Pima en Arizona rechaza los fondos asignados a vigilancia de la frontera

El Condado Pima, en el sur de Arizona, se convirtió hoy en el primero en la frontera estadounidense con México en rechazar $1,4 millones de dólares de la Operación Stonegarden, otorgados por el Gobierno federal a la Patrulla Fronteriza (CBP) y a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para mejorar la seguridad limítrofe.

Mediante una votación de 3-1, la medida fue aprobada por la Junta de Supervisores de Pima, después de un acalorado y largo debate donde miembros de la comunidad de este condado dieron su testimonio a favor y en contra.

“No necesitamos el dinero de la ‘migra’, debemos proteger a nuestras comunidades y hoy obtuvimos una importante victoria. Somos el primer condado en la frontera en rechazar estos fondos”, dijo Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona y quien ofreció su testimonio ante la Junta.

El voto determinante lo dio el Supervisor Ramón Valadez, quien, según expresó García, defendió el trabajo que todos los días hacen los departamentos policiacos, calificándolos de “héroes”, pero admitió que las cosas han cambiado drásticamente bajo la Administración federal.

“No podemos ignorar la separación de familias en la frontera, la idea de construir un muro fronterizo y la inoperancia del gobierno federal sobre el futuro de la Acción Diferida (DACA, otorgada a jóvenes que llegaron al país de niños de manos de sus padres)”, dijo Valadez a los presentes antes de dar su voto a favor de la medida.

Ante la presión ejercida por miembros de la comunidad, los supervisores habían votado para eliminar los fondos, que la Oficina del Alguacil del Condado Pima recibe desde hace 12 años como parte de Operación Stonegarden.

Pero semanas después, Valadez cambió su voto, poniendo varias condiciones para continuar recibiendo este dinero, por lo que el tema se volvió a retomar este martes.

La decisión significa que el condado rechazó los $1,4 millones de dólares federales que les otorgan a las autoridades en la frontera anualmente para horas extras de trabajo, así como para la compra de equipos de vigilancia.

Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de residentes presentados ante la junta de supervisores, este dinero solo fomentaba una cooperación con CBP que afecta la vida de los residentes de las comunidades limítrofes, al implementarse una práctica de perfil racial en las detenciones y cuestionar a conductores por su estatus migratorio.

Por su parte, el alguacil del Condado Pima, Mark Napier, negó estas acusaciones y lamentó la decisión tomada hoy por los supervisores.

“Mi responsabilidad, la de velar por la seguridad de los residentes del Condado Pima, no ha cambiado. Ahora debemos buscar por otro lado los recursos que necesitamos. Algo que me preocupa es que en los últimos 12 años hemos comprado equipos con este dinero, como un helicóptero, y ahora que terminamos este contrato no sé si debamos devolver el equipo al gobierno federal”, dijo Napier.

El Condado Pima cubre una zona de la frontera con México y forma parte del Sector Tucson, de la Patrulla Fronteriza.

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