Contradicción en la política de refugio mexicana: entre la seguridad nacional y la seguridad humana de los refugiados

A través del tiempo la política de asilo y refugio de México ha estado enfocada hacia la implementación de mecanismos de contención (detección, detención y deportación) de la población centroamericana con necesidad de protección internacional. Así, se ha generado una dualidad entre las acciones de control migratorio y las acciones de protección de los derechos humanos, principalmente el derecho a buscar y recibir asilo. Esa dualidad es la que se pretende abordar en este texto.

A través de los años, México ha sido un país de atracción de desplazados forzados que se han visto obligados a huir de su país de origen por cuestiones sociopolíticas y en contextos de violencia generalizada. El Estado mexicano ha recibido cinco olas de refugiados, siendo estas: la gran ola de refugiados de origen europeo entre 1936-1952; la diáspora sudamericana entre 1973-1978; el éxodo centroamericano -principalmente guatemaltecos- entre 1979-1986, el cual dio origen a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar); la del año 2002 cuando México se adhiere y ratifica a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1952 y su Protocolo de 1967, e interviene formalmente en la determinación de la condición de refugiado mediante un procedimiento ad hoc; y, los éxodos centroamericanos o “caravanas” del año 2018 al presente.

En consecuencia, la política de asilo en México, se ha ido institucionalizando conforme han arribado a territorio mexicano las diferentes poblaciones para solicitar la condición de refugiado. Sin embargo, han existido contradicciones tanto discursivas, normativas como en las practicas institucionales, las cuales han llevado a imponer a los extranjeros una condición de vulnerabilidad (Bustamante, 2019).

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