abrir nuevas oficinas en Palenque, Chiapas, Saltillo (Coahuila), Aguascalientes, y Tijuana, donde ya tienen presencia ante el arribo de la caravana migrante a esa ciudad.

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