El gobierno de Trump anuncia planes para detener indefinidamente a familias con niños que cruzan la frontera

El gobierno de Donald Trump anunció este miércoles que no seguirá el Acuerdo Flores, que le prohibía encarcelar a migrantes menores de edad por más de 20 días, además de exigirle que les brinde cuidados, atenciones y les provea información sobre abogados para que puedan defender sus derechos de permanencia en Estados Unidos.

Se espera que la nueva regla se publique en el Registro Federal esta semana y se abra un periodo de 60 días para comentario público. Al término de este plazo, el gobierno redactará la regla final que permitirá implementar la detención indefinida de las familias migrantes con niños hasta que terminen sus procesos en las cortes de inmigración.

El Acuerdo Flores, que ha sido atacado por Trump desde su llegada a la Casa Blanca, era uno de los principales obstáculos para el mandatario en su intento de negar asilo en la frontera y acelerar las deportaciones.

La medida fue anunciada en una conferencia de prensa por Kevin McAleenan, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en la sede central de la oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), en Washington DC.

“Hoy, el gobierno ha emitido una regla crítica que permitirá al Departamento de Seguridad Nacional mantener unidas a las familias y mejorar la integridad del sistema de inmigración”, dijo el secretario interino McAleenan. “Esta regla permite al gobierno federal hacer cumplir las leyes de inmigración aprobadas por el Congreso y garantiza que todos los niños bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos sean tratados con dignidad, respeto y preocupación especial por su vulnerabilidad particular”.

“Con esta regla, el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) está implementando las partes relevantes y sustantivas del Acuerdo Flores”, añadió McAleenan. “El HHS continuará protegiendo la seguridad y la dignidad de los niños no acompañados bajo nuestra custodia”, recalcó para defender la medida que ha sido criticada por activistas y abogados defensores de los derechos de los migrantes.

En julio del año pasado la jueza Doly Gee, de la Corte de Los Ángeles, California, bajo cuya jurisdicción se encuentra el resguardo del Acuerdo Flores, rechazó un pedido hecho por el Departamento de Justicia (DOJ) para modificar la protección señalando que “carece de sustento”, además de ser “procedimentalmente impropio y totalmente sin mérito”.

Gee dijo además que la solicitud del gobierno de Trump aparentaba ser un “cínico intento” de trasladar responsabilidades al Poder Judicial tras más de 20 años de “inacción del Congreso” y una mala acción del Ejecutivo “que han llevado al estancamiento actual”, en referencia al trato de los menores y familias migrantes en la frontera.

Hasta ahora, la mayoría medidas migratorias del gobierno de Trump, que no cuentan con el respaldo del Congreso, se han visto entorpecidas por la vigencia del Acuerdo Judicial Flores de 1997 y la Ley TVPRA de 2008, sobre prevención de tráfico humano, que prohíbe la deportación inmediata de menores de países no fronterizos y exige que sea un juez quien decida sus futuros en Estados Unidos.

A estas dos medidas Trump las ha tildado en numerosas ocasiones como “vacíos” o “lagunas” legales, i ndicando que los migrantes abusan de estas protecciones para tratar de ingresar forzadamente al país utilizando a niños.

Trump, además, le ha solicitado en varias ocasiones al Congreso que elimine estas protecciones, pero en ambas cámaras tanto demócratas como republicanos han desestimado los pedidos.

El último intento lo hizo el 1 de agosto a través del senador Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur), por medio de una propuesta para cambiar la actual ley de asilo, y con ello deshacerse del Acuerdo Flores y de la ley TVPRA. Sin embargo, tanto republicanos moderados como demócratas dijeron a Univision Noticias que el plan no va para ninguna parte porque o tiene respaldo bipartidista ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado

El Acuerdo Judicial Flores de 1997 establece que la Patrulla Fronteriza, en un plazo de 72 horas, debe entregar a los menores detenidos en la frontera, pero de acuerdo con denuncias escritas de puño y letra por niños migrantes y que han sido publicadas por Univision Noticas, las detenciones van más allá de los plazos legales establecidos.

Lo mismo ocurre en los centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y del Departamento de Salud y recursos Humanos (HHS), que reciben a los menores arrestados por la CBP.

El Acuerdo establece hasta un plazo máximo de 20 días de privación de libertad, pero reportes a los que tuvo acceso Univision Noticias, en algunos casos las detenciones en los centros del HHS sobrepasan los 120 días.

“El gobierno esta en violación del Acuerdo Flores”, dice Bárbara Hines, una abogada de inmigración y es profesora de la Clínica Legal de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas, en Austin. Agrega que “el Acuerdo requiere condiciones seguras y sanitarias para los menores. La política de Trump es inmoral, inhumana y viola los principios del derecho humano”, precisa.

En similares términos se pronunció recientemente la Organización Naciones Unidas (ONU). La alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo en un comunicado que está “profundamente conmocionada” por las condiciones en que los migrantes y refugiados, niños y adultos, están detenidos en Estados Unidos después de cruzar la frontera”.

