Abogados muestran su preocupación por la orden de Sessions para reprimir a los inmigrantes que buscan asilo en EEUU

Grupos de derechos civiles, abogados y académicos muestran su preocupación por la criminalización de los inmigrantes que llegan a EEUU en busca de asilo, tras el memorando presentado esta semana por el fiscal general Jeff Sessions, que ordena a los fiscales del país que pidan castigos más severos para los indocumentados arrestados en la frontera.

Sessions firmó el martes un memorándum en el que anunció un aumento en los castigos a los indocumentados que regresan sin permiso después de ser deportados, perseguir a quienes transporten o den albergue a extranjeros sin autorización para permanecer en el país, y elevar los requisitos a los extranjeros que huyen de sus naciones países y buscan amparo del gobierno estadounidense.

“Parece que el fiscal General Sessions piensa que todo el que entra ilegalmente a Estados Unidos tiene la intención de cometer crímenes”, dice Yale. “Él está equivocado. Los estudios demuestran que, en promedio,los inmigrantes cometen menos delitos que los estadounidenses nacidos en Estados Unidos”.

Yale-Loehr asegura que muchas personas que llegan al país en busca de amparo “están huyendo de la persecución” y advierte que “el derecho internacional nos obliga a permitirles solicitar asilo, no procesarlos como criminales”.

Criminalización forzada

En el caso concreto de los inmigrantes que llegan huyendo de sus países para pedir protección en suelo estadounidense, estas voces temen que la orden del fiscal general viole la Ley de Asilo y ponga en situación de riesgo la vida de estas personas.

En la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) la orden de Sessions está siendo revisada por sus abogados. “El fiscal general juró mantener la Constitución, pero anunció medidas que procesarán a los solicitantes de asilo y los encarcelarán“, dice Chris Rickerd, consejero político del grupo de derechos civiles.

“Varios jueces de distrito han previsto o advertido que la ley federal criminal no debería ser malinterpretada dándole a alguien la máxima sentencia por un crimen, o penalizar duramente a los que cruzan la frontera por primera vez, aquellos que solo tratan de reunirse con sus hijos ciudadanos estadounidenses”, precisa.

Preguntas sin respuesta

Velásquez dice que “es claro que han endurecido los castigos de inmigración, que son casos civiles, así como las penalidades federales por ciertos delitos de personas que no son ciudadanas estadounidenses”, pero recuerda que el reingreso indocumentado después de una deportación “es un delito federal”.

Sin embargo, explica, “antes el cruce de la frontera de forma ilegal no era perseguido por los fiscales penalmente, debido a que no era prioridad, y tampoco tenían los recursos para formular cargos penales a las personas por entrar indocumentados a Estadios Unidos”.

Debido a esta política, las consecuencias del cruce indocumentado ha sido la formulación de cargos civiles de deportación y no cargos penales. “Por lo tanto, dice, “aunque es un delito menor (misdemeanor) el cruzar la frontera ilegalmente, por lo general no se perseguía penalmente”, como pide Sessions en el memorándum.

¿Quién costeará los procesos?

Velásquez pregunta quién va a pagar por los gastos que impliquen el cumplimiento de la orden de Sessions, y también “qué tan pronto se implementarán estas nuevas ordenes si no existen los recursos para que ejecuten”.

Agregó que para dar cumplimiento al memorándum tal y como fue escrito, “el gobierno tendría que contratar a miles de fiscales federales para perseguir estas violaciones penalmente”.

“Pero lo que si es claro es el espíritu de las nuevas medidas anunciadas por Sessions: enviar un mensaje claro y fuerte que las personas que se cruzan ilegalmente dos veces, corren el riesgo de que los metan a la cárcel”.

Las preocupaciones de Velásquez son compartidas por Matt Adams, director del departamento legal del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, en Seattle, Washington. “Bajo la leyes existentes, el fiscal general ya tiene la autoridad de castigar como él desea a esas personas que entran al país después de ser deportados, o a las personas que ayudan a transportar a indocumentados entrando al país. Lo que él está diciendo es que ahora estos tipos de casos serán una prioridad para el Departamento de Justicia”.

“Cada situación es distinta”, dice Adams. “Algunas personas están esperando cita para ir frente al juez de inmigración, otras están detenidas, calificaran para pedir fianza y algunas ya tienen orden final de deportación. En este último caso, si están detenidos, no es probable que les den oportunidad de pedir fianza”.

“Pero en concreto, si tiene una cita y no aparece en el tribunal, la ‘migra’ puede mandar agentes a su hogar o a su lugar de empleo para arrestarlo. Así es que, no es conveniente faltar a las citas, ya sea en una corte o en las oficinas de inmigración. Además, hay muchas personas que siguen reportándose y no están siendo detenidas”, apuntó Adams.

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