HB 56

Se niega el acceso a servicios públicos a los migrantes indocumentados y se obliga a los servidores públicos a reportar a quienes detecten en situación irregular. Asimismo plantea que siguiendo con lo establecido por la ley federal de inmigración, el Estado de Alabama cooperará con el gobierno federal en la aplicación de la ley migratoria, a través de los acuerdos 287g y del programa Secure Communities (Comunidades Seguras). Incluye provisiones que permiten demandas a empleadores que contraten indocumentados por parte de ciudadanos o residentes que se consideren discriminados por el empleador y desplazados por los indocumentados. Y una sección que prohíbe la asistencia a universidades públicas a estudiantes indocumentados y a refugiados y asilados. Igualmente, se criminalizan la búsqueda de trabajo como jornaleros o contratistas, y prohíbe la solicitud de trabajo en la vía pública o la oferta de trabajo desde vehículos. Incluye también una provisión que establece que es un crímen esconder, albergar ó transportar a inmigrantes indocumentados, y se impide la deducción de impuestos por salarios pagados a quienes contraten a indocumentados. Se obliga a las escuelas a llevar un registro sobre la ciudadania, origen, legal estancia de los niños que asistan a escuelas publicas, y la información relativa a sus padres.