El Acuerdo Judicial Flores de 1997 fue aprobado para proteger y garantizar el respeto por parte del gobierno federal a los derechos de los niños migrantes detenidos en la frontera.

Establece además que el gobierno debe facilitar instalaciones adecuadas para detener las familias y no debe privarlas de libertad por más de 20 días. “Por lo general, cuando el gobierno está experimentando una afluencia de llegadas, las familias bajo custodia que son liberadas están aún en un procedimiento de deportación y debe ser un juez de inmigración quien resuelvas sus permanencias en el país”, explica un reporte de la Comisión de Mujeres Refugiadas (Women’s Refugee Commision) publicado en su página digital. “Ellos, los puestos en libertad pueden hacer esto viviendo con un patrocinador en la comunidad, y en algunos casos son monitoreados electrónicamente o puestos en
otro programa alternativo al de detención”, añade.

En general, explica el Colegio de la Frontera Norte, el Acuerdo Flores “estableció una serie de protocolos de atención de menores bajo custodia de las autoridades migratorias” entre ellos “otorgar comida, agua, apoyo médico en caso de emergencias, baños, ventilación y temperatura adecuada, supervisión adecuada para protegerlos de otros, en lo posible separación de menores de adultos desconocidos”.

El acuerdo también “asegura la liberación pronta de los menores” y establece que el gobierno debe ubicar a los menores detenidos en la frontera “en espacios lo menos restrictivo posible y adecuados a la edad y necesidades de los niños; y que la autoridad migratoria establezca estándares de atención de menores bajo custodia de la autoridad migratoria”.

El reporte indica que, a raíz del incremento en las detenciones de menores no acompañados y de familias por la patrulla fronteriza en 2014, durante el gobierno de Barack Obama, ICE estableció como política la detención de todas las familias encabezadas por mujeres, incluyendo la detención de niños, en instalaciones de estricta supervisión y seguridad, sin licencia, durante el periodo de su procesamiento legal para establecer su situación de asilo.

Frente a esta situación, organizaciones de defensa de los derechos de la niñez migrante presentaron una demanda contra ICE por violar los términos del acuerdo Flores de 1997, logrando que en abril de 2015 la Juez Dolly McGee declaró que el gobierno federal se encontraba en violación de dicho Acuerdo.

La misma jueza ha dicho que el gobierno de Trump también viola el Acuerdo Judicial Flores, tal y como lo hizo su antecessor, Barack Obama.

Los comentarios del presidente sobre el asilo “expresan una opinión que no refleja lo que debe entenderse del Acuerdo Judicial Flores de 1997”, dijo Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Angeles, California.

El nombre Flores deriva de la inmigrante centroamericana Jenny Lisette Flores, una menor de 15 años que en 1985 huyó de El Salvador para reencontrarse con su tía en Estados Unidos. La niña fue arrestada por la Patrulla Fronteriza (en ese tiempo bajo el mando del Servicio de Inmigración y Naturalización -INS-) cuando intentaba ingresar indocumentada al país y la mantuvieron detenida en pésimas condiciones.

Documentos judiciales detallan que la menor fue llevada a un centro de detención donde la esposaron y desnudaron para revisarla. El Departamento de Justicia, bajo cuyo mando operaba el INS y la Patrulla Fronteriza, le negó a la tía de la menor la custodia argumentando que no podía entregar niños a “terceros”
mayores de edad.

Se registraron graves violaciones a los derechos de esta joven. Entonces la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), al tener conocimiento del caso, presentó ese mismo año (1985) una demanda para evitar que Flores y otros menores como ella fueran privados de libertad, que el gobierno abusara de su autoridad, y para que se respetaran sus derechos, considerando además que la permanencia indocumentada constituye una falta de carácter civil no criminal.

La demanda de ACLU cuestionó la política que implementaba el INS en la frontera “para condicionar la liberación de menores” a sus padres o tutores legales, los interrogatorios, los procedimientos de deportación empleados en aquellos años, el sistema de fianzas y la entrega de los menores arrestados a padres o tutores que se encuentran en Estados Unidos. La querella también argumentó que el INS colocaba regularmente a personas menores de edad bajo arresto administrativo y eran encarcelados hasta que los procedimientos judiciales concluyeran, un proceso que podía tomar varios años.

El grupo de derechos civiles pidió a la corte que otorgara a los menores migrantes derecho a libertad bajo fianza mientras se llevan a cabo los procedimientos de deportación. Y ACLU, además, alegó que el gobierno había implementado una política para encarcelar indefinidamente a menores que nunca se publicó en el Registro Federal de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo, y que los menores que estaban siendo detenidos indefinidamente eran acusados o condenados sin que hallan cometido delito alguno.

ACLU también alegó que el objetivo de la demanda era garantizar el bienestar de los menores detenidos, independientemente de qué tan calificados estuvieran sus padres, familiares o amigos que puedan hacerse cargo de sus custodias.