Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

Esta reforma facilitará la revalidación de estudios de los retornados, con la disminución de las trabas burocráticas.
Se eliminarán requisitos como las traducciones oficiales y los antecedentes académicos y se facilitará su ingreso “bajo un principio de confianza, aun cuando carezcan de documentos académicos o de identidad.”