Denuncian alarmante abuso de menores detenidos por parte de agentes fronterizos

Aunque la Administración Trump dice preocuparse por el bienestar de los menores bajo custodia de agentes fronterizos, un informe divulgado este miércoles reveló abusos sistémicos contra decenas de niños y jóvenes, incluyendo condiciones insalubres, abuso verbal, físico y sexual, y negligencia médica.

El informe de 50 páginas, realizado por la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU)  y la Clínica para los Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Leyes de la Universidad de Chicago, es una radiografía de los abusos denunciados entre 2009 y 2014 por los propios menores, en su mayoría provenientes de México y el “Triángulo del Norte”.

El documento destacó numerosos casos en los que, en clara violación de sus obligaciones legales y con plena impunidad, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) sometieron a los menores a toda clase de abusos.

“Una y otra vez, los agentes del gobierno responsables por el bienestar de estos niños se hicieron de la vista gorda a la violencia e ilegalidad de sus colegas”, advirtió el informe de ACLU, que ha advertido de la posibilidad de que estos abusos continúen bajo la Administración Trump.

Mitra Ebadolahi, una abogada del Proyecto de Litigio Fronterizo de ACLU, dijo que el documento ofrece un vistazo a la “brutalidad e ilegalidad” de las acciones de los agentes de inmigración, especialmente contra menores vulnerables que merecen protección y un trato digno.

“La conducta indebida que se refleja en estos documentos es asombrosa, como lo es también el fracaso total del gobierno para exigir cuentas a oficiales que abusan de su poder… es algo censurable y anti-estadounidense”, subrayó.

El documento, que describe una estela de abusos de costa a costa, en los puertos de entrada y al interior de EEUU, se produjo en unos momentos en que la Administración Trump presiona al Congreso a que elimine las “lagunas legales” que, a su juicio, aprovechan los inmigrantes –incluyendo los solicitantes de asilo- para entrar ilegalmente al país.

Hoy mismo, en paralelo al informe, líderes demócratas del Congreso, activistas de “We Belong Together” y “Moms Rising”, y familias inmigrantes, exigieron al DHS el cese de la separación de familias.

Varios de los menores denunciaron que, ya en poder de agentes de la CBP, fueron víctimas de abuso físico y psicológico, cuando los agentes los maltrataban llamándoles “perros”, “pedazo de mierda”, “hijo de puta” o “prostituta”, y diciéndoles que “contaminan el país”.

El abuso no quedó sólo en palabras: también fueron sometidos a condiciones insalubres en frías celdas, aislamiento de sus familias, detención prolongada, y falta de acceso a comida, agua, atención médica y asesoría legal.

También hubo casos de uso excesivo de la fuerza, golpizas, patadas,  posturas incómodas por largos periodos de tiempo, y amenazas de muerte o violación.

En uno de los casos, una menor embarazada se había quejado de dolores pero no recibió atención médica alguna poco antes de que su bebé naciera muerto.

En otro caso, una joven de 16 años fue sujeta a una revisión en la que los agentes “le apartaron las piernas a la fuerza y le tocaron sus partes privadas tan fuerte que la hicieron gritar”.

Además, los agentes le negaron permiso a varios niños detenidos para pararse o moverse libremente, o los amenazaron con aislamiento en solitario en una celda congelada.

También alojaron a una madre adolescente con su bebé prematuro, de apenas cuatro libras de peso, en una celda inmunda y repleta de gente enferma, contrariando los consejos de los médicos.

El documento registró el caso de un niño al que amenazaron con enviarlo a un detenido adulto para lo sometiera a abuso sexual, o el caso en el que los agentes usaron una pistola o picana eléctrica contra un niño hasta que cayó al piso tembloroso y con los ojos volteados hacia adentro.

En otras ocasiones, los agentes de la CBP mantuvieron detenidos a los niños por más de 72 horas, violando el límite establecido por la ley, además de que intentaron deportarlos mediante métodos coercitivos y sin el debido proceso.

Para Claudia Flores, directora de la Clínica de Derechos Humanos Internacionales, el informe es aún más grave si se toma en cuenta que los niños fueron sometidos a abusos cuando ya se encontraban en situaciones vulnerables tras huir de la violencia y pobreza en sus países.

Según ACLU, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no reportó estas denuncias debidamente a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). De hecho, los expedientes obtenidos por ACLU no precisan si hubo investigaciones independientes o si el DHS tomó medidas correctivas o disciplinarias contra los agentes implicados en los abusos.

El análisis se apoyó en más de 30,000 documentos entre 2009 y 2014 que ACLU obtuvo mediante un litigio y la “Ley de Libertad de Información” (FOIA, en inglés).

La organización entabló en 2014 una queja administrativa contra las agencias que supervisan al DHS en nombre de 116 niños no acompañados, de 5 a 17 años edad, que denunciaron abusos a manos de agentes de la CBP.

Pero, en declaraciones a este diario, Dan Hetlage, un portavoz de CBP dijo que las acusaciones de la ACLU contra la anterior administración son “falsas” y “sin fundamento”, porque el informe hace pasar como “hechos” las acusaciones, e ignora las mejoras realizadas por la agencia así como la supervisión que han hecho agencias independientes externas en la última década, incluyendo la Oficina del Inspector General (OIG) y la Oficina de Derechos y Libertades Civiles.

“La OIG ya ha completado una investigación y determinó que estas acusaciones no se sustancian, y no observó conducta indebida o inapropiada. La CBP se toma en serio todas las acusaciones de mala conducta, pero sin tener datos específicos nuevos, no puede cerciorarse de tomar pasos razonables para examinar estas afirmaciones y responder a las acusaciones”, subrayó Hetlage.

Otra fuente de la CBP, que pidió el anonimato, destacó  un informe de agosto de 2014 según el cual la OIG determinó que las acusaciones de la ACLU carecían completamente de fundamento, y la agencia realizó 57 visitas sorpresa en 41 instalaciones de la CBP y no pudo constatar malos tratos a manos de los empleados del DHS.

Aunque el DHS reconoció que hay “problemas recurrentes” en las instalaciones de la CBP, la OIG anunció en octubre de 2014 una reducción en las inspecciones de esos centros, según ACLU.

“Es inaceptable que no haya mecanismos que arrojen luz sobre los abusos de la CBP y garanticen la rendición de cuentas”, dijo Astrid Domínguez, directora del Centro para los Derechos de la Frontera de ACLU.

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