HB 62

Convierte en una delito el transportar o albergar a inmigrantes indocumentados y establecía una penalización de no menos de 1 año en prisión y hasta 2, así como una multa de no menos de $1000 dólares y no más de $5,000 dólares. Además, estaba dirigida a los empleadores, así como a las agencias estatales y subdivisiones políticas, quienes tendrían que verificar el estatus migratorio de los empleados y de las personas mayores de 14 años que solicitaran beneficios públicos. Asimismo, la iniciativa autorizaba al procurador general a negociar un memorándum de entendimiento sobre migración y establecía reglas de comunicación sobre el estatus migratorio de una persona, así como prisioneros. Por último, creaba una “Unidad” para investigar la elaboración de documentos falsos y establecía requisitos para expedir licencias de conducir y otros documentos de identificación.