Ya son 20 los estados que demandan al gobierno para impedir que encarcele indefinidamente a familias migrantes

Nueva York se sumó a la lista de 20 Estados y el Distrito de Columbia (DC) que le piden a una corte federal que bloquee una nueva regla anunciada por el gobierno de Donald Trump que, de ser implementada, permitiría la detención indefinida de familias migrantes que llegan a la frontera en busca de asilo.

La procuradora de justicia de Nueva York, Leticia James, dijo que el estado se sumó a una coalición de fiscales generales que el 26 de agosto entregó una moción a una corte federal de California para que detenga los planes del gobierno dirigidos a poner fin al Acuerdo Judicial Flores de 1997.

El Acuerdo impone un límite de 20 días máximo de tiempo de detención, y exige al gobierno que los centros de detención reúnan condiciones adecuadas que garanticen el bienestar de los niños, cuidados médicos y asistencia para que puedan ser reunificados con sus familias. También demanda que los niños cuenten con asistencia legal pro-bono para defender sus casos de asilo en las cortes de inmigración.

“La detención indefinida causaría un daño irreparable a los niños, sus familias y las comunidades que los aceptan al salir de la custodia federal”, se lee en el comunicado emitido por la Fiscalía General de Nueva York el viernes en horas de la tarde.

La medida ampara a menores tanto en los centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) como en instalaciones de la Patrulla Fronteriza.

Poco antes, James había dicho en su cuenta de la red social Twitter que “Estamos buscando una orden judicial para bloquear el intento del administrador de Trump de eludir el Acuerdo de Flores y prolongar la detención de niños inmigrantes. Todos tienen derecho a los derechos humanos básicos y no permitiremos que el administrador de Trump continúe esta cruzada para demonizar y degradar a los inmigrantes”.

La nueva regla fue anunciada el 20 de agosto. Ese día el gobierno dijo que eliminaría el Acuerdo Flores 60 días después de publicar la norma en el Registro Federal.

El Acuerdo Flores, que ha sido atacado por Trump desde su llegada a la Casa Blanca, es uno de los principales obstáculos para el mandatario en su intento de negar asilo en la frontera y acelerar las deportaciones.

Además de eliminar el beneficio, el gobierno dijo que los centros de detención de migrantes no requerirán la concesión de permisos especiales de operación por parte de los estados, regla que para algunos como Nueva York despierta inquietudes. “La regla respecto al papel de los estados en la concesión de licencias para el cuidado de niños vulnerables es otra preocupación seria”, dijo James. Y agregó que en la moción presentada por Nueva York se insta al tribunal a bloquear la regla mientras continúa el litigio.

“Toda persona, independientemente de su estado migratorio, tiene derecho a derechos básicos y esta regla es una clara violación de esos derechos”, dijo James. “Este intento de legalizar la detención inhumana de niños por períodos prolongados no solo ofende nuestras leyes, sino también nuestra conciencia. No permitiremos que el gobierno de Trump continúe esta cruzada para demonizar y degradar a los inmigrantes”.

Hasta ahora, la mayoría de las medidas migratorias de Trump enmarcadas en la ‘tolerancia cero’ y que no cuentan con el respaldo del Congreso, se han visto entorpecidas por la vigencia del Acuerdo Judicial Flores de 1997 y la Ley TVPRA de 2008, sobre prevención de tráfico humano. La TVPRA prohíbe la deportación inmediata de menores de países no fronterizos y exige que sea un juez quien decida sus futuros en Estados Unidos.

A estas dos medidas Trump las ha tildado en numerosas ocasiones como “vacíos” o “lagunas” legales, indicando que los migrantes abusan de estas protecciones para tratar de ingresar forzadamente al país utilizando a niños.

Trump, además, le ha solicitado en varias ocasiones al Congreso que elimine estas protecciones, pero en ambas cámaras tanto demócratas como republicanos han desestimado los pedidos.

El último intento lo hizo el 1 de agosto a través del senador Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur), por medio de una propuesta para cambiar la actual ley de asilo, y con ello deshacerse del Acuerdo Flores y de la ley TVPRA. Sin embargo, tanto republicanos moderados como demócratas dijeron a Univision Noticias que el plan no va para ninguna parte porque o tiene respaldo bipartidista ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado.

La semana pasada 19 estados y el Distrito de Columbia presentaron una demanda en contra de la nueva regla. “Queremos proteger a los niños de daños irreparables”, dijo entonces el fiscal general de California, Xavier Becerra.

El recurso fue entregado en la corte federal de distrito presidido por la jueza Dolly Gee, una firme defensora del Acuerdo Flores de 1997 y que frenado los ataques en su contra no solo por parte del gobierno de Trump, sino también del gobierno de Barack Obama tras el estallido de la crisis migratoria en la frontera a mediados de 2014.

En 2015 Gee le ordenó al gobierno de Obama que libere a la totalidad de menores y familias que habían llevado al país en busca de asilo. El gobierno, sin embargo, incumplió la orden judicial, demandó los fallos e incluso cambió el título de algunas licencias de operación de cárceles de ICE para que figuraran como centros de cuidado infantil y no como centros de detención.

A finales de julio del año pasado y tras un pedido por parte del entonces fiscal general, Jeff Sessions, la jueza Gee dictó el nombramiento de un inspector independiente para evaluar las condiciones de los niños inmigrantes en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza Texas, fronterizo con México, también conocidas como hieleras.

Tras evaluar una serie de informes críticos sobre estos centros, Gee llegó a esta decisión después de ver una “desconexión” entre evaluación de las condiciones en las instalaciones en Texas Valle del Río Grande y los reportes de más de 200 niños y sus padres inmigrantes, donde detallan numerosos problemas por parte de los agentes y funcionarios estadounidenses.

Dos semanas antes, Gee había rechazado una petición del gobierno de Trump de mantener detenidos juntos a padres e hijos, y describió la solicitud como “un intento cínico” de deshacer un añejo acuerdo judicial, en referencia al Acuerdo Flores de 1997.

Además de Nueva York, California y el Distrito de Columbia, la lista de estados demandantes incluye a Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington.

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