182,638 migrantes salvadoreños deportados entre 2014 y 2017

Un total de 182,638 personas que habían migrado retornaron al país entre 2014 y 2017 por deportación, de acuerdo con cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), citadas en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos migrantes enfrentan dificultades para acceder a servicios sociales en El Salvador.

El BID señala que los migrantes a su retorno se encuentran con los mismos problemas que los empujaron a irse, pero tienen menos capacidades para poder enfrentarlos. Esto se debe a que poseen menos dinero y están anímicamente más afectados.

La investigación, en la que participó un equipo de FUNDAUNGO, tomó en cuenta solo a personas deportadas y aclaró que el Gobierno utiliza “retornados” para referirse a los deportados para evitar estigmatizar a esta población.

De acuerdo con las cifras del estudio del BID, entre 2014 y 2016 el promedio de deportados se mantenía alrededor de los 52,000, para 2017 la cifra se redujo. Señala que este cambio puede explicarse por una “sensación de miedo” a las políticas antimigratorias que impulsó el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, que se tradujeron en la reducción en la migración irregular.

Entre 2014 y 2016, el mayor flujo de retornados provino de México, fue hasta 2017 que cambió la tendencia y Estados Unidos deportó a más personas.

El estudio sostiene que las necesidades de la mayoría de la población, haya migrado o no, son la sobrevivencia diaria. En ese sentido, encontrar un empleo se vuelve uno de los principales problemas.

En el caso de aquellos que trabajaron en Estados Unidos, se ven enfrentados a una realidad salarial totalmente diferente. Mientras que en el caso de las mujeres, el problema es que se vuelven dependientes de sus parejas o de sus familias. Los retornados consultados por el BID señalaron falta de capacitación, herramientas de trabajo y acceso a créditos para trabajo. Además de la inseguridad en el caso de aquellos que optan por montar un pequeño negocio.

De los retornados en 2017, tres de cada cuatro, alcanzaban como máximo noveno grado. “Sus oportunidades de reinserción laboral se verán limitadas por ello o, posiblemente, dentro de sus necesidades de reinserción esté el continuar con sus estudios”, señala la investigación.

En algunos casos, como las personas de La Unión, Sensuntepeque y Chirilagua señalaron la poca presencia de los servicios sociales que provee el Estado, así como la falta de comunicación para lograr enterarse de lo que el Gobierno sí ofrece. Consideran que debe haber un énfasis más fuerte en medios tradicionales y no solo colocar información en internet.

Los servicios que más utilizan para integrarse a la vida productiva son los del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Ciudad Mujer y las municipalidades.

Los niveles de satisfacción varían. Las personas consultadas por el equipo de investigadores del BID afirmaron que no siempre las instituciones les dan seguimiento a sus casos y que enfrentan problemas para costear el transporte para acceder a las oficinas donde se les atiende, que suelen estar lejos.

La investigación arrojó que los programas especiales pueden “revictimizar” o “estigmatizar” al migrante con la etiqueta “para retornados”, y que estos no toman en cuenta la limitante de tiempo que las mujeres, por lo general, suelen asumir debido a las labores domésticas. Tampoco cómo la inseguridad puede limitar la movilización y el acceso a programas.

De hecho, aunque la mayoría de los deportados son hombres, el estudio señala la necesidad de introducir un enfoque de género en los servicios sociales, puesto que cada vez son más mujeres las que migran, además estas enfrentan dificultades suplementarias, como la extorsión sexual en el viaje.

No obstante, la mujer sí tiene menor riesgo a ser deportada que el hombre, ya que “al tener el rol asignado de cuidadoras, acceden a redes informales de protección mediando contactos con instituciones sociales (escuelas, iglesias y clínicas, etc.)”. De hecho el riesgo de deportación es mucho más alto en México para las mujeres, ahí del total de personas expulsadas 70 % son hombres; mientras que de Estados Unidos son 84 %, según el estudio.

